Por Héctor GIULIANO
(23.11.2013).
Con fecha de ayer
(22.11) el Dr. Salvador Treber – de larga y meritoria trayectoria como docente
e investigador económico – se refiere al problema de la Deuda Externa Argentina
en una nota publicada por “La voz del Interior”, de Córdoba, con el título de
“Divagaciones y certezas alrededor de la deuda externa”.
El último acápite de
ese artículo – subtitulado “Última reestructuración” (que se transcribe al
final de esta nota) – se refiere al Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010 y a
sus resultados sobre el stock de deuda hasta el presente; pero allí aparecen
algunas inexactitudes que motivan las siguientes observaciones y/o comentarios:
El stock oficial de
la Deuda Pública al momento del default de Diciembre de 2001 era de 144.500 MD
y ese total había subido antes del Megacanje 2005 a unos 176.000 MD.
Sobre dicho total, el
canje abarcó solamente Bonos Elegibles por valor de 81.800 MD, es decir, que la
reestructuración comprendía una propuesta para el 46.5 % de la deuda, menos de
la mitad de la Deuda Total.
La operación del 2005
fue aceptada por tenedores que representaban el 76 % de los Bonos Elegibles –
62.300 MD – porcentaje que luego, con la reapertura del canje en 2010, ascendió
al 92 %.
Contra el rescate de
los 62.300 MD de bonos viejos el gobierno Kirchner emitió nuevos bonos por
35.300 MD, por lo que la quita nominal - 27.000 MD en valor absoluto - fue de
un 43.4 % (sólo el 15 % de la deuda total, producto de 27.000/176.000 MD).
Pero hubo un serio
agravante en esto porque, en realidad, el Megacanje no tuvo quita efectiva
debido a que la administración Kirchner compensó esa quita o reducción nominal
con la entrega de Cupones ligados al PBI (VLPBI) que cubrían con creces la
citada merma: 0.57 US$ por cada Dólar canjeado (100 – 43) más 0.48 por VLPBI
(que tal fue el porcentaje que se estableció según Prospecto) = 1.05 contra
cada 1.00 dólar de valor nominal original.
Por la operación de
canje se pactó además la capitalización de intereses por anatocismo durante el
decenio 2005-2014, el ajuste por inflación de la deuda en pesos - ajustable por
CER - y la entrega de los VLPBI ya mencionados.
En el Megacanje
2005-2010 la Argentina reconoció toda una serie de cláusulas a favor de los
acreedores: prórroga de jurisdicción ante tribunales extranjeros, renuncia a
oponer inmunidad soberana, exenciones impositivas totales sobre los nuevos
bonos, cláusula pari passu para trato igualitario de todos los tenedores,
cláusula del acreedor más favorecido, compromiso de no hacer (negative pledge)
y cláusula general de acción colectiva (CAC).
Según tipo de moneda
al 30.6.2013 el 40 % de la Deuda Pública Argentina está en pesos y el 60 % en moneda
extranjera.
El coeficiente
Deuda/PBI – pese a su uso generalizado – no refleja debidamente la capacidad de
repago del país y deviene engañoso porque mide la relación entre un
numerador que es una magnitud financiera
cierta (la Deuda) contra un denominador que es una magnitud económica estimada
(el Producto). Con el agravante que la cifra de deuda que se toma es incompleta
porque hay deuda no registrada (por intereses a pagar, capitalización de
intereses, ajuste por inflación de la deuda en pesos y cupones PBI) y porque,
además, se compara el PBI del país contra la Deuda sólo en cabeza del Estado
Central sin tomar en cuenta la Deuda Nacional en su conjunto, ya que falta
computar la deuda de provincias y municipios, empresas del estado, organismos nacionales,
fondos fiduciarios, BCRA y juicios contra el Estado con sentencia en firme.
El pago total y
anticipado de la Deuda con el FMI – 9.530 MD – no fue, estrictamente hablando,
una decisión voluntaria del gobierno argentino sino una exigencia del Fondo
contra los tres principales deudores de ese organismo internacional (que en
conjunto representaban un 80 % de los deudores del ente): Brasil, Argentina y
Turquía. Además, si el país quería liberarse verdaderamente de la injerencia
del FMI – más allá del paréntesis parcial en sus relaciones abierto desde
entonces – se hubiera des-afiliado del mismo ya que como país miembro sigue
sujeto a todas las obligaciones que le fija el Estatuto.
Holdouts y Fondos
Buitre (FB) no son sinónimos: los holdouts son los bonistas que todavía no
ingresaron en el Megacanje 2005-2010, mientras que la denominación “fondos
buitre” es un calificativo al comportamiento de fondos de inversión que
especulan especialmente en casos de deudores en default comprando deuda a valor
de Bonos Basura y pleiteando luego contra el deudor – en este caso, el Estado
Argentino – por el valor nominal. Si bien hoy la gran mayoría de los holdouts
son FB, se trata de dos conceptos diferentes.
Los reclamos contra
la Argentina ante el CIADI – el tribunal arbitral del Banco Mundial – son
deudas no registradas por el MECON y no tienen relación directa con la Deuda
Pública porque se originan en su mayoría en reclamos de empresas extranjeras
por ajustes tarifarios y problemas de incumplimiento de contratos, no por
deudas financieras primigenias del Estado, aunque luego se transforman en
exigibles.
Existe una confusión
entre Deuda Pública y Deuda Externa: la primera es la Deuda total en cabeza del
Estado Central y suma oficialmente – como hemos visto - unos 208.000 MD. La
segunda, en cambio, es la suma de Deuda Externa Pública y Privada, que según
los últimos datos informados estaría hoy en el orden de los 140.000 MD.
Por último, está el
hecho que hoy la mayor parte de la Deuda Pública se encuentra en manos de
agencias del propio Sector Público, es decir, que se trata de Deuda
intra-Estado – 115.800 MD al 30.6.2013 (el 59 % de la deuda performing) – lo
que lógicamente facilita al gobierno las operaciones de refinanciación continua
de estas obligaciones (ANSES, BCRA, BNA, Lotería, FFRE, AFIP, PAMI, etc.). Este
tipo de deuda creció extraordinariamente
bajo la administración Kirchner para pagar en forma privilegiada a Acreedores
Privados y Organismos Financieros Multilaterales con fondos tomados de las
reservas del BCRA, de las diversas cajas del Estado (especialmente del fondo de
los jubilados de la ANSES) y de la cartera de créditos del Banco Nación,
sustituyendo así Deuda Externa Pública por Deuda intra-Estado. El detalle está
en que el Estado no tiene capacidad de repago demostrada para poder cumplir con
estas obligaciones.
Hasta aquí las
principales observaciones y/o comentarios sobre el acápite citado del artículo
del Dr. Salvador Treber.
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TEXTO DE LA NOTA DEL
DR. TREBER:
ÚLTIMA
REESTRUCTURACIÓN.
La última
reestructuración se concretó en 2005 y consistió en un canje generalizado que
sólo excluyó la deuda por operaciones contraídas con los organismos
internacionales de crédito Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial
y Banco Interamericano de Desarrollo (BID) – los cuales mantuvieron sus
condiciones originales.
El 92,4 por ciento de
las tenencias entraron en la negociación y significaron una quita equivalente
al 67,8 por ciento y ampliación de los plazos hasta 2038; por lo tanto, bajó el
pasivo preexistente en casi 80 mil millones de dólares.
Debe tenerse muy en
cuenta que a mediados de 2002 el producto interno bruto (PIB) era de 208.200
millones de dólares, mientras que las deudas externas pública y privada sumadas
superaban esa cifra.
Una decisión
trascendente fue el pago de lo adeudado al Fondo Monetario Internacional para
evitar así la continua injerencia que este organismo pretendía ejercer en el
país. Esa deuda ascendía a 9.840 millones de dólares y para afrontarla se
utilizaron reservas del Banco Central.
Quedaron sin solución
hasta ahora el 7,6 por ciento que no entró en el canje. Allí están incluidos
los llamados “holdouts” o “fondos buitre”. Los juicios sometidos al Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) y la
deuda unificada con los integrantes del llamado Club de París sólo por capital
implican 6.500 millones de dólares.
En cuanto a la
economía argentina, según datos del Banco Mundial, su PIB se elevaría hasta
fines de 2013 a 405.300 millones de dólares. La deuda pública pendiente con
plazos y demás condiciones convenidas, sin incorporar los dos rubros
precitados, llega a 128.600 millones, pues el sector privado acumula otros
62.900 millones que no corresponde computar, como lo hacen, quizá sin saberlo,
una serie de falsos “sabelotodos”.
Cabe agregar que el
primer importe consignado equivale a 31,7 por ciento del PIB, pero sólo 34.045
millones de dólares (8,4 por ciento del monto), pues el resto está contratado
en moneda nacional. Y el 58,6 por ciento figura en el activo de organismos
autárquicos del propio Gobierno nacional, lo cual alivia y simplifica de manera
notoria la situación financiera global del Estado argentino.
