Declaración del arzobispo Mons. Giampaolo Crepaldi
Osservatorio
Internazionale Cardinale Van Thuan, 10-3-16
La reciente reforma de los Bancos de Crédito
Cooperativo, aprobada en el Consejo de Ministros, suscita perplejidades
legítimas en lo que se refiere a las políticas que se quieren conseguir en lo
que respecta al sistema bancario. En particular, preocupa la norma que permite
a los BCC más grandes (con capitalización de al menos doscientos millones de
euros) salir del sistema cooperativo mediante su transformación en sociedad por
acciones y el pago de un impuesto del 20% sobre las reservas arrinconadas en
decenios de actividad bancaria. La
aprensión se agudiza por el hecho de que dicha intervención es una continuación
de la que se realizó hace un año en los grandes bancos populares -actualmente
en fase de importantes proyectos de fusión- y a distancia de meses de los
enésimos escándalos vinculados a la mala gestión de algunos bancos
territoriales.
La reforma puede resultar peligrosa, además de
injusta, porque actúa gravemente sobre distintos aspectos de la democracia
económica, puesta en estos años en discusión por un enfoque centralista de las
cuestiones públicas, en ausencia de una política industrial real.
En primer lugar, se pone en discusión el papel
fundamental del cooperativismo para el desarrollo social y económico; se trata
de una capacidad de empuje ya demostrada en la historia económica de nuestro
país y que puede renovar su importancia en el actual contexto de post-crisis
económica. Como afirmó Benedicto XVI en la Caritas in Veritate: «La misma
pluralidad de las formas institucionales de empresa es lo que promueve un
mercado más cívico y al mismo tiempo más competitivo».
La debilitación de la
“biodiversidad” de las formas organizativas en ámbito bancario corre el riesgo
de empobrecer a los territorios, privándoles, al mismo tiempo, tanto de
institutos atentos al desarrollo local como de patrimonios destinados a obras y
acciones sociales acumulados durante años de gestión impecable. Como ha
afirmado recientemente el economista Stefano Zamagni: «Hay una clara violación
del principio legal según el cual los fondos dejados como reserva de los BCC
son indisponibles e indivisibles, porque son reservas que en el curso de
decenios han sido acumuladas libres de cargas fiscales y, por lo tanto, pertenecen
a los ciudadanos, no al banco».
En segunda instancia, preocupa la voluntad de
centralizar los poderes económicos y financieros, no reconociendo el valor
subsidiario de las iniciativas locales en ámbito financiero. Si por un lado es
verdad que la competencia internacional requiere la constitución de grandes
grupos bancarios capaces de enfrentarse con institutos europeos y mundiales
análogos, también lo es que no nos podemos olvidar de la vocación de la
intermediación financiera: coger el ahorro y conceder créditos. Serán las
pequeñas iniciativas empresariales y los proyectos de desarrollo social los que
más sufrirán por el alejamiento de los centros de decisión y por los gigantes
bancarios.
La “traición” de la vocación hipotecaria de los BCC
indica el riesgo que también pueden correr estas experiencias bancarias,
destinadas a dejar los territorios donde nacieron y a dispersar la propia
cultura empresarial, como ha sucedido con los bancos populares.
Negar la eficaz aplicación del principio de
subsidiariedad en el ámbito financiero equivale a globalizar las soluciones,
descuidando «la complejidad de las problemáticas locales, que requieren la
participación activa de los habitantes», como escribe el Papa Francisco en la
Laudato Si.
El tercer vulnus a la democracia económica atañe a la
subyacente idea de la equivalencia entre “mala gestión” de algunos institutos
bancarios y “mala fórmula” empresarial: si es verdad que en algunos casos los
bancos cooperativos han sufrido de un excesivo empuje a crecer y a la financiación,
con la consiguiente perdida de raíces y la desnaturalización de la función de
desarrollo económico, dichos comportamientos deben ser censurados y prevenidos
con sistemas de control mejores y no pueden llevar a la generalización. Si el
sistema bancario y económico nacional goza de buena salud, el modelo
cooperativo tiene una buena parte del mérito, por lo que hay que demostrarle
reconocimiento, hay que preservarlo y promoverlo.
El deseo es, por lo tanto, que se replantee
radicalmente la reforma en los puntos donde se impulsa la salida de los BCC del
mundo cooperativo y su consiguiente traición a la propia vocación, “hija” de
los principios de la Doctrina Social de la Iglesia. Nunca como en estos años el
mundo económico ha demostrado tener sed de humanización y sólo podrá ser
rociado si la libre iniciativa cooperativa continúa viviendo y prosperando.
