Una propuesta y la opinión sensata de alguien que pudo liberarse de la adicción.
Ante el desafío de la reducción de riesgos y de daños
La Voz del Interior, 6 de diciembre de 2017
Por Juan Carlos Mansilla*
Estamos acostumbrados a pensar que las estrategias
centrales que componen una política sobre consumo de drogas son la prevención
(educar para que no se consuman) y los tratamientos asistenciales (rehabilitar
al consumidor ). Sin embargo, esta mirada es incompleta, en cuanto invisibiliza
una importante población: el gran grupo de los consumidores de drogas que
persisten en esa práctica.
Para este grupo de riesgo, la responsabilidad de la
sociedad consiste en una estrategia algo resistida por prejuicios culturales
denominada “reducción de riesgos y daños”, dirigida a minimizar las
consecuencias para quien consume y para terceros.
Para las drogas legales tenemos bien internalizada la
reducción de daños: no fumar en lugares cerrados, o no conducir luego de beber
alcohol pertenecen a esta categoría, ya que buscan minimizar las consecuencias
de los consumos y no impedirlos (prevención), o rehabilitar al fumador o al
consumidor de alcohol (asistencia).
Pero cuando hablamos de drogas ilegales, nos cuesta
como sociedad incorporar ese concepto. Quizá sea síntoma de que no aceptamos la
realidad.
La relación entre las fiestas electrónicas y las
drogas de síntesis nos obliga a hablar sin vueltas. Porque parecería que a esta
altura pensar en una de estas fiestas con consumo cero resulta una ingenuidad.
Este es el desafío: hacer de cuenta que no vemos a los consumidores o
incorporar las acciones para minimizar riesgos.
*Director de desarrollo territorial Sedronar
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Análisis y
objetivos de los grupos de ‘reducción del daño’ en la Argentina
Claudio
Izaguirre Presidente Asociación Antidrogas
Los grupos de
‘reducción del daño’ en la Argentina -liderados por la ONG Intercambios- vienen
enseñando, a través de su folletería, cómo consumir drogas y sufrir el menor
posible perjuicio. Los grupos de ‘reducción del daño’ en la Argentina
-liderados por la ONG Intercambios- vienen enseñando, a través de su
folletería, cómo consumir drogas y sufrir el menor posible perjuicio.
Sin
embargo, en opinión de la comunidad médica esto se traduce en una utopía, dado
que el consumidor siempre demandará mayores dosis para experimentar idéntico
efecto, en tanto el daño cerebral se torna ineludible. Resumiremos, a
continuación, los postulados que los grupos de ‘reducción del daño’ pretenden
imponer en nuestro país. Los citados demandan que, desde el Honorable Congreso
de la Nación, se despenalice por completo la tenencia de drogas, dejando en
manos de las fuerzas de seguridad la distinción entre un adicto y un vendedor.
Hasta la instancia actual, la responsabilidad de realizar esta distinción
-criterio jurídico mediante- correspondía a los magistrados.
Estos grupos y
organizaciones persiguen la eliminación definitiva de las medidas de seguridad
curativa y educativa, lo cual ha permitido a los integrantes del Poder Judicial
enviar a tratamiento a los afectados, asumiendo esas costas el Estado Nacional.
A partir de esta idea, el adicto no llega a obtener los beneficios de una beca
para tratamiento, con lo cual estará condenado a fallecer a manos de su
adicción: no le es posible contar con los 6 mil pesos surgidos del costo del
tratamiento mensual durante un año y medio de internación.
Los ‘reductores del
daño’ buscan abierta y desesperadamente despenalizar el cultivo de marihuana.
Factor que dará lugar a la proliferación irrestricta de vendedores de cannabis
a lo largo y ancho de la República, teniendo en cuenta la inexistencia en las
provincias de espacios gratuitos de tratamiento para los adictos a drogas; el
resultado se traducirá en una multiplicación de la cantidad de consumidores y
una menor cantidad de efectores de salud. Asimismo, se han propuesto como meta
atenuar la escala penal para los pequeños actores de la cadena del tráfico, y
modificar el Código Aduanero con el fin de atenuar la escala penal por
contrabando para las llamadas ‘mulas’. Lo cual devolverá como resultado no solo
la inmediata excarcelación de los traficantes de drogas sino que, además,
asegura el regreso a sus ‘puntos de venta’, sin mayores inconvenientes (ni
persecución policial o judicial futura). Buscan crear un Programa Nacional de
Atención Integral para Usuarios de Drogas.
El programa de atención a adictos
fue sido creado hace más de tres décadas; ahora, pretenden inculcar que solo es
una persona adicta aquella que se encuentre en la tercera etapa de la
enfermedad, es decir, cuando su estado mental y físico lo depositan en una situación
de franca irrecuperabilidad. Los reductores persiguen priorizar los
tratamientos ambulatorios y los distintos dispositivos alternativos a la
internación. Ello implica que la mayoría de los individuos que exhiban
problemas de adicción tendrán vedada la internación, variable que da lugar a la
terminación inmediata del consumo de sustancias.
Finalmente, el resultado de
las políticas promocionadas por los ‘reductores del daño’ será que los brotes
psicóticos -síntoma común en adictos- se convertirán en un problema a enfrentar
por la propia familia del adicto/enfermo, poniendo en riesgo y verificable
permanente al núcleo familiar del afectado. Las ONG aquí descriptas buscan
garantizar que los dispositivos de atención a usuarios de drogas estén basados
en fundamentos científicos y ajustados a principios éticos (Ley 26.657,
Artículo 7C). Estos ‘fundamentos científicos’ en los que han edificado la Ley
de Salud Mental se basan -ni más ni menos- en la protección del derecho que
cada individuo tiene a drogarse y en el ‘hostigamiento’ a la familia del
afectado para que soporte en su seno al enajenado.
Los grupos buscan incluir
las estrategias de reducción de daños en las políticas de atención integral a
usuarios de drogas. Las políticas de ‘reducción de daño’ no ocultan su regla
comunicacional: enseñar a los jóvenes que el uso de drogas es algo natural y
que determinadas precauciones les permitirán disfrutarlas sin mayores
inconvenientes. Los grupos reductores buscan que se respete el ‘derecho’ de
todo individuo que usa drogas a elegir el momento y el tipo de dispositivo de
atención.
La realidad remite a otro escenario, completamente diferente: quienes
estudiamos el tema desde hace años -junto a las familias que conocen la
desgracia de convivir con un adicto- sabemos que el consumidor de sustancias se
encuentra abiertamente incapacitado para elegir en propio beneficio, lo que
traerá como consecuencia que solo sea atendido cuando su desequilibrio le
niegue -ya en forma permanente- la capacidad de razonar.
Los reductores
buscan facilitar el acceso irrestricto a la atención de la salud de las
personas privadas de libertad con consumo problemático de drogas. De esta
manera -y solo para citar un ejemplo-, el delincuente que consume será llevado
a tratamientos ambulatorios con consecuencias impredecibles; no le
corresponderá condena alguna. Los reductores persiguen fortalecer los
mecanismos de control estatal de los servicios destinados a usuarios de drogas.
Bajo el paraguas de la Ley de Salud Mental -propuesta por legisladores del
Frente Para la Victoria en el Congreso de la Nación- lograrán clausurar todos
los centros de rehabilitación de índole privados y la totalidad de los espacios
de atención que funcionan con fondos públicos, dejando como espacios únicos los
centros de “Reducción de Daño”: estos funcionarán en los nosocomios públicos,
cuyo personal estará forzado a tratar a los individuos que sufren de graves
consecuencias por consumir estupefacientes. Instancia en la que es menester
tener presente que los hospitales públicos no disponen de la capacidad para
atender enfermedades crónicas, particularmente si éstas se condicen con la
complejidad requeridas para el tratamiento del alcoholismo o la
drogodependencia.
Los
‘reductores del daño’ buscan formalizar mecanismos de participación social en
el diseño de políticas y programas de atención. Debe tenerse presente que los
grupos mencionados entienden a la internación compulsiva como “secuestro”, y
así lo han expresado en la Ley de Salud Mental. Califican a las comunidades terapéuticas
de “campos de concentración”, y a la enfermedad de la adicción como un estilo
de vida.
Conforme así lo han reportado numerosos estudios científicos en todo
el globo, las drogas exhiben la capacidad de anular la parte frontal del
cerebro humano -porción que regula la inhibición del comportamiento
instintivo-. La enfermedad de la adicción se caracteriza por un lapso de diez
años, a partir del primer consumo, y hasta el momento en que la persona toma
conciencia de su problemática; durante ese período, el abordaje terapéutico
permite que la persona -mucho antes de cumplir este ciclo fatal- pueda
abandonar las drogas y construir una vida feliz y útil.
Los grupos de
“Reducción de Daño”, al presentar la adicción no como una enfermedad sino como
un estilo de vida elegido por el “usuario”, desencadena con mayor furia el
consumo de drogas: se pone en peligro no solo al afectado, sino a su familia,
en tanto se le restringe la posibilidad de ingresar al sistema de salud.
