Por Héctor GIULIANO (4.7.11)
El Ministerio de Economía (MECON) – a través de la Secretaría de Finanzas – acaba de editar en su página web el Informe trimestral sobre Deuda Pública del Estado Central al 31.3.2011.
El objeto de este breve trabajo es analizar el actual cuadro de situación del endeudamiento fiscal argentino a la luz de estas nuevas cifras oficiales.
EL INCREMENTO DE LA DEUDA.
El stock de la Deuda Pública al 31.3 de este año según el MECON es de 184.400 Millones de Dólares (MD): 173.100 por Deuda Performing o Normalizada y 11.300 por Deuda no ingresada en el Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005 y complementarios del 2010 (Holdouts).
Las cifras están expresadas siempre con redondeo y se refieren solamente a los datos de la Deuda en cabeza del Estado Central.
Además, no está considerada aquí la Deuda no registrada por concepto de Capitalización de Intereses, Indexación de la Deuda en Pesos ajustada por Inflación y pagos anuales por Cupones ligados al Crecimiento, que en conjunto se estima los tres rubros superan los 50.000 MD.
El saldo de la Deuda Pública al 31.12.10 era de unos 176.000 MD (175.500, producto de 164.300 más 11.200 de Holdouts), de modo que el stock de deuda habría crecido casi 9.000 MD durante el primer trimestre de este año.
El Informe del MECON reconoce este hecho – un aumento de 8.800 MD medido en función de la Deuda Performing – explicando que la mayoría del importe (7.400 MD) corresponde a la nueva deuda contraída por el Tesoro con el Banco Central (BCRA) por los préstamos de Reservas Internacionales que serán destinados al pago de Deuda Externa durante el ejercicio.
Por este motivo, el incremento real o neto de la Deuda sería según el MECON de 1.400 MD (diferencia entre 8.800 y 7.400) ya que estas reservas se usarían para pagar a Organismos Multilaterales de Crédito (OMC) – Banco Mundial (BIRF), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y, en menor grado, Corporación Andina de Fomento (CAF) – y también para pagar a Acreedores Privados.
Esto último, empero, no está permitido legalmente porque el Artículo 6 de la Ley 23.928 de Convertibilidad modificada sólo autoriza el pago con Reservas a OMC, no a personas o entidades privadas.
El Gobierno Kirchner, como es sabido, utiliza las denominadas Reservas de Libre Disponibilidad (RLD) o reservas excedentes a la cobertura de la Base Monetaria, para pagar vencimientos de la Deuda Externa. Lo hace a través de Decretos del Poder Ejecutivo, no Leyes del Congreso, y la mayoría de tales fondos van hoy al pago de Acreedores Privados.
Este año, de los 7.500 MD previstos para el Fondo de Desendeudamiento 5.400 van a Acreedores Privados y 2.100 a OMC. El año pasado, con un total de 6.600 MD, los destinos habrían sido de 4.400 y 2.200 MD respectivamente.
Al abonar Deuda Externa con Reservas del BCRA el Gobierno no sólo “internaliza” deuda (paso de obligaciones con acreedores del exterior a nuevos acreedores locales) sino que la traspasa al propio Estado, ya que la Tesorería queda así endeudada con el Banco Central.
Esta deuda se instrumenta a través de la emisión de Letras Intransferibles a 10 años de plazo.
En la actualidad, la Deuda del Tesoro con el BCRA por préstamo de reservas sobrepasa los 30.000 MD, pese a que la Carta Orgánica del Banco, en principio, le prohíbe otorgar préstamos al Ejecutivo (según el Artículo 19, inciso a, de la Ley 24.144).
Este tema es particularmente delicado porque además el Gobierno Nacional no ha demostrado cuál es su capacidad de repago por esta deuda que contrae con el BCRA; lo mismo que tampoco demuestra cómo se va a pagar la Deuda Intra-Estado en general y, en sentido más amplio, la Deuda Pública en su conjunto.
A la luz de la información del Primer Trimestre el aumento de la Deuda Pública que se viene registrando hasta ahora es parte del endeudamiento adicional para este año, que por Presupuesto 2011 está previsto aumente en unos 9.400 MD.
Sin contar con otros 18.000 MD de Deuda Nueva para Obras Públicas y de Infra-Estructura autorizados para contraer por parte de Empresas del Estado, Organismos Nacionales y/o Fondos Fiduciarios, todos ellos con avales del Estado Central, según el Presupuesto del Ejercicio (que fue aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo, no por Ley del Congreso).
AGRAVAMIENTO DE LA DEUDA INTRA-ESTADO.
Como este subtema ya fue tratado en otros trabajos del autor (*), aquí nos limitamos a destacar sólo la incidencia de este procedimiento en función de las nuevas cifras oficiales.
El Informe del MECON que acompaña las estadísticas de Deuda del Primer Trimestre de este año vuelve a destacar dos hechos ambivalentes o engañosos.
1. Por un lado, se dice que la Deuda Pública del Estado Central equivale ahora al 46.3 % del Producto Interno Bruto (PIB): resultado de dividir sólo los 173.100 MD de la Deuda Performing del Gobierno (no su Deuda Total de 184.400 - sin el agregado de la Deuda no Registrada - ni mucho menos la Deuda Pública Nacional, que sería lo que correspondiera) por el Producto Bruto (que sería así del orden de los 374.000 MD).
Pero se soslaya decir que la Deuda aumentó y sigue aumentando en valor absoluto.
Esta variante de aducir que la Deuda baja según el índice Deuda/PBI cuando su monto en realidad sigue aumentando, es tan engañosa como el uso de la palabra “des-endeudamiento” a modo de eufemismo en lugar de utilizar la palabra “pagar”; siendo que, en ambos casos, la Deuda no disminuye sino que se incrementa.
2. Por otro lado, el MECON subraya nuevamente que la Deuda Intra-Estado constituye hoy casi la mitad de la Deuda Pública Total, lo que se presenta como un logro o ventaja.
Sin embargo, esto merece algunas consideraciones.
Primero: No hay duda que tomar compromisos con entidades del propio Estado supone obviar los espinosos problemas de refinanciación con acreedores externos y/o privados en general; pero el tema es que el Gobierno no acredita la capacidad de repago pertinente frente a estas nuevas obligaciones que asume, con el agravante que la gran mayoría de este dinero se toma de fondos que estrictamente hablando no son del Estado, como es el caso de los recursos de la ANSES, que son de los Jubilados; o las reservas internacionales del BCRA, que tienen finalidad específica de respaldo a la Base Monetaria y los pasivos financieros propios del Banco.
Por lo tanto, el sólo hecho de traspasar deuda que se tenía con Terceros a nueva Deuda con fondos públicos no es una buena noticia per sé.
Segundo: Este nivel creciente de endeudamiento intra-Sector Público hoy estaría llegando empero a un límite, y tal tope estaría dado – al menos para sus dos acreedores principales – por el margen de recaudación previsional en relación a los compromisos de pago jubilatorios y las causas judiciales con sentencia en firme, en lo tocante a la ANSES; y por el nivel de endeudamiento cuasi-fiscal del BCRA para seguir comprando reservas que luego presta a la Tesorería (Deuda por Letras y Notas a corto y muy mediano plazo que coloca y renueva permanentemente el BCRA, y por las que paga un 13 % de Interés anual).
Esto es, que el Endeudamiento Intra-Estado no sólo es de cumplimiento incierto y financieramente gravoso sino que, además, podría estar llegando a un límite.
Tercero: Retomando el primer punto cabe una pregunta, ¿qué significa que el Gobierno esté cambiando Deuda Externa de Acreedores Privados y OMC traspasándosela al propio Fisco?
Si esa nueva Deuda – la Deuda Intra Estado – no tiene capacidad de pago demostrada ello implica que en algún momento futuro esta insolvencia se tendría que “blanquear”, reconociendo entonces que tales obligaciones no se pueden pagar y que las mismas se debieran entonces “pasar a Pérdidas”.
Pero esto no ocurriría en forma inmediata ya que el Gobierno sigue difiriendo o “pateando” vencimientos para adelante – el 60 % de los fondos de la ANSES está colocado en Títulos Públicos que conllevan pagos escalonados y las Letras intransferibles suscriptas con el BCRA tienen plazo 10 años – de modo que se supone la actual Administración puede eludir todavía una situación de impago.
Mas un cuadro de este tipo no puede sostenerse a largo plazo y amenaza entonces llevar a un “blanqueo” de cifras en el futuro; que es lo mismo que se plantea con la Deuda Pública no Registrada.
Por otro lado - si bien se trata de un tema del que no se habla - hay un hecho nuevo que se está produciendo en los últimos años: el Gobierno está reduciendo el peso futuro de la deuda en uno de sus rubros importantes, aunque lo está haciendo a costa de sus Finanzas Públicas; y es en el caso de la Deuda Indexada.
Aproximadamente 38.000 MD de la Deuda Pública Argentina está nominada hoy en Pesos que se ajustan por Inflación.
Aplicando el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) - que replica el Índice de Precios Consumidor IPC) - esto significa un aumento automático de la base de Capital de unos 4.000 MD por año.
Tal es lo que da actualmente por aplicación del Índice de Inflación Minorista oficial del INDEC – un ratio del orden del 10 %, fuerte y justificadamente cuestionado a raíz de los cambios introducidos a partir del 2007 – ya que si el stock de deuda indexable se ajustara por la Inflación Real daría más del doble de esta cifra.
Caben muy pocas dudas acerca de que el motivo de estos cambios del INDEC, aparte de esconder los verdaderos niveles de aumentos de precios, habría tenido por finalidad práctica contener el ritmo de actualización del Capital de esta Deuda Pública en Pesos ajustada por Inflación.
De allí que los Acreedores reclaman adicionalmente al Estado Argentino imputándole un “default encubierto” dado que el Gobierno Kirchner, manipulando un coeficiente de corrección clave para gran parte de su Deuda, produce una licuación parcial de la misma.
Pero ocurre que el Gobierno, por medio de la Deuda Intra-Estado, habría venido comprando gran parte de esta deuda que se licua, de modo que hoy más de 23.000 MD – sobre los 38.000 - se encuentran ya “rescatados” en manos del propio Estado, mientras algo menos de 15.000 MD quedarían todavía en manos privadas.
La des-indexación relativa de la Deuda en Pesos ajustada por CER afectaría entonces, en gran medida, a los bonos que tiene en cartera el Estado – Tesorería, ANSES, BCRA, BNA y otros entes públicos – reduciendo su rendimiento.
Se da así la paradoja que, por un lado, el Estado por vía del Tesoro se beneficia con esta licuación de deuda en relación al monto creciente de su Deuda Pública; pero los Acreedores Oficiales citados se perjudican en la misma medida.
Dicho con otras palabras: que cuando se toma Deuda Intra-Estado para pagar con ella a Terceros (fundamentalmente Acreedores Privados), el riesgo de incumplimiento se pasa al propio Estado y además, en el caso de la Deuda en Pesos Indexada, se traspasa también al fisco obligaciones que pierden valor y que, por ende, afectan las finanzas de los entes oficiales tomadores (ANSES, BCRA y otros).
PESPECTIVAS PRE-ELECTORALES.
La designación del Ministro de Economía Boudou como candidato oficialista a la vice-presidencia de la Nación conlleva, entre otros, un claro mensaje vinculado con la Deuda Pública.
Es una señal del Gobierno Kirchner a los Acreedores Financieros del Estado sobre la importancia que tiene para la actual Administración su compromiso de cumplir con la Hoja de Ruta reiteradamente sostenida por el propio Boudou: 1. Arreglo con los Acreedores de la Deuda que no entraron en el Megacanje 2005 (los Holdouts), 2. Próximo Acuerdo de la Deuda Externa con los Países del Club de París (que en su mayoría se arrastra desde la época del Proceso Militar), y 3. Regreso de la Argentina a los Mercados Internacionales de Capitales - bajo la recomposición de relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en el marco de la nueva “ingeniería financiera global” del Grupo de los 20 - para volver a tomar más Deuda Externa.
Algo así como la previsión de una asistencia externa futura destinada a cubrir el “bache de financiamiento” acumulado que hoy se cubre con el “préstamo-puente” de la Deuda Intra-Estado.
El escrupuloso cumplimiento de la nueva política de pagos internacionales de la Argentina a costa del endeudamiento intra-Estado, el consiguiente rescate de títulos que se traspasan así al Fisco sin demostración de su capacidad de repago y el programa en curso de la Hoja de Ruta constituyen - de hecho – elementos de una verdadera Política de Estado en materia de Endeudamiento Público; y ésta es la política que estaría siendo instaurada por la Administración Kirchner.
Tal esquema se sostiene en la práctica con: a) un alto piso de Tasas de Interés locales determinado por el costo de la Deuda Pública, lo que fija un diferencial de tasas que atrae capitales financieros al país, b) un Tipo de Cambio Nominal retrasado y semi-fijo (con un Tipo de Cambio Real más bajo por efecto de la Inflación Interna), que contribuye a posibilitar los pagos de Servicios de la Deuda en Moneda Extranjera; y c) un mecanismo de traspaso en gran escala de obligaciones con Terceros a la condición de Deuda Intra-Estado, lo que amenaza un desfinanciamiento fiscal futuro en la medida que no exista capacidad de repago para afrontar las obligaciones propias y externas.
Frente a estas realidades y perspectivas, el Gobierno sigue apelando a la Deuda Intra-Estado y a recursos extra-ordinarios circunstanciales (como el caso de las utilidades del BCRA y la ANSES) para sostener sus cuentas fiscales, continúa efectuando fuertes pagos de Deuda Externa con Reservas prestadas por el Banco Central y presenta la refinanciación sistemática de sus pasivos públicos como el logro de un supuesto “des-endeudamiento”.
Es el “precio” que la Administración Kirchner paga para llegar a las Elecciones de Octubre sin tener encima otra Crisis de Deuda.-
Lic. Héctor L. GIULIANO
Buenos Aires, 4.7.2011.
