Por Carlos Alvarez Cozzi
En el mes de setiembre de 2016, en dos países lejanos entre sí, suceden dos hechos que son diferentes pero que indudablemente están relacionados entre sí.
Nos estamos refiriendo al supuesto “suicidio asistido” de una menor de edad en Bélgica y al proyecto de ley chileno de identidad de género, sobre lo que ya se ha legislado en otros países, entre ellos, el Uruguay.
1) Bélgica y el “suicio asistido de una menor de edad”. Las agencias de noticias (http://www.forumlibertas.com/belgica-aplica-primera-vez-la-eutanasia-una-menor-edad/) nos refieren que “Bélgica, único país del mundo donde se puede aplicar la eutanasia sin límite mínimo de edad, ha practicado por primera vez la eutanasia a una menor, según ha informado este sábado el periódico flamenco Het Nieuwsblad”.
En 2014 Bélgica amplió la ley sobre la eutanasia vigente desde 2002 y se convirtió en el segundo país, después de Holanda, en despenalizar esa criticada práctica médica, especialmente para menores. Además, se convirtió así en el primer país en hacerlo sin límite de edad. La legislación holandesa establece que la persona haya cumplido al menos los 12 años mientras que en Bélgica no se fija una edad mínima, sino que se incluye la noción de “capacidad de discernimiento” del menor.
Las mismas agencias digitales agregan que “la experiencia en Holanda es que esta práctica se está convirtiendo en una forma de eliminar a las personas que suponen una carga para sus familiares o para el sistema sanitario del país. Recientemente se reveló que el organismo encargado de estudiar las peticiones de eutanasia procedía a autorizarlas en circunstancias poco claras y que no ofrecían garantías reales de que, en algunos casos, las personas eutanasiadas estuvieran de acuerdo con su muerte deliberada”.
Adviértase la gravedad de la denuncia. Como lo manifestamos en nuestros anteriores artículos publicados sobre suicidio asistido en Holanda y Bélgica, -en donde señalamos el peligro que se produjeran estos abusos-, se confirma ahora que se estarían matando personas, contra su voluntad, es decir, que se estaría usando la legislación del “suicidio asistido” como medio encubierto para cometer verdaderos asesinatos con el manto de protección legal!
Bélgica tiene legislación similar a la de Holanda, y los pacientes adultos que soliciten la eutanasia deben contar con la opinión favorable de un médico que certifique la gravedad de su padecimiento. La normativa prevé además que un segundo médico sea consultado antes de que se practique cualquier eutanasia, e incluso exige que se someta a una tercera opinión para los pacientes que no tienen una enfermedad terminal. Pero por lo visto, tales previsiones o no se cumplen o se cumplen defectuosamente.
2) Chile y la “identidad de género”.
Mientras tanto, por los mismos días de setiembre, en otro continente, el Senado de Chile, país en el que también se viene discutiendo un proyecto de ley de aborto, aprobó el proyecto de ley que “reconoce y da protección a la identidad de género”, informó la agencia ACI Prensa (@aciprensa).
La iniciativa, ingresada en 2013, será votada por la totalidad de senadores en octubre y luego pasará a la Cámara de Diputados a su segundo trámite legislativo.
El asesor legislativo de Comunidad y Justicia, Cristóbal Aguilera, explicó a la agencia “que, de aprobarse el proyecto, se cometería un “fraude a la ley” ya que además de permitir el cambio de nombre, “sexo registral” y quirúrgico en adultos, la norma incluiría estas posibilidades para los menores de edad.”
El proyecto establece que un niño hasta los 14 años podrá cambiarse de “sexo registral” ante un juez del Tribunal de Familia por voluntad propia, para lo cual bastará solo con presentar informes médicos y psicológicos que sustenten la decisión.
Entre los 14 y 18 años un menor podrá solicitar el cambio de sexo en el Registro Civil. En ambos casos si los padres se oponen, el menor podrá recurrir ante un juez de un Tribunal de Familia.
Cristóbal Aguilera explicó que la normativa es una “irresponsabilidad jurídica” ya que es contraria a todas las “consideraciones médicas, jurídicas, antropológicas” expuestas durante la discusión y no tuvo “en cuenta las graves consecuencias que tendrá para los niños de este país”.
“En Chile los niños no pueden fumar, tomar alcohol, comprar comida chatarra en colegios. Sin embargo, se les da la opción de cambiarse personalmente y en ciertas circunstancias, contra la opinión de sus padres, de nombre y sexo legal. Cuestión que es bastante más grave y cuyas repercusiones son más profundas en la vida del niño”, alertó el abogado.
Cristóbal Aguilera alertó que cuando una persona transexual cambie su nombre y sexo registral y acceda al matrimonio, entonces habrá “un fraude a la ley porque mediante el ejercicio de un supuesto derecho que sería lícito, derivaría en una situación ilícita, que hoy no está contemplado en nuestro país y que es el matrimonio entre personas del mismo sexo”.
El abogado precisó que en la norma que se discute actualmente “ser hombre o mujer es un sentimiento” ya que deja la “realidad objetiva” basada en la diferenciación “biológica, genética y fisiológica” entre hombre y mujer y sobre la cual se despliega el orden de la sociedad.
El experto jurista precisó que “el matrimonio, la filiación, la adopción están sustentados en esa diferencia sexual que desde el punto de vista antropológico tienden a la complementariedad, a la procreación y a la formación de la familia”.
Dos países distintos, de continentes diversos, dos hechos también diferentes, uno vinculado a la muerte voluntaria, o por lo menos supuesta, y otro al cambio de identidad de género, sin embargo, ambos, unidos por un mismo tronco común que le sirve de sustento. Ese mismo tronco ideológico es el relativismo ético. La vida no es un valor absoluto sino disponible, el sexo no es un dato biológico de la realidad, sino también disponible para esta concepción. El problema es que del relativismo ético se pretende pasar, por el camino de la “dictadura del relativismo”, al relativismo con consagración legal. Y esto sucede en cumplimiento de planes elaborados por organizaciones internacionales de oscuros propósitos que procuran la “colonización cultural y legislativa” de los países.
Es nuestro deber como juristas seguir alertando sobre esta nefasta ideología, que está haciendo estragos de manera creciente en la vida de las personas, de las familias, de las sociedades.
Aún se está a tiempo de poner freno a esto, Claro, si los gobernantes y parlamentarios y las sociedades todas, toman conciencia de la gravedad del tema.
