publican información sensible con mucho retraso.
Por Matías Longoni
La tarea de los expertos que pretenden realizar un análisis de l a realidad económica, social, previsional o laboral actualmente se ve dificultada o trabada por las conocidas sospechas y manipulaciones que pesan sobre el índice de precios al consumidor (IPC) que elabora y difunde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Pero a esto se suma que, a partir de la “intervención” política del secretario Guillermo Moreno a fines de 2006, el organismo dejó de difundir una serie de estadísticas. El panorama se completa con otra gran cantidad de información estadística a cargo de diferentes organismos del Estado que también dejaron de publicarse o están desactualizadas .
Uno de los sectores que sufre el mayor atraso estadístico es la Seguridad Social . El último informe sectorial que fue publicado por la ANSeS corresponde al cuarto trimestre de 2008. Se trata de un Boletín que suministra, entre otras cifras, el número de beneficiarios de la seguridad social, cantidad de aportantes, los pagos de las ex cajas provinciales y la ejecución de la caja del organismo.
Algunos de esos datos estaban siendo publicados también en el Boletín Estadístico de la Seguridad Social, que elabora la respectiva Secretaría que depende del Ministerio de Trabajo. Pero sucede que la última publicación es del primer trimestre de 2010. Son datos con un atraso de un año .
También se difunden con atraso varios datos laborales , como el número de beneficiarios de las prestaciones de desempleo o de los planes de empleo.
Por el lado del INDEC, además de dejar de elaborar el IPC Nacional, el organismo eliminó de sus trabajos el informe sobre la variación de los precios según quintiles de ingreso. Esa información permitía medir el impacto de la inflación según los distintos estratos sociales.
También suprimió la difusión de l os precios promedio de una lista de cincuenta alimentos y bebidas que servía como referencia de los valores relevados por los encuestadores. Y otra serie de estadísticas quedó bajo sospecha por la adulteración del índice de precios, como la evolución del PBI, el valor de la canasta básica, la pobreza e indigencia o tipo de cambio real. Además, de estos indicadores se desprenden conclusiones divergentes según se descuente la inflación oficial o las mediciones de los Institutos provinciales.
A su vez, los números desagregados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) sólo están disponibles hasta el segundo trimestre de 2010. Este atraso impide evaluar la evolución más reciente de otras variables, como la calidad del empleo.
El ocultamiento de información por la vía de la no actualización de los informes también alcanza al Ministerio de Economía: el último Boletín Fiscal publicado es del segundo trimestre de 2010. Allí suele haber datos importantes, como la evolución de la cantidad de empleados en el Gobierno Nacional. También está desactualizada -alcanza hasta 2008- la información sobre el “gasto público consolidado”, que permite tener una idea de cómo se gastan los recursos públicos en el conjunto Nación, Provincias y Municipios.
Esta situación alentó la “privatización” de las estadísticas, ya que ante el descrédito oficial, muchas consultoras privadas –sobre las que pesan intimaciones y multas-se lanzaron a cubrir esos baches. Pero lo hacen de manera parcial o incompleta ya que no disponen de las fuentes de información que sí tiene el Gobierno; o no cuentan con todas las estructuras para encarar esas tareas.
Clarín, 21-3-11
