NOTIVIDA, Año XVI, Nº 1017, 22 de agosto de 2016
Preocupados porque el proyecto de la Red Federal de Familias (Protección integral a la embarazada en riesgo y al hijo) no deja de cosechar adhesiones; diputados kirchneristas reescribieron el proyecto de la “Campaña por el derecho al aborto” intentando iniciar el debate en la Comisión de Salud.
El proyecto de ley presentado por el kirchnerismo en Diputados reproduce las pretensiones del proyecto de la “Campaña por el derecho al aborto”, pero cambia el enfoque. La “visión punitiva” (modificación de las causales de excepción previstas en el Código Penal) es reemplazada ahora por una “visión sanitarista” (protección a la salud integral de la gestante).
La presidente de la Comisión de Salud, la entrerriana Carolina Gaillard, es una férrea impulsora de la legalización del aborto y quiere disparar el debate desde su Comisión; pero el nuevo expediente, al igual que el original, deberá ser estudiado primero por la comisión de Legislación General que preside el macrista Daniel Lipovetzky.
El proyecto
Tiene “por objeto garantizar el ejercicio del derecho a la salud integral de la persona gestante a los fines de reducir las tasas de morbilidad y mortalidad materna prevenible, entendiendo que en todos los casos las personas deben tener acceso a servicios de calidad para tratar controles y complicaciones de abortos”.
El proyecto legaliza el aborto para mujeres y “varones con capacidad de gestar” (mujeres trans que con la Ley de Identidad de Género han hecho el cambio registral).
La mujer que solicita un aborto (tanto en la recepción como durante la internación) no deberá “compartir el lugar con pacientes embarazadas o puérperas”. Es sabido que la visión de un neonato, al igual que la de las ecografías, echa por tierra los eufemismos que usan para despersonalizar al ser humano en el inicio de la vida.
El aborto se practicará a sola petición de la gestante si el embarazo no supera las catorce semanas de gestación.
Fuera de ese plazo se realizará cuando:
1. Exista peligro para la vida o la salud (integral) de la persona gestante,
2. El embarazo sea producto de una violación,
3. Se ha diagnosticado inviabilidad de vida extrauterina.
En los casos de violación no hará falta acreditar denuncia judicial ni policial. Son los mismos requisitos que fija el proyecto de la “Campaña”. La introducción de la causal de peligro para la salud integral (física, psíquica o social) de la mujer se traduce, en la práctica, en “aborto libre”.
Todas las prestaciones vinculadas a un aborto (práctica, diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo) quedarán incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO). Deberán cubrirlas los efectores del sector público de salud, así como los del privado, “independientemente de la figura jurídica que posean”.
No admite la “objeción de conciencia institucional” y el profesional actuante sólo puede eximirse de intervenir si otro profesional se hace cargo de la paciente. Según explicita en los fundamentos, los “derechos del paciente” ponen límite a la objeción de conciencia.
Las maniobras dilatorias o cualquier acción que conlleve a la reticencia para llevar a cabo un aborto constituyen actos sujetos a la responsabilidad administrativa, civil y/o penal.
La duplicación de la iniciativa de la “Campaña” por parte de legisladores del Frente para la Victoria intenta dar respuesta, además, a las críticas que le hacen desde el movimiento feminista por no haber abierto el debate en el Congreso durante los 12 años que gobernaron.
Las firmas en el expediente
El proyecto (4763-D-2016) es de la autoría de Mayra Mendoza (FpV, BsAs) y fue cofirmado por: Gabriela Estévez (FpV, Cba), Luana Volnovich (FpV, BsAs), AdriánGrana (FpV, BsAs), Lautaro Gervasoni (FpV, E. Ríos), Jorge Barreto (FpV, E. Ríos), Juliana Di Tullio (FpV, BsAs), Luis Tailhade (FpV, BsAs), Eduardo Seminara (FpV, Sta.Fe), Matías Rodríguez (FpV, T. del Fuego), Ana Carolina Gaillard (FpV, E. Ríos), Ma. Fernanda Raverta (FpV, BsAs) y Juan Manuel Pedrini (FpV, Chaco).
