El desgobierno y la anarquía hunden a Libia en el caos
Tres meses después de la caída de Muamar Kadhafi, la inestabilidad política hace cada vez más difícil la construcción de la nueva Libia. La dificultad del gobierno provisional para imponer su autoridad en todo el país y las sospechas de que los abusos y las violaciones de los derechos humanos sobreviven a la dictadura siembran algo más que dudas sobre la capacidad de las autoridades de llevar adelante la transición.
Los enfrentamientos entre distintas milicias en varios puntos del país, incluida Trípoli, no son episodios aislados.
En Bani Walid, ex bastión del régimen de Kadhafi en el distrito de Misurata, cinco personas murieron en los violentos enfrentamientos que se produjeron entre el lunes y el martes. La noticia, luego desmentida, de que un grupo de leales al antiguo régimen había tomado la ciudad desató la alarma.
Síntomas. El enviado de la ONU a Libia, Ian Martin, en una comparecencia el miércoles ante el Consejo de Seguridad, mencionó el episodio como un síntoma más de la debilidad del gobierno a la hora de gestionar la reconciliación de todas las facciones que componen el complicado panorama político del país.
“El antiguo régimen puede haber sido derrumbado, pero la cruda realidad es que el pueblo libio vive aún con su arraigado legado”, declaró Martin. Una herencia que se expresa “en la debilidad de instituciones estatales, a veces ausentes, junto a la larga ausencia de partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil, que hacen la transición más difícil”.
“Las autoridades son incapaces de mantener el control sobre las milicias”, denunció Donatella Rovera, investigadora de Amnistía Internacional en Libia, que en las últimas semanas comprobó las consecuencias de la anarquía de las milicias en el oeste del país: la proliferación de centros de detención fuera del control de las autoridades, en los que los detenidos, durante y después de la caída de Kadhafi, son sometidos a abusos y torturas.
Los casos de presos muertos en estas cárceles se multiplican. “Yo estaba aquí en abril y ya entonces vimos personas torturadas. Pedimos a las autoridades que intervengan e investiguen. Pero, desde entonces, no se hizo nada”, apuntó Rovera.
Médicos Sin Fronteras (MSF) anunció el jueves la suspensión de sus actividades en los centros de detención en el distrito de Misurata después de que sus doctores se enfrentaran a la petición de curar a presos que habían sido torturados para que, una vez recuperados, pudieran volver a los interrogatorios.
Estos centros estaban bajo el control de las autoridades locales de Misurata, asegura Barth Janssens, director de operaciones de MSF.
Un responsable del gobierno interino libio rechazó las acusaciones de complicidad en los abusos e inacción ante las denuncias. “Son actos individuales”, aseguró.
Pero también la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, manifestó ante el Consejo de Seguridad su preocupación por la situación de unos ocho mil prisioneros, en su mayoría leales a Kadhafi e inmigrantes de origen subsahariano, detenidos durante los nueve meses de guerra civil por las milicias revolucionarias.
Como antes. La Libia posterior a Kadhafi evoca de distintas formas los tiempos del coronel: en alguna localidad, como Bani Walid, la población se levanta contra los nuevos dirigentes; mientras, en otros lugares, como Misurata, torturadores afectos al actual régimen se aplican a fondo.
“No estamos presentes en Libia y no tenemos intención de volver”, expresó el jueves el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan), Anders Fogh Rasmussen, cuando se le preguntó sobre la situación.
“Terminamos la operación el 31 de octubre. Evaluamos que habíamos hecho nuestro trabajo y que lo hicimos bien. Nuestra misión terminó”, declaró Rasmussen.
Había entonces una ambición para acabar con el coronel que no existe ante los nuevos señores de Trípoli.
Los enfrentamientos entre distintas milicias en varios puntos del país, incluida Trípoli, no son episodios aislados.
En Bani Walid, ex bastión del régimen de Kadhafi en el distrito de Misurata, cinco personas murieron en los violentos enfrentamientos que se produjeron entre el lunes y el martes. La noticia, luego desmentida, de que un grupo de leales al antiguo régimen había tomado la ciudad desató la alarma.
Síntomas. El enviado de la ONU a Libia, Ian Martin, en una comparecencia el miércoles ante el Consejo de Seguridad, mencionó el episodio como un síntoma más de la debilidad del gobierno a la hora de gestionar la reconciliación de todas las facciones que componen el complicado panorama político del país.
“El antiguo régimen puede haber sido derrumbado, pero la cruda realidad es que el pueblo libio vive aún con su arraigado legado”, declaró Martin. Una herencia que se expresa “en la debilidad de instituciones estatales, a veces ausentes, junto a la larga ausencia de partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil, que hacen la transición más difícil”.
“Las autoridades son incapaces de mantener el control sobre las milicias”, denunció Donatella Rovera, investigadora de Amnistía Internacional en Libia, que en las últimas semanas comprobó las consecuencias de la anarquía de las milicias en el oeste del país: la proliferación de centros de detención fuera del control de las autoridades, en los que los detenidos, durante y después de la caída de Kadhafi, son sometidos a abusos y torturas.
Los casos de presos muertos en estas cárceles se multiplican. “Yo estaba aquí en abril y ya entonces vimos personas torturadas. Pedimos a las autoridades que intervengan e investiguen. Pero, desde entonces, no se hizo nada”, apuntó Rovera.
Médicos Sin Fronteras (MSF) anunció el jueves la suspensión de sus actividades en los centros de detención en el distrito de Misurata después de que sus doctores se enfrentaran a la petición de curar a presos que habían sido torturados para que, una vez recuperados, pudieran volver a los interrogatorios.
Estos centros estaban bajo el control de las autoridades locales de Misurata, asegura Barth Janssens, director de operaciones de MSF.
Un responsable del gobierno interino libio rechazó las acusaciones de complicidad en los abusos e inacción ante las denuncias. “Son actos individuales”, aseguró.
Pero también la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, manifestó ante el Consejo de Seguridad su preocupación por la situación de unos ocho mil prisioneros, en su mayoría leales a Kadhafi e inmigrantes de origen subsahariano, detenidos durante los nueve meses de guerra civil por las milicias revolucionarias.
Como antes. La Libia posterior a Kadhafi evoca de distintas formas los tiempos del coronel: en alguna localidad, como Bani Walid, la población se levanta contra los nuevos dirigentes; mientras, en otros lugares, como Misurata, torturadores afectos al actual régimen se aplican a fondo.
“No estamos presentes en Libia y no tenemos intención de volver”, expresó el jueves el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan), Anders Fogh Rasmussen, cuando se le preguntó sobre la situación.
“Terminamos la operación el 31 de octubre. Evaluamos que habíamos hecho nuestro trabajo y que lo hicimos bien. Nuestra misión terminó”, declaró Rasmussen.
Había entonces una ambición para acabar con el coronel que no existe ante los nuevos señores de Trípoli.
La Voz del Interior, 28/01/2012
