En un nuevo atropello contra las instituciones y las autonomías provinciales, el Gobierno nacional quiso imponerle al Partido Justicialista de La Pampa una lista de candidatos a diputados nacionales de su agrado o conveniencia, lo que llevó al candidato a gobernador por ese partido, Carlos Verna, a renunciar a su postulación, lo que implica una violación flagrante al federalismo.
El tema es grave, más grave que el de Córdoba u otras provincias, donde ocurrieron situaciones similares, porque en el caso de La Pampa –debido a las descaradas presiones de los operadores políticos de la Casa Rosada– renunció un candidato a gobernador. Esto significa desconocer la voluntad de los afiliados y dirigentes pampeanos para nominar a sus candidatos.
En efecto, al condicionar desde Buenos Aires la confección de la lista de diputados nacionales, se ha desconocido la autoridad del partido en esa provincia y de su candidato. Lo que no pudieron hacer en Córdoba para que el postulante del peronismo, José Manuel de la Sota, cediera a Cristina Fernández la facultad de nominar a su compañero de fórmula y la lista de diputados, los operadores kirchneristas lo acaban de lograr en La Pampa, en un inaceptable avance sobre los fueros de las provincias y sus candidatos.
Al fundamentar su renuncia, Carlos Verna dijo que la pérdida de confianza hacia su persona por parte del Gobierno nacional podía poner en riesgo la gobernabilidad de La Pampa en caso de ser elegido.
Al respecto, agregó algo extremadamente grave, aunque no sorprendente para los cordobeses, que hemos padecido “sanciones” similares: la Nación podría frenar las transferencias automáticas, demorar el dinero para obras públicas y el pago de las jubilaciones que se realiza a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) e incluso suspender la remisión de los fondos para el incentivo docente. Y, como para coronar su pensamiento, dijo que es imposible gobernar con la Casa Rosada en contra y que por ello, para no perjudicar a los pampeanos, deponía su candidatura.
Esto no lo dijo un candidato de la oposición, un político enfrentado con el Gobierno kirchnerista, sino el candidato a gobernador de un partido provincial que tenía relaciones normales y afines con esa administración.
Lo expresó, incluso, un senador de la Nación que facilitó con su voto que el Poder Ejecutivo tomara reservas del Banco Central para pagar la deuda pública. No era un adversario, sino un aliado político.
El desenlace, con todo, constituye una verdadera afrenta al federalismo y pone al descubierto las apetencias insaciables de un Gobierno unitario, centralista y cada vez más autoritario, además de la decadencia y crisis que afecta a los partidos políticos.
La Voz del Interior, Editorial, 7-7-11
