Aica, 12 Ago 2016
Con el título “Tiempo de balance: deudas sociales
pendientes al final del Bicentenario. Necesidad de atender las demandas del
desarrollo humano con mayor equidad e inclusión social”, se presentó en la
tarde del 11 de agosto el informe Barómetro de la Deuda Social Argentina. Serie
del Bicentenario (2010-2016). Año VI, elaborado por el Observatorio de la Deuda
Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA)
Inauguraron el acto las palabras del arzobispo rector
de la UCA, monseñor Dr. Víctor Manuel Fernández, y la presentación del informe
estuvo a cargo del Director de Investigación del Programa Observatorio de la
Deuda Social Argentina de la UCA, Agustín Salvia. Fueron los encargados de
exponer los comentarios José Nun, María del Carmen Feijóo y Daniel Arroyo.
Entre las cifras más significativas que arrojó el
informe, se destacan 400 mil personas caídas en la indigencia en el primer
trimestre de este año, y 1,4 millones de nuevos pobres. En la presentación del documento, se sostuvo que la
situación actual “es particularmente difícil pero superable, como lo han sido
otras crisis”, y que el desafío “no sólo es crecer, reactivar el empleo y
reducir la pobreza, sino fundamentalmente, introducir al país en una senda de
desarrollo socioeconómico y ambiental sustentable”.
Una de las propuestas es “recuperar las estadísticas
públicas y poner a las investigaciones académicas al servicio del diagnóstico,
el diseño de mejores políticas públicas y la necesidad de que dichas políticas
sean sometidas a monitoreo y evaluación permanente”.
Frente al recurso débil de utilizar medidas
unidimensionales en la estimación de la pobreza, se propone como alternativa
“evaluar la pobreza y la desigualdad a partir del parámetro de los derechos y
el modo en que se distribuyen los excedentes económicos y los bienes públicos,
siguiendo para ello una mirada multidimensional”, a partir de dimensiones como
la alimentación segura, la protección de la salud, el acceso a servicios
básicos, la vivienda digna, los accesos educativos, el empleo y la seguridad
social.
En la presentación del informe se abordó también el
problema causado por “los errores cometidos en materia de política socioeconómica
durante los últimos años”, y “los costos sociales que están generando las
medidas de ajuste impulsadas durante estos últimos meses”.
El informe indica que “las prestaciones de la
seguridad social y los programas de transferencia de ingresos son imprescindibles
para no profundizar la brecha de pobreza de sectores vulnerables de la
población, pero no permiten resolver las desigualdades estructurales”, y
reconoce que la disminución de la pobreza implica “el efecto conjunto de la
caída de la inflación, la recuperación del crecimiento, la mejora del escenario
laboral y el incremento de la inversión social equitativamente distribuida”.
