NOTIVIDA, Año XV, Nº 967, 25 de abril de 2015
Tras la sanción unánime de la Ley Antidiscriminatoria en la Legislatura porteña, el lobby gay logró darle nuevo impulso al proyecto nacional. Incluiría la no discriminación por “género”, “identidad de género y/o su expresión” y “orientación sexual”. Se modificaría el Código Penal para sancionar a cualquiera que defienda el orden natural.
Por Mónica del Río
El expediente fue presentado esta semana en una rueda de prensa que encabezaron la activista lésbica María Rachid y el diputado Remo Carlotto (presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías). Llegó a la Cámara baja con las firmas de: Araceli Ferreyra (FpV, Ctes); Leonardo Grosso (FpV, BsAs); Ana Gaillard (FpV, Entre Ríos); Liliana Ríos(FpV, Entre Ríos); Julia Perié (FpV, Misiones); Ramona Pucheta (Frente por la Inclusión Social, BsAs) y Adela Segarra (FpV, BsAs). Para ser debatido en el recinto necesita el visto bueno de la comisión que encabeza Carlotto y de la de Legislación Penal, que preside Patricia Bullrich.
Como precisó la propia Rachid, el proyecto es el último de los objetivos (“identidad de género”, “matrimonio igualitario”, etc.) que le queda por cumplir a la FALGBT desde 2004, cuando se constituyó la organización. Es por otra parte el primero y más codiciado de los puntos del “Plan Nacional contra la Discriminación” aprobado por el expresidente Néstor Kirchner mediante el Decreto 1086/2005. Como ha enfatizado el Episcopado argentino -presidido por entonces por el Papa Francisco- ese es un Plan que “contradice los objetivos que postula alcanzar”, porque “estaría imponiendo a la sociedad argentina una ideología de construcción cultural que discrimina la natural y legítima ecología humana”.
En el año 2002, cuando lograron la primera ley de unión civil, la porteña, el presidente de la Comunidad Homosexual Argentina, César Ciglutti dijo: “con esta ley plantamos bandera, ahora vamos por más” y fueron por el “matrimonio igualitario”. La Legislatura porteña ha vuelto a ser pionera, les permitió “plantar bandera”, pero al Código Penal sólo lo puede modificar el Congreso nacional. Sólo les resta esta herramienta para perseguir a quienes, en ejercicio de sus derechos fundamentales, cuestionen las prácticas homosexuales
