PODRÍAN SOLICITAR
UNA LIGADURA DE TROMPAS
Mónica del Río
NOTIVIDA, Año XX,
Nº 1252, 1 de julio de 2021
Con 237 votos
afirmativos, 1 voto negativo (Esteban Bogdanich) y 1 abstención (Francisco
Sánchez), la cámara de diputados
le dio media sanción a la modificación de la Ley 26.130, de esterilización
quirúrgica, para que “todas las personas con discapacidad, sin excepción”,
tengan “derecho a brindar su consentimiento informado para acceder a
intervenciones de contracepción quirúrgica, por sí mismas y en igualdad de
condiciones con las demás personas”.
“Si se tratara de
persona con capacidad restringida por sentencia judicial y la misma no refiere
al ejercicio del derecho que otorga la presente ley, ella debe prestar su
consentimiento informado sin ningún impedimento”. “Si la sentencia de
restricción a la capacidad designa apoyo para el ejercicio del derecho previsto
en la presente ley, el consentimiento informado debe ser prestado por la
persona con discapacidad con la asistencia prevista por el sistema de apoyos
del artículo 32 del Código Civil y Comercial”.
Si bien en
Argentina no existen datos que permitan cuantificar las “esterilizaciones
forzadas” a personas discapacitadas, el proyecto se presentó como una forma de
acabar con ellas, por lo que obtuvo amplio respaldo.
Según explicó en
la reunión de la Comisión de discapacidad (13/11/2020) Sandra Vázquez,
directora de Casa FUSA (filial local de la IPPF), el tema venía siendo
trabajado desde hace tiempo por REDI (Red por los Derechos de las Personas con
Discapacidad) junto a FUSA y a ONU Mujeres.
En aquella
oportunidad también expuso la española Ana Peláez Narváez, comisionada de
Género del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y
miembro del Comité de seguimiento de la Convención sobre la Eliminación de toda
forma de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW). Peláez
Narváez abogó por los “derechos sexuales y reproductivos” de las mujeres con
discapacidad.
Con el lema
"Basta de esterilizaciones forzadas", además, un grupo de
organizaciones impulsó el año pasado una campaña solicitando la reforma de la
Ley. La iniciativa fue lanzada por la Asociación Civil por la Igualdad y la
Justicia (ACIJ), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), CLADEM Argentina, el Equipo
Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), y la Fundación para Estudio e
Investigación de la Mujer (FEIM).
En su intervención
en el recinto la diputada Silvia Lospennato (PRO, BsAs) dijo hoy que “estábamos
en mora al menos desde el 2012, cuando el Comité sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad de la ONU, instó a nuestro país a que modifique el
artículo 86 del Código Penal y la ley de esterilización quirúrgica, para que
las personas con discapacidad puedan acceder al aborto no punible y la
esterilización (Recomendación Nº 32, 1/10/2012).
Mientras que
Mónica Schlotthauer (Frente de Izquierda) exhortó a sacar tanto de esta ley
como de la de aborto, los artículos que permiten la objeción de conciencia.
En Argentina se
realizan gratuitamente ligaduras tubarias a mujeres mayores de 16 años sin
conocimiento de los padres ni de la pareja. En la Ciudad de Buenos Aires (un
distrito envejecido, con una tasa de fecundidad de 1.5), se practicaron 1584
ligaduras de trompas durante el 2020.
Repudiamos las
“esterilizaciones forzadas” a la par que recordamos que nadie es dueño del
cuerpo del otro, ni propietario absoluto del propio.
Aprovechamos para
reiterar que la moral natural exige la preservación de la integridad física. La
esterilización es en sí misma una mutilación corporal y cualquier mutilación va
en contra de la dignidad de la persona si no hay una causa que la justifique,
por ejemplo, la gangrena. La esterilización está “absolutamente prohibida según
la doctrina de la Iglesia” (“Quaecumque sterilizatio” (AAS LXVIII 1976).
