En el mundo, cada vez hay más restricciones
Donna Dickenson
Clarin.comOpinión26/06/16
El comercio mundial de niños nacidos por alquiler de
úteros está siendo limitado lentamente. La India, Nepal, Tailandia y México han
introducido medidas que limitarán o impedirán que los extranjeros contraten
nativas como madres de alquiler. Parece que Camboya y Malasia harán lo mismo.
En una industria en la que la creencia popular hace
mucho tiempo ha dejado de lado los intentos para “ir en contra del mercado”,
este resulta un bienvenido avance. Los defensores acríticos de la biotecnología
celebran que la tecnología haya dejado atrás la regulación gubernamental y
sostienen que esto ha permitido que la ciencia avance libre de trabas. Pero la
determinación de los países que históricamente han sido centros del alquiler de
vientres para detener esta práctica resalta la candidez de esa postura.
No es coincidencia que los países que están tomando
medidas enérgicas contra el alquiler de vientres transfronterizo sean aquellos
en los que esta práctica se lleva a cabo. El argumento de que todas las partes
-las madres de alquiler, los bebés y los padres que los encargan- se benefician
gracias a la transacción no ha resistido un análisis riguroso.
Consideremos a la India, donde la industria del
alquiler de vientres genera unos 400 millones de dólares al año; hasta hace
poco funcionaban allí unas 3000 clínicas de fertilidad. Sin embargo, debido a
la creciente preocupación porque el alquiler de vientres lleve al tráfico de
personas y a la explotación de mujeres, las autoridades de la India han
decidido que las preocupaciones éticas superan a los beneficios económicos.
La india aún debe completar su legislación en contra
del alquiler de vientres, pero la forma en que evolucionó el debate desde la
primera propuesta de ley en 2008 refleja el rápido cambio en la percepción de
esta práctica. Los primeros borradores de la legislación en realidad fomentaban
el alquiler de vientres y obligaban a las madres de alquiler a entregar a sus
bebés. Debido a que según el derecho consuetudinario la mujer que da a luz al
niño es legalmente su madre, esta cláusula hubiera resultado radicalmente
favorable al alquiler de vientres.
Desde entonces, sin embargo, el foco de la discusión
ha cambiado, a medida que aspectos desagradables de este comercio han salido a
la luz. Por ejemplo, en un caso, Alemania -donde el alquiler de vientres es
ilegal- se rehusó a aceptar a gemelos de un padre alemán provenientes de una
madre de alquiler de la India, mientras que la India planteó objeciones para
entregar una visa de salida al padre para que pudiera llevarse a los niños.
En octubre de 2015, el Ministro de Salud y Bienestar
Familiar de la India, bajo presión de la Corte Suprema de ese país, declaró que
el alquiler de vientres internacional era inconstitucional. El Consejo de
Investigaciones Médicas envió una notificación a todas las clínicas, para que
no “invitaran” a parejas extranjeras. Al mes siguiente, el Departamento de
Investigación para la Salud prohibió la importación de embriones para su
implantación en madres de alquiler, con lo cual este procedimiento resulta
prácticamente imposible.
Existe el riesgo de que la drástica restricción
internacional actual convierta al alquiler de vientres en una práctica clandestina.
Pero ese riesgo no hace más que resaltar la necesidad de una legislación clara
y estricta. Incluso si algunos de los deseosos futuros padres están dispuestos
a violar la ley, la vasta mayoría se verá disuadida por las consecuencias,
incluido el riesgo de que no se les permita quedarse con el bebé u obtener una
visa para que salga del país.
El bando en favor del alquiler de vientres enfatiza
los beneficios de la práctica, entre los que se cuentan la diversidad de
opciones reproductivas y concesiones para el pluralismo sexual. Pero aunque
esas puedan ser consideraciones genuinas e importantes, no se las puede poner
por encima de la necesidad de evitar la explotación de algunas de las mujeres
más vulnerables del mundo.
Donna Dickenson es profesora de Etica Médica y
Humanidades de la Universidad de Londres.
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Project Syndicate, 2016.
