Por Jorge Scala [1]
El 10 de diciembre de 1948, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Su finalidad fue cerrar las heridas de toda la humanidad provocadas por la locura desatada en la Segunda Guerra Mundial. El Tercer Reich había pretendido determinar qué razas o grupos de seres humanos tenían derecho a vivir, y cuáles no. Para imponer su ideología no había trepidado en desatar la hecatombe que costó 50 millones de muertos en menos de 6 años.
La comunidad internacional pretendía dar vuelta a esa página siniestra de la historia y, a la vez, establecer mecanismos jurídicos eficaces para evitar su repetición. El medio idóneo para tan noble finalidad fue establecer en una Declaración suscripta por casi todos los países del mundo, con los siguientes puntos: 1°) los Estados reconocen que los derechos fundamentales pertenecen a cada persona, por el solo hecho de ser miembros de la especie humana; 2°) cada ser humano es titular de esos derechos fundamentales, en igualdad de condiciones con el resto de las personas, prohibiéndose toda discriminación entre los humanos; y 3°) que tales derechos son anteriores al Estado, y los poseen los seres humanos también contra los gobiernos de turno.
Sucesivos tratados fueron explicitando y concretando aún más los derechos enunciados en la Declaración Universal. Entre ellos merecen destacarse el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y, a nivel continental, la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La República de Costa Rica no sólo tiene el honor de cobijar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino una gloria aún mayor: la actividad como magistrado del Dr. Rodolfo E. Piza Escalante, quien en sus largos años de Juez, con sus sentencias sabias y prudentes, fue abriendo camino en la vigencia práctica del derecho de los derechos humanos.
Emblemático es su voto –que hizo mayoría-, en el fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, del 15 de marzo de 2000, con el que tuteló el derecho a la vida de las personas por nacer, gravemente vulnerado por las letales técnicas de fecundación in vitro. Es justo homenajear en fecha tan señalada, al costarricense que levantó más alto la bandera de los derechos humanos de todos los humanos –también los ya concebidos pero aún no nacidos-.
Este homenaje es también especialmente oportuno, cuando recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –integrada lastimosamente por ideólogos carentes de los más elementales conocimientos jurídicos-, con su demanda contra Costa Rica, pretende retrotraer las cosas al período de entreguerras. En efecto, la Comisión pretende otorgar a los fuertes –adultos-, el poder sobre la vida –y con ella sobre todos los derechos- de los más débiles –sus hijos-, como habían hecho las sanguinarias ideologías del siglo pasado: el nazismo y el marxismo.
La Corte Interamericana está en una encrucijada: avanza en la línea trazada magistralmente por el Dr. Piza Escalante o retrocede a la etapa previa a la última Gran Guerra. Ahora bien, si resuelve esto último, los derechos humanos ya no serán de todos los humanos, sino sólo de aquellos que detenten el poder real en cada coyuntura. Y con eso habrán matado el Derecho y la Justicia en tierras americanas. Jamás se lo perdonaríamos.
El 10 de diciembre de 1948, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Su finalidad fue cerrar las heridas de toda la humanidad provocadas por la locura desatada en la Segunda Guerra Mundial. El Tercer Reich había pretendido determinar qué razas o grupos de seres humanos tenían derecho a vivir, y cuáles no. Para imponer su ideología no había trepidado en desatar la hecatombe que costó 50 millones de muertos en menos de 6 años.
La comunidad internacional pretendía dar vuelta a esa página siniestra de la historia y, a la vez, establecer mecanismos jurídicos eficaces para evitar su repetición. El medio idóneo para tan noble finalidad fue establecer en una Declaración suscripta por casi todos los países del mundo, con los siguientes puntos: 1°) los Estados reconocen que los derechos fundamentales pertenecen a cada persona, por el solo hecho de ser miembros de la especie humana; 2°) cada ser humano es titular de esos derechos fundamentales, en igualdad de condiciones con el resto de las personas, prohibiéndose toda discriminación entre los humanos; y 3°) que tales derechos son anteriores al Estado, y los poseen los seres humanos también contra los gobiernos de turno.
Sucesivos tratados fueron explicitando y concretando aún más los derechos enunciados en la Declaración Universal. Entre ellos merecen destacarse el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y, a nivel continental, la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La República de Costa Rica no sólo tiene el honor de cobijar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino una gloria aún mayor: la actividad como magistrado del Dr. Rodolfo E. Piza Escalante, quien en sus largos años de Juez, con sus sentencias sabias y prudentes, fue abriendo camino en la vigencia práctica del derecho de los derechos humanos.
Emblemático es su voto –que hizo mayoría-, en el fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, del 15 de marzo de 2000, con el que tuteló el derecho a la vida de las personas por nacer, gravemente vulnerado por las letales técnicas de fecundación in vitro. Es justo homenajear en fecha tan señalada, al costarricense que levantó más alto la bandera de los derechos humanos de todos los humanos –también los ya concebidos pero aún no nacidos-.
Este homenaje es también especialmente oportuno, cuando recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –integrada lastimosamente por ideólogos carentes de los más elementales conocimientos jurídicos-, con su demanda contra Costa Rica, pretende retrotraer las cosas al período de entreguerras. En efecto, la Comisión pretende otorgar a los fuertes –adultos-, el poder sobre la vida –y con ella sobre todos los derechos- de los más débiles –sus hijos-, como habían hecho las sanguinarias ideologías del siglo pasado: el nazismo y el marxismo.
La Corte Interamericana está en una encrucijada: avanza en la línea trazada magistralmente por el Dr. Piza Escalante o retrocede a la etapa previa a la última Gran Guerra. Ahora bien, si resuelve esto último, los derechos humanos ya no serán de todos los humanos, sino sólo de aquellos que detenten el poder real en cada coyuntura. Y con eso habrán matado el Derecho y la Justicia en tierras americanas. Jamás se lo perdonaríamos.
[1] Abogado argentino, litigó en varias causas de derechos humanos en su patria y en tribunales internacionales. Cuenta además, con numerosas publicaciones y conferencias en la materia.
