Por estas horas en la
República Argentina se muestra el triste espectáculo recurrente en muchos
países latinos. La presidente saliente empieza a develarse en plenitud como una
gran delincuente, que ha cometido, con otros, muchos delitos económicos y de
lavado de activos. La ruta del dinero K salpica a varios países, en el intento
de lavar millones de dólares producto de los sobreprecios que el Estado pagaba
al “socio” empresario Lázaro Báez, actualmente procesado por lavado de activos
y en prisión.
Han sucedido hechos
parecidos en el pasado, en varios otros países. Y es así como se socava el
Estado de Derecho, con el desprestigio de la actividad política y estatal. La
gente ya descree de los gobernantes, porque en lugar de buscar el bien común,
parecen aspirar al poder para llenarse los bolsillos y asegurarse su bien
propio.
Lamentable es que los
gobernantes se transformen en los jefes de bandas de delincuentes, tal como
decía San Agustín, cuando éstos no buscan el bien común sino sólo su propio
interés y por cualquier medio, incluso los delictivos!!!.
La delegación de poderes en
los gobernantes sólo se justifica en el Estado de Derecho para que éste tenga
los poderes jurídicos y esté supraordenado a los particulares, pero no para
asegurarles un mejor lugar para robar y menos la impunidad.
Por ello la Justicia
independiente y la prensa libre son fundamentales para asegurar el respeto de
los derechos humanos y las libertades para poder denunciar los hechos de
corrupción de los propios gobernantes.
Es por todo esto que las
penas por este tipo de delitos, para quienes se privilegiaron en forma ilícita
de los poderes y facultades que le fueron otrogados por el pueblo para gobernar
los países y no para estafarlos, deben ser bien graves, y los delitos de
corrupción imprescriptibles. Parece que es la única forma en nuestros países de
enviarle un mensaje a los que aspiran a gobernar a nuestros Estados a fin que
se olviden de pensar en sus intereses particulares para hacerlo por los del
país y la mayoria de su gente, a la que se supone un dirigente político honesto
debería tener la vocación de servir.
Y si no, dedicarse a la actividad privada,
a los negocios, y dejar que los gobernantes sean electos para llevar a cabo una
gestión honesta, con mayores o menores aciertos, pero siempre encarada de buena
fe y con lealtad.
