Finalmente, Francia anunció su determinación de aplicar una especie de tasa Tobin (ITF) sobre varias operaciones financieras. Será del 0,1 por ciento del valor de la transacción y permitirá recaudar unos mil millones de euros. El primer ministro François Fillon aclaró que el gravamen entrará en vigencia en agosto próximo en su país, antes de lograr un acuerdo con los restantes miembros de la eurozona, “porque ese proceso será lento y hay resistencias”.
La principal oposición proviene de Londres, el centro financiero del mundo, que siempre ha considerado la propuesta de James Tobin, premio Nobel de Economía de 1981, como una amenaza sobre la libre circulación de capitales, de la que la City es la principal beneficiaria.
La ITF, un impuesto sobre las transacciones financieras, fue sugerida por Tobin en 1971, quien explicó que la tasa debía ser baja, no mayor del 0,1 por ciento, para penalizar sólo las operaciones puramente especulativas de ida y vuelta a muy corto plazo entre monedas y no a las inversiones, y permitiría “echar arena en los engranajes demasiado bien engrasados de los mercados monetarios y financieros internacionales”.
Decenas de organizaciones no gubernamentales de todo el mundo la apoyaron de inmediato, aunque su autor afirmó que la mayoría de ellas no lo habían interpretado bien. De todos modos, el principio de su iniciativa era obtener recursos del enorme flujo de dinero que circula a diario en la economía globalizada, para aplicarla a planes de asistencia social.
De hecho, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) estimó que la tasa Tobin permitiría recaudar 720 mil millones de dólares por año, que serían distribuidos en partes iguales entre los gobiernos recaudadores y los países más pobres.
A su vez, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) sostuvo que con el 10 por ciento de lo que se obtendría con esa tasa sería posible ofrecer atención sanitaria a todos los habitantes del planeta, suprimir las formas graves de malnutrición y proporcionar agua potable a todo el mundo. Si la alícuota se elevara al tres por ciento, se universalizaría la enseñanza primaria y se reduciría a la mitad el nivel mundial de analfabetismo de la población adulta.
Es imposible permanecer impasible ante la injusticia distributiva que supone asistir a las siderales ganancias de los especuladores bursátiles, mientras millones de personas están condenadas a sobrevivir con un ingreso inferior a un dólar por día y están inermes frente a las epidemias y las carencias de agua potable y de redes sanitarias.
Ni hablar de los niños de hogares hundidos en esa miseria, también condenados a padecer injusticia porque no pueden recibir educación, por estar sometidos a trabajo esclavo para aportar pequeños ingresos a la economía familiar.
La Voz del Interior, 8-2-12
