Por Carlos Reboratti
GEOGRAFO (UBA / CONICET)
En forma recurrente aparece en los medios la información sobre conflictos generados por la instalación de empresas de minería a cielo abierto , corporizados en la reacción de grupos locales que se oponen a esos emprendimientos recurriendo a varias formas de protesta, incluyendo el cierre de caminos.
Para el lector ajeno a este tipo de temas, seguramente le parece difícil entender cómo un grupo de vecinos se opone a una actividad económica, sobre todo cuando se trata de lugares que han sido marginados del desarrollo y el crecimiento económico. El tema es muy complejo y muestra la tensión entre distintos sectores de la sociedad generada por su visión sobre los efectos positivos y negativos de dicha actividad extractiva .
Desde la sanción en 1994 de una ley de promoción de la minería que le da amplio margen de acción, incluyendo una virtual exención de impuestos a la exportación, esta actividad ha ido creciendo.
Según la Constitución Nacional reformada en 1994, l os recursos naturales son de propiedad de las provincias, y por lo tanto son ellas las que deben negociar con las compañías mineras los permisos y condiciones de explotación. Algunas provincias directamente han prohibido la minería a cielo abierto, pero otras (básicamente las más pobres) no lo han hecho y por el contrario a veces la han promocionado.
Cuando descendemos al nivel local, es allí donde se generan los conflictos : al conocerse un proyecto de explotación, e influenciados por los grupos ambientalistas más radicalizados y activos del país que potencian la natural inquietud de los pobladores por los efectos que la minería podría tener en el ambiente, algunos sectores de la sociedad local se movilizan para detenerlo. Ante esto las compañías responden diciendo que el proyecto es totalmente seguro desde el punto de vista ambiental, que generará puestos de trabajo y efectos muy positivos en la economía local.
Las respuestas de los gobiernos provinciales son heterogéneas : en los casos donde apoyan abiertamente a las compañías mineras directamente acusan a esos movimientos sociales de irresponsables; en otros, y según el cariz que toman los acontecimientos, dudan o a veces dan marcha atrás con los permisos de explotación.
Se podría pensar que estos conflictos se deberían resolver mediante una consulta popular.
¿Pero ésta se debería referir sólo a la población local, que potencialmente sufriría las consecuencias de la minería o a la de toda la provincia, que es en algún sentido la “dueña” del mineral? Hay dos ejemplos contrastantes: el los casos donde existió un referéndum local siempre el resultado fue opuesto a la mina.
Pero en las elecciones o reelecciones de gobernadores que explícitamente mostraron su apoyo a la minería, indefectiblemente éstos ganaron por amplia mayoría.
Ante este dilema que parece tan difícil zanjar, la solución posible es la formulación de una nueva ley de minería que determine claramente la forma de resguardar y delimitar los intereses locales e incluya la formulación de mecanismos de resolución de conflictos.
Clarín, 11-2-12
En forma recurrente aparece en los medios la información sobre conflictos generados por la instalación de empresas de minería a cielo abierto , corporizados en la reacción de grupos locales que se oponen a esos emprendimientos recurriendo a varias formas de protesta, incluyendo el cierre de caminos.
Para el lector ajeno a este tipo de temas, seguramente le parece difícil entender cómo un grupo de vecinos se opone a una actividad económica, sobre todo cuando se trata de lugares que han sido marginados del desarrollo y el crecimiento económico. El tema es muy complejo y muestra la tensión entre distintos sectores de la sociedad generada por su visión sobre los efectos positivos y negativos de dicha actividad extractiva .
Desde la sanción en 1994 de una ley de promoción de la minería que le da amplio margen de acción, incluyendo una virtual exención de impuestos a la exportación, esta actividad ha ido creciendo.
Según la Constitución Nacional reformada en 1994, l os recursos naturales son de propiedad de las provincias, y por lo tanto son ellas las que deben negociar con las compañías mineras los permisos y condiciones de explotación. Algunas provincias directamente han prohibido la minería a cielo abierto, pero otras (básicamente las más pobres) no lo han hecho y por el contrario a veces la han promocionado.
Cuando descendemos al nivel local, es allí donde se generan los conflictos : al conocerse un proyecto de explotación, e influenciados por los grupos ambientalistas más radicalizados y activos del país que potencian la natural inquietud de los pobladores por los efectos que la minería podría tener en el ambiente, algunos sectores de la sociedad local se movilizan para detenerlo. Ante esto las compañías responden diciendo que el proyecto es totalmente seguro desde el punto de vista ambiental, que generará puestos de trabajo y efectos muy positivos en la economía local.
Las respuestas de los gobiernos provinciales son heterogéneas : en los casos donde apoyan abiertamente a las compañías mineras directamente acusan a esos movimientos sociales de irresponsables; en otros, y según el cariz que toman los acontecimientos, dudan o a veces dan marcha atrás con los permisos de explotación.
Se podría pensar que estos conflictos se deberían resolver mediante una consulta popular.
¿Pero ésta se debería referir sólo a la población local, que potencialmente sufriría las consecuencias de la minería o a la de toda la provincia, que es en algún sentido la “dueña” del mineral? Hay dos ejemplos contrastantes: el los casos donde existió un referéndum local siempre el resultado fue opuesto a la mina.
Pero en las elecciones o reelecciones de gobernadores que explícitamente mostraron su apoyo a la minería, indefectiblemente éstos ganaron por amplia mayoría.
Ante este dilema que parece tan difícil zanjar, la solución posible es la formulación de una nueva ley de minería que determine claramente la forma de resguardar y delimitar los intereses locales e incluya la formulación de mecanismos de resolución de conflictos.
Clarín, 11-2-12
