Por Mónica del Río
El proyecto de ley presentado en la cámara de
diputados profundiza la Ley Nacional de Identidad de Género en la que se
enmarca.
Entre las “políticas generales” prevé adoptar medidas
“para sensibilizar a la sociedad en general, dentro y fuera de las familias,
respecto de las personas trans”. Entre esas medidas menciona: “fomentar en
todos los niveles del sistema educativo desde el nivel inicial el respeto de
los derechos de las personas trans” y “el valor positivo de la diversidad”.
Esto obligaría, por ejemplo, a hablar elogiosamente en las aulas de las
distintas formas de “familia” que se sucedieron a la sanción de la Ley de
“matrimonio igualitario”.
Agiliza los cambios registrales previstos en la “Ley
de identidad de género” estableciendo un plazo de 15 días para la expedición de
nuevos documentos, acta de nacimiento incluida.
Educación
Se busca propiciar la participación plena y en
igualdad de condiciones de la personas trans en la educación. “A fin de
contribuir a hacer efectivo este derecho, se adoptarán las medidas pertinentes
para emplear a maestros/as, incluidos/as maestros/as trans, que estén
calificados/as en identidad y/o expresión de género y para formar a los/as
profesionales y el personal de todos los niveles educativos”.
El Ministerio de Educación “dispondrá que los métodos,
currículas y recursos educativos se dirijan a aumentar la comprensión y el
respeto de la diversidad de identidades de género”. Incluirá contenidos transversales
sobre no discriminación en general, y en particular en lo relativo a las
“identidades trans”. Emprenderá programas de capacitación y sensibilización,
dirigidos a docentes y estudiantes en todos los niveles educativos.
Salud
Crea 24 Centros Especializados en Identidad de Género
(CEIG), “que se establecerán uno en cada Provincia y funcionarán en el ámbito
de los hospitales públicos nacionales”. Deberán contar con psicólogos,
clínicos, cirujanos y endocrinólogos.
Además de las cirugías de reasignación genital y
terapias hormonales previstas en la reglamentación de la Ley de Identidad de
Género e incluidas en el PMO, enuncia tratamientos complementarios de acceso
gratuito como “la fotodepilación del vello facial, la tirocondroplastia
(cirugía de la nuez), la mejora del tono y modulación de la voz”, etc.
Prohíbe los “diagnósticos psiquiátricos, psicológicos,
médicos o cualquier otro requisito que no sea el consentimiento informado y los
estudios médicos específicos comunes a cualquier práctica médica”.
Estipula una multa para “quien ofrezca, publicite,
incite a su realización y/o realice” terapias de aversión o “cualquier otro
procedimiento que suponga un intento de anulación de la personalidad” trans. En
este caso el consentimiento de la persona trans será considerado nulo.
Trabajo
Garantiza la no discriminación por género en la
contratación y continuidad del empleo. Se promoverá el ejercicio del derecho al
trabajo, “también para las personas que atraviesen el género durante el
empleo”. El maestro podría lucir como maestra de un día para el otro.
Establece un cupo mínimo del 0,5% de empleados trans
en el sector público y un incentivo fiscal en el sector privado para
empleadores de personas trans.
Vivienda
Asegura “el acceso prioritario de las personas trans a
programas de vivienda pública” y crea “un registro especial para asignación de
vivienda social que incluya en condiciones prioritarias a las personas trans”.
Es decir, la vivienda sería adjudicada a una persona trans antes que a una
familia numerosa.
Jubilación anticipada
A partir de los 40 años las personas trans recibirán
un subsidio equivalente a una jubilación mínima y “el goce del mismo será
compatible con otros ingresos que no superen el equivalente a 2 jubilaciones
mínimas”. El beneficio se funda en la corta expectativa de vida de las personas
trans, que habitualmente mueren de SIDA tras el ejercicio de la prostitución.
No obstante, no está previsto otorgar el subsidio ni a todos los enfermos de
SIDA, ni a todas las personas que se prostituyen.
Las firmas en el expediente
El proyecto (2900-D-2016) es de la autoría de Araceli
Ferreyra (PpV, Ctes) y fue cofirmado por: Lucila de Ponti (PpV, StaFe), Luis
Basterra (FpV, Formosa), Juan ManuelPedrini (FpV, Chaco), Leonardo Grosso (PpV,
BsAs), Diana Conti (FpV, BsAs), Gabriela Troiano (PS, BsAs), José Ruíz Aragón
(FpV, Ctes), Maria Lucila Masin (FpV, Chaco), Horacio Alonso (FR, BsAs), Alcira
Argumedo (Proyecto Sur, Cap.Fed.), Maria Isabel Guerin (FpV, BsAs) y Remo
Carlotto (PpV, BsAs).
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NOTIVIDA, Año XVI, Nº 1016, 10 de agosto de 2016
