POR LA PERSECUCIÓN A FASTA
NOTIVIDA, Año XX, Nº 1201,
30 de junio de 2020
Diputados
del PRO presentaron un proyecto de Resolución “por la persecución
discriminatoria iniciada contra la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de
Aquino - FASTA -, en cuanto amenaza el derecho al ideario institucional y las
convicciones de sus miembros y afecta la libertad de cátedra en menoscabo a los
Tratados de Derechos Humanos, que gozan de jerarquía constitucional; y lo
establecido en el artículo 128, inciso c) de la Ley 26.206 de Educación
Nacional”.
El proyecto (expte.
2872/2020) lleva las firmas de Francisco Sánchez, Jorge Enríquez, David
Schlereth, Soher El Sukaria y Dina Rezinovsky.
En los fundamentos recuerdan
que Victoria Donda, presidente del INADI, anunció que iba a iniciar acciones
por el supuesto “discurso de odio” que el diario Página 12 le atribuyó a los
colegios de FASTA.
Destacan la labor educativa
y social que FASTA lleva adelante en nuestro país, “anclada en una concepción
cristiana del mundo y del orden social” y enfatizan que “el derecho a la
libertad de ideario que ejerce la citada institución está enraizado en la
potestad de los padres de elegir para sus hijos una educación de acuerdo a sus
convicciones”.
Describen el marco jurídico
que ampara de modo incontrastable el derecho de los padres a elegir y
supervisar de la educación de los hijos, particularmente en materia moral y
religiosa.
Denuncian que “un avance del
Estado sobre las instituciones de educación privada y confesional, como el que
insinúan las declaraciones de la directora del INADI, redundará en un menoscabo
del derecho a la libertad de conciencia”.
“Este hecho genera una honda
preocupación, toda vez que percibimos una creciente intención de que, bajo el
pretexto de interpretaciones sesgadas basadas en una ideología particular, se
restrinja la libertad del ideario de las instituciones educativas privadas y
confesionales. Máxime si se tiene en cuenta que esta tendencia se enmarca en un
contexto de hostilidad y discriminación hacia la Iglesia Católica y las
confesiones cristianas en general, ejercidas desde organismos que -en teoría-
deben velar por la tolerancia y la no discriminación”.
Concluyen que “la imposición
desde el Estado de un pensamiento único, que responde a una concepción
autoritaria de las instituciones, resulta en un todo contraria a la dignidad
inherente a la persona humana y al espíritu de nuestro extenso plexo
constitucional”.
