Javier Vigo Leguizamón
Para procesar a una persona por la presunta comisión
del delito de violación, la ley exige contar con elementos de convicción
suficientes. No basta la mera sospecha; se requiere que obren en la causa
elementos objetivos y subjetivos que permitan estimar como probable la comisión
del delito. La condena final solo llegará si existe la certeza de que se ha
cometido.
De aprobarse en el Senado el proyecto de ley que
consagra el derecho al aborto, para condenar a muerte a un niño en gestación,
aún a horas del parto, bastará una mera declaración jurada de su madre,
efectuada, no ante el juez, sino ante el médico tratante, alegando que el
embarazo es producto de una violación. Si para procesar se requiere contar con
elementos de convicción suficientes, ¿cómo podría autorizarse la condena a
muerte del más indefenso de los seres humanos sin investigación judicial
alguna?
El derecho a la vida de un niño por nacer no puede
colocarse en un rango inferior a la presunción de inocencia. No estamos ante un
trámite administrativo que se cumple mediante la presentación de un mero
formulario; nos hallamos ante la vida de un ser que merece tanto respeto como
la de su madre. En un país que debería esforzarse en rescatar el sagrado valor
de todas las vidas, el proyecto de ley subvierte el orden de prioridades y los
valores en juego. Ordena primero llevar adelante el aborto, después, siempre y
cuando medie denuncia penal, se investigará si existió o no una violación.
Tratándose de un delito de instancia privada basta que la mujer no formule la
denuncia penal para que el presunto violador quede impune, pese a haberse
matado a un inocente. Al no exigir la previa radicación de la denuncia el texto
facilita la posibilidad de que los integrantes de la pareja simulen una
violación para llevar adelante el aborto.
¿Han pensado los senadores que de aprobar el proyecto
estarían consagrando los deseos del más rancio liberalismo norteamericano? Entrevistada
Hillary Clinton durante la campaña de las últimas elecciones presidenciales,
sostuvo que los bebés en el vientre no tienen derechos constitucionales. Una
mujer debería tener el derecho de abortar incluso horas antes del nacimiento,
afirmó. Meses antes, la multinacional del aborto Planned Parenthood, acusada de
traficar con tejidos y órganos de bebés abortados en sus instalaciones, había
hecho público su apoyo a la candidatura de Clinton.
¿Es casual el llamativo silencio del proyecto respecto
del destino a dar a los restos del ser humano abortado?
Carta de lector, La Nación, 4-8-18
