Otra nueva manifestación de la “sociedad desvinculada” de que habla
Josep Miró.
Por Carlos Alvarez Cozzi
La Comisión Federal para
la Eutanasia y el Suicidio Asistido ha publicado un informe con las
recomendaciones que cree deberían formar parte de la ley.
Según Alex Schadenberg,
presidente de Euthanasia Prevention Coalition (EPC), en declaraciones al
diario “Life Site
News”, estas recomendaciones
ofrecerían una “eutanasia muy abierta y sin límites”, altamente permisiva y que
se materializaría en una ley “muy abusiva” que dejará indefensos a miles de
pacientes.
“Aún no sabemos qué dice el proyecto
de ley”, afirma Schadenberg, “pero hemos visto las recomendaciones y,
básicamente, es un modelo abierto y muy permisivo con pocos límites y controles
que la delimiten. Se están cumpliendo los
pronósticos del peor escenario posible”.
El Comité dificulta el
derecho a la objeción de conciencia de los ciudadanos. Encarga a las
instituciones públicas sanitarias, que se financian con dinero de los contribuyentes, que faciliten la eutanasia y el
suicidio asistido. Afirma que los médicos que invoquen la objeción de
conciencia, deberán, como mínimo, proporcionar a sus pacientes una alternativa
a su “derecho” a poner fin a su vida.
También recomienda que
los profesionales de la enfermería, así como los doctores, sean animados a
practicar la eutanasia a sus pacientes y ayudarles a cometer suicidio. Asegura “que
los niños y los menores de edad que sean lo suficientemente maduros, tienen
derecho a la eutanasia y que se debería plantear una legislación que lo permita
de aquí a dos-tres años”. Es la misma solución de las legislaciones de los
Países Bajos, que le han servido de modelo, que viola además de la lógica,
-porque los menores de edad no pueden disponer por sí-, también la patria
potestad o la tutela de sus representantes legales, porque no serán
consultados.
El director de EPC condena que quieran
permitir la eutanasia en casos de depresión tratable y solicita al Comité revisar
estas recomendaciones.
Otro punto dice que “el sufrimiento físico o psicológico
duradero e intolerable para la persona debe ser reconocido como un criterio para poder optar al suicidio
asistido”.
Dicho informe recomienda
“exactamente el mismo sistema que opera en Bélgica y los Países Bajos”, es
decir, dos médicos deciden si pueden hacerlo
y luego uno de ellos pone fin a la vida del solicitante.
“No hay una supervisión
de terceras personas”, dice, “y en caso de que algo salga mal, la única persona
capaz de denunciar el error es el fallecido”. Schadenberg critica las recomendaciones
del Comité, y asegura que las mismas implican un riesgo muy grande para
aquellos pacientes con enfermedades como la demencia o el Alzheimer.
El informe del Comité
especifica que para llevar a cabo la eutanasia, el paciente debe reunir dos
condiciones. Tiene que saber de que padece y ser completamente capaz de tomar
la decisión de escoger la eutanasia o el suicidio asistido con lucidez.
“Una vez que el paciente
ha sido declarado incapaz de tomar legalmente una decisión vinculante, no hay
vuelta atrás”, dice Schadenberg, “es tarde para cambiar de opinión y la familia
no puede proteger al paciente frente a los médicos”.
La receta que se quiere
aplicar en Canadá es bien conocida. Ya la han legalizado países como Holanda y
Bélgica, y en los mismos se ha llegado a una gran desconfianza de todo paciente
que debe de practicarse cualquier intervención quirúrgica. Los médicos, en esos
países, han pasado a ser semidioses, que deciden quien debe vivir y quien debe
morir. Una cultura del descarte, materialista, que en lugar de propender a la
integración, sanación y protección del ser humano, está dirigida a consagrar la
“cultura de la desvinculación”, de la que habla el intelectual español Josep
Miró en su obra “La sociedad desvinculada”. Es otra manifestación suprema del
relativismo moral que la posmoderna sociedad quiere imponer a los ciudadanos.
Es hora de tomar conciencia. Aún estamos a tiempo.
