Por Ernesto Rey
La jubilación es un problema complejo, que requiere rigor técnico en su planteo integral, honestidad profesional en quienes deben armar un marco jurídico sustentable y el funcionamiento efectivo de una justicia que limite los recurrentes saqueos del Poder Ejecutivo de turno.
Cuando en enero de 2007 el Gobierno descubrió los beneficios de cambiar la metodología del cálculo de la inflación y los títulos indexados comenzaron a perder valor, se descubrió una fórmula original de generación de riqueza para el Estado Nacional . De ser cierto, sería suficiente mérito para el Premio Nobel de Economía y una metodología digna de ser copiada por el resto de los países del mundo. El problema no menor a resolver sería la eliminación de la confianza como condición básica del comercio y del crédito internacional.
Se eligió estafar a los futuros jubilados, quienes tenían significativas partes de sus ahorros invertidas en activos indexados. Comunicadores y publicistas explicaron a la sociedad que eso era bueno, pues se pagaba menos al “extranjero expoliador y al especulador abusivo”. La responsabilidad de la caída del valor de esos activos fue trasladada a quienes habían elegido como protección del patrimonio de sus afiliados la deuda indexada de su país soberano. Tiempo después, sonó seductor afirmar que en lugar de prestar al país y a su industria, se invertía en paraísos fiscales.
Ni se mencionaba que el menú de inversiones posibles autorizadas era responsabilidad del organismo regulador -la Superintendencia de AFJP- , obviamente dependiente del mismo gobierno que criticaba esas decisiones de inversión. Probablemente ayudó en esta dirección que la mayoría de los afiliados pensara que en manos del Estado o de administradores privados igual lo iban a estafar.
Simultáneamente, varios de los dueños de AFJP eran potencialmente chantajeables por desarrollar otros negocios como el bancario o el de la medicina. En esos negocios les iba muy bien y tenían más para perder en caso de decidirse a dar batalla. En síntesis, si los estafados no parecían tan dispuestos a defender sus activos como había sucedido con los depositantes pesificados de plazos fijos del 2001, ¿para qué arriesgarse a perder el negocio principal con un Gobierno que aparentemente no reparaba en utilizar el apriete como alternativa para el logro de sus objetivos ? La estrategia del Gobierno fue excelente; los tiempos para hacer el cambio de un sistema vigente 14 años, cortísimos; y el objetivo principal, que no fue el stock de 100 mil millones de pesos de los aportantes, sino el flujo presente y futuro de los ingresos por aportes, se logró sin mayores dificultades ni conflictos sociales.
¿Y qué tenemos entonces hoy? La ANSeS, utilizando sus fondos para destinos varios, sin cancelar sus deudas por fallos firmes de la justicia y generando diariamente nuevos pasivos que no registra . Una Corte Suprema alabada por el establishment, la prensa y la sociedad política en general, pero sin instrumentos para hacer cumplir sus fallos.
Se destruyó un sistema jubilatorio (seguramente perfectible) ratificado meses antes por más del 75% de los aportantes, reemplazándolo por un indexado y hasta ahora eficiente sistema de subsidio a la vejez. Los aportes mensuales en la práctica se comportan como un impuesto al trabajo que se suma a la retención del impuesto a las ganancias y que grava básicamente ajustes de salarios por inflación .
El mensaje a la población que está lejos de la jubilación mínima y que más aportes realiza al sistema es: “que Dios te ayude y mejor preparate para tu vejez ahorrando por tu cuenta y eligiendo un abogado experto en juicios contra el Estado” . El mejor consejo que podemos dar a un joven que termina sus estudios y se inserta exitosamente en el mercado laboral es que arme su propia jubilación.
Será estafado, como fueron estafados sus padres y sus abuelos, por el principal saqueador argentino por décadas: el Estado Nacional.
La responsabilidad de quienes posiblemente deban legislar un nuevo y necesario sistema jubilatorio es fundamental para cambiar 60 años de historia previsional.
Igual responsabilidad debería asumir en su conjunto el Poder Judicial que no puede seguir haciendo declaraciones mientras los juicios crecen y los jubilados se mueren.
Quienes nos sentimos estafados y fundamentalmente aquellos que forman parte del establishment, tienen una clara responsabilidad ciudadana.
Hago una propuesta concreta a todos los partidos políticos, con la esperanza de que sea incorporada en sus plataformas: la eliminación del impuesto a los bienes personales a todos los jubilados, cualquiera sea el valor de sus activos . Estos activos fueron generados en su vida laboral. Han sido el fruto de decenas de años de esfuerzos y tienen derecho a disfrutarlos en un 100% hasta su muerte sin un saqueador privado o público que se los sustraiga.
Clarín, 15-3-11
