una construcción participativa
La Voz del Interior, 15 de septiembre de 2018
Por Rodrigo Agrelo*
Días pasados volvió a circular por las redes sociales
un hecho sucedido tiempo atrás en Córdoba capital: un grupo de padres de
alumnos de la escuela pública Bicentenario, en barrio Héroes de Malvinas, se
quejaba airadamente por un video de contenido sexual que, sin su
consentimiento, les había sido mostrado a sus hijos en clases.
Afirmaban que los contenidos no eran para la edad de
sus chicos y, sobre todo, que el material no coincidía con el modo que ellos
han elegido para educarlos en la sexualidad. Estas personas no parecían ser
ideólogos, militantes ni agitadores políticos. Eran mucho más que eso: padres
preocupados por sus hijos.
Las características de la escena descripta dan cuenta
de que en materia de educación sexual estamos ante un tema complejo en el que
de familia en familia varían las visiones sobre valores, costumbres, momentos y
modos de iniciación en el sexo. Tan es así que el docente que mostró aquel
video a sus alumnos habrá pensado que estaba haciendo lo correcto. Pero lo real
es que muchos de los padres de sus alumnos rechazaron su contenido por no
considerarlo apto para la edad de sus hijos.
Por estos días, el debate en relación al tema ha
vuelto a ganar terreno. Algunos han planteado que el Estado nada tiene que
hacer en materia de educación sexual y que esta le corresponde exclusivamente a
la familia. Otros, que el Estado debe ser quien dicte “desde arriba” los
contenidos y los torne obligatorios para todos, sin necesidad de respetar el
derecho de los padres a ejercer plenamente la responsabilidad parental.
O sea, la facultad (derecho-deber) que el Código Civil
y Comercial les reconoce para la formación integral de sus hijos mientras sean
menores de edad. No parece razonable quitarles con una nueva ley aquello que ya
tienen reconocido por otra anterior.
Históricamente, cuando la sociedad se organizó a
través del Estado, la familia como institución básica ya existía. Es decir que
esta es anterior a la existencia de aquel. De ello se deduce lo siguiente: no
es que el Estado deba otorgar a los padres el derecho a intervenir del modo más
cercano en el diseño de la Educación Sexual escolar de sus hijos. Por el
contrario, está obligado a reconocer un derecho que naturalmente los padres ya
tienen. Y me pregunto algo más: ¿es razonable delegar en mano de los políticos
estas cosas?
Personalmente, pienso que la Educación Sexual Integral
es necesaria y que sólo será posible extenderla a todas las escuelas si sus
contenidos se diseñan desde “abajo hacia arriba”, y no al revés, como algunos
parecen querer.
Es decir, si con paciencia construimos un sistema
consensuado con base en cada escuela, en el que padres, educadores y
gobernantes acuerden qué, cómo y cuándo enseñar esta temática a los chicos. La
imposición desde arriba, que huele a adoctrinamiento, y el apuro por hacerlo
sin los acuerdos imprescindibles serán los mejores ingredientes para ganar un
fracaso.
* Abogado de familia
