Por Jorge Scala [1]
Durante la primera semana de septiembre de 2009, se reunieron en Berlín, representantes de 130 naciones, para evaluar los 15 años transcurridos desde la Conferencia sobre Población y Desarrollo de El Cairo. La reunión fue presidida por Gill Greer, presidente de la IPPF.
Al concluir las deliberaciones, hicieron público un manifiesto que, entre otras cuestiones propone lo siguiente: “… urgimos a que las siguientes acciones se lleven a cabo inmediatamente: I. Reformar leyes y políticas para proteger y promover los derechos reproductivos. Repeler las leyes restrictivas y punitivas al respecto, en especial las que se refieren al derecho al aborto. II. Asegurar el acceso asequible a la contracepción y al aborto legal y seguro. Todos esos servicios deben estar financiados por el sector público y estar disponibles en los centros de atención primaria… III. Asegurar los derechos reproductivos de los jóvenes y adolescentes. Garantizar la confidencialidad y eliminar el consentimiento parental y esponsal, así como las restricciones por edad”.
Tales conclusiones implican que, para la Federación Internacional de Paternidad Planificada (IPPF): 1°) el aborto siempre es parte integrante de la “salud o derechos reproductivos”; 2°) el aborto libre y gratuito a nivel mundial, es uno de sus objetivos prioritarios; 3°) proponen que el aborto sea también libre y gratuito para los adolescentes, y sin que los padres se enteren o puedan oponerse a ello; 4°) finalmente, consideran como un derecho que una madre mate al hijo que lleva en sus entrañas –eso y no otra cosa es el aborto-.
A su vez, a comienzos del año pasado, varias filiales latinoamericanas de la IPPF, en el marco del 42° período de sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo de la ONU, exhortaban a los participantes –refiriéndose expresamente a América Latina-, entre otras cosas a: “Garantizar el acceso al aborto legal y seguro, como condición necesaria para la reducción de la mortalidad materna y el ejercicio pleno de los derechos reproductivos”.
Finalmente, en Costa Rica, la Asociación Demográfica Costarricense –filial local de la IPPF-, promocionaba un anuncio publicitario, promoviendo el uso de las píldoras mal llamadas de “anticoncepción de emergencia”, pues tienen la capacidad de matar a un ser humano en sus primeros días de vida intrauterina, al impedirles anidar en el útero materno. Dicho anuncio fue prohibido en octubre del año pasado, por la Dirección Nacional de control de Propaganda.
Juzgue el lector las instituciones según su accionar concreto. Los árboles se conocen por sus frutos. Los hechos hablan por sí mismos. Sobran los comentarios.
[1] Abogado argentino, profesor de bioética en la Universidad Libre Internacional de la Américas, autor del libro “IPPF – La Multinacional de la Muerte”.
