Por Ricardo Roa: EDITOR GENERAL ADJUNTO DE CLARIN
Si se guía por la estadística, Ricardo Echegaray, el poderoso jefe de la AFIP, puede dormir tranquilo. En los últimos cinco años, sobre un total de 750 casos por corrupción, sólo se condenó a 15 personas, casi todos funcionarios de segunda línea. En promedio, estas causas duran una eternidad: 14 años.
Y dos de cada diez prescriben.
Es lo que acaba de ocurrir con la famosa Escuela Shopping, un escándalo que estalló cuando Carlos Grosso era intendente.
En la madrugada del 30 de diciembre de 1990, el Concejo Deliberante adjudicó 17 locales comerciales a construir en la planta baja de un colegio. El expediente pasó por las manos de ocho jueces. Resultado obvio: se cayó todo.
También fue una causa larguísima la que se le siguió a Claudia Bello, otra ex funcionaria y figura arquetípica del menemismo.
Contrató en forma directa una campaña sobre el cambio del milenio, el llamado efecto Y2K. Gastó nada menos que 9 millones de dólares.
La semana pasada fue absuelta.
Ese mismo día, el sobreseimiento para todos alcanzó a la propia Presidenta: el juez Ercolini sostuvo que no era incompatible con la función pública haber alquilado un hotel de su propiedad en El Calafate a un empresario contratista del Estado. Los alquileres sumaron más de $ 12 millones entre 2007 y 2008 y fueron uno de los argumentos de los Kirchner para justificar parte del fenomenal aumento de su fortuna.
Echegaray es otro fiel testimonio de que la caridad bien entendida empieza por casa. Está investigado, entre otras cosas, por subsidiarse a sí mismo cuando manejaba la ONCCA.
Con fondos públicos, se entiende. Y ahora aparece salpicado en una denuncia contra una de sus principales colaboradoras, una subdirectora de la AFIP (Ver: AFIP: una colaboradora de Echegaray, investigada por negocios paralelos).
Si la Justicia va a paso de tortuga, el Congreso corre a la velocidad de un tren bala: de un saque aprobó 12 leyes, todas muy importantes y todas sin tocarles una coma. Jueces que no sancionan la corrupción y legisladores que levantan la mano sin chistar.
Es la sintonía fina institucional.
Clarín, 2-1-12
Si se guía por la estadística, Ricardo Echegaray, el poderoso jefe de la AFIP, puede dormir tranquilo. En los últimos cinco años, sobre un total de 750 casos por corrupción, sólo se condenó a 15 personas, casi todos funcionarios de segunda línea. En promedio, estas causas duran una eternidad: 14 años.
Y dos de cada diez prescriben.
Es lo que acaba de ocurrir con la famosa Escuela Shopping, un escándalo que estalló cuando Carlos Grosso era intendente.
En la madrugada del 30 de diciembre de 1990, el Concejo Deliberante adjudicó 17 locales comerciales a construir en la planta baja de un colegio. El expediente pasó por las manos de ocho jueces. Resultado obvio: se cayó todo.
También fue una causa larguísima la que se le siguió a Claudia Bello, otra ex funcionaria y figura arquetípica del menemismo.
Contrató en forma directa una campaña sobre el cambio del milenio, el llamado efecto Y2K. Gastó nada menos que 9 millones de dólares.
La semana pasada fue absuelta.
Ese mismo día, el sobreseimiento para todos alcanzó a la propia Presidenta: el juez Ercolini sostuvo que no era incompatible con la función pública haber alquilado un hotel de su propiedad en El Calafate a un empresario contratista del Estado. Los alquileres sumaron más de $ 12 millones entre 2007 y 2008 y fueron uno de los argumentos de los Kirchner para justificar parte del fenomenal aumento de su fortuna.
Echegaray es otro fiel testimonio de que la caridad bien entendida empieza por casa. Está investigado, entre otras cosas, por subsidiarse a sí mismo cuando manejaba la ONCCA.
Con fondos públicos, se entiende. Y ahora aparece salpicado en una denuncia contra una de sus principales colaboradoras, una subdirectora de la AFIP (Ver: AFIP: una colaboradora de Echegaray, investigada por negocios paralelos).
Si la Justicia va a paso de tortuga, el Congreso corre a la velocidad de un tren bala: de un saque aprobó 12 leyes, todas muy importantes y todas sin tocarles una coma. Jueces que no sancionan la corrupción y legisladores que levantan la mano sin chistar.
Es la sintonía fina institucional.
Clarín, 2-1-12
