Cuando lo económico también la exige.
Por Carlos Alvarez
Cozzi
Por
estos años el tema que se ha instalado en la opinión pública es el de los
abusos cometidos por algunos clérigos y demás consagrados contra menores en
materia sexual, básicamente.
Mucho
se ha escrito sobre el punto, sobre todo luego que ante los casos de pedofilia
verificados en Boston, Estados Unidos pero también en otras partes del mundo,
la Santa Sede, bajo el pontificado de Benedicto XVI, elaboró un protocolo
bastante riguroso que se ha venido aplicando con éxito y que se ha replicado
por las Conferencias Episcopales dentro de cada una de sus diócesis.
También
es cierto que la mayoría del clero y consagrados observan una vida de acuerdo
al Evangelio y a la disciplina eclesiástica, pero claro, eso no es noticia para
la prensa sensacionalista. Por supuesto que la sola existencia de un caso
bastaría para hacer caer sobre ese sacerdote o religioso que ha faltado a sus
deberes de estado todo el peso del Derecho Canónico y del Derecho Penal
estatal.
Las
indemnizaciones pagadas a la víctimas, sobre todo en Estados Unidos, han sido
millonarias, y los fondos debieron salir de las arcas de la propia Iglesia
Católica, básicamente constituida por aporte de los católicos, que así tuvieron
que hacerse cargo de los exabruptos de algunos clérigos y consagrados
irresponsables, distrayendo así la institución fondos para las tareas de
evangelización y caridad de la Iglesia Católica.
Pero lo que queremos tratar
en este artículo es otro aspecto de la debida transparencia que debe exigirse
dentro de la vida de la Iglesia Católica a sus ministros, y del que a veces
poco se habla. Nos referimos a la transparencia económica, al manejo de dinero y donaciones, que debieran
dedicarse enteramente a la evangelización y a la caridad y lamentablemente no
siempre es así.
Sabiamente
el Código de Derecho Canónico establece la obligación de los párrocos de
constituir, con la aprobación de su Obispo, los Consejos Económicos Parroquiales,
encargados de administrar los fondos que entran por limosnas y donaciones. Y
lamentablemente no siempre ello es así porque dichos Consejos no se constituyen
, estando en omisión de exigirlas los Obispos responsables de las diócesis.
Elemental resulta para pedir
colaboraciones económicas a los fieles la debida transparencia y rendición de
cuentas. La opacidad sólo genera suspicacias y
sospechas. Por algo el Código de Derecho Canónico establece su obligatoriedad a
diferencia de los Consejos Parroquiales, cuya constitución no es preceptiva
para el Derecho de la Iglesia.
Han
habido casos de presiones y abusos de clérigos sobre ancianos ricos para tratar
de obtener la donación de dichos bienes o la sugerencia para que los mismos se los
deje por testamento a alguna institución religiosa o diocesana o lo que es
peor, a algún consagrado a título personal, en tanto persona física.
Claro
que son necesarias las donaciones pero nunca el fin justifica los medios, sobre
todo si implican presión sicológica o espiritual sobre los fieles de parte de
los ministros de la Iglesia.
Este es un tema tan grave
como el de los abusos sexuales, porque hace a la transparencia debida que la
Iglesia debe exibir para ser creible en primer lugar y también para asegurar
que los fondos que le llegan se dedican enteramente a la misión evangelizadora
y caritativa y no son desviados para otros fines, como lamentablemente se ha
comprobado ha ducedido en muchos casos y en muchas diócesis.
Igualmente
preocupante es cuando a veces un obispo asume en una diócesis, ordena, con todo
derecho, elaborar una auditoría de lo actuado por su antecesor en la
administración de los recursos de la diócesis pero luego los resultados de dicha auditoria no se ponen en
conocimiento de los fieles, contribuyendo a la opacidad, lo cual tampoco
da el ejemplo debido ni otorga autoridad moral para iniciar nuevas campañas de
recolección de fondos entre los fieles, que no saben como se administraron los
recursos ya entregados al culto.
El Papa Francisco ha sido
ejemplar en estos temas. Lo de su calzado, anillo,
cruz pectoral y otros ornamentos, el haber elegido vivir en Santa Marta, andar
en un coche utilitario y no de lujo y vivir con modestia, a diferencia de otros
clérigos que ostentan modos de vida poco evangélicos, es todo un testimonio. Recordemos
solamente al obispo alemán que fue separado de su cargo por el Papa Francisco
por fastuosas reparaciones realizadas en su Palacio Arzobispal.
Por ello, por estos días ha
preocupado, justamente en el tema recursos económicos, a nivel de las máximas
jerarquías de la Iglesia, las desinteligencias entre la Secretaría de Economía
y la de Estado en el tema auditoria contratada con una conocida firma
internacional, para analizar las finanzas vaticanas, la que se ha suspendido
por orden de la Secretaría de Estado, cuando el tema es competencia de la
Secretaría de Economía a cargo del Cardenal Pell.
En conclusión, bastante
falta aun a nivel de las diócesis y de la Santa Sede en transparencia de
administración de los recursos económicos, partiendo de la premisa que cuando
se es adminsitrador de bienes que no son propios, sino que ellos provienen de
los fieles y están dedicados a la evangelización, para considerar que se ha
eliminado o disminuido al mínimo la opacidad.
