CRECE LA RESISTENCIA AL PROTOCOLO DE ABORTO
NOTIVIDA,
Año XVII, Nº 1068, 13 de noviembre de 2017
La
última sesión en la Cámara de diputados de la provincia comenzó -a raíz del Día
de la Tradición- con un homenaje a varios artistas entrerrianos, seguidamente
la diputada María Alejandra Viola apuntó: “distintos sectores nos encontramos
unidos en el recinto por la revalorización de la cultura ¿la cultura nos puede
unir más que la vida?” agregando que había llegado a la Cámara una nota donde
se pone en conocimiento de los legisladores el petitorio hecho por “el pueblo
entrerriano” al Gobernador Bordet para que deje sin efecto la Resolución
2883/17 por la que la provincia adoptaría el “Protocolo para la Atención
Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo”
(ILE). En las barras había militantes pro-vida y pro-aborto con pancartas.
Al
petitorio mencionado por Viola lo firmaron, entre otras asociaciones, el Foro
de la Familia, la Red de Familias entrerrianas, la Asociación de Pastores
Evangélicos y el Movimiento Encuentro Matrimonial. Al pedido de las
organizaciones se añadieron 17.164 firmas de particulares (manuscritas y
certificadas por escribano) y las de 5 diputados provinciales: Joaquín La
Madrid, María Alejandra Viola y Martín Anguiano (los 3 de Cambiemos), y los
justicialistas Gustavo Guzmán y Carmen Toller. Según Toller son más de 5
diputados que rechazan la Resolución del Ministerio de Salud.
En el
mismo sentido se manifestaron varios concejales de ciudades declaradas
“pro-vida” que piden que se respete la decisión de sus respectivos concejos
deliberantes.
El
gobernador Bordet guarda silencio y su enceguecida ministra avanza
Antes
de ser ministra de Salud de Entre Ríos Sonia Velázquez ocupó puestos de
relevancia en esa cartera y desde cada uno de ellos bregó, incansablemente,
para que la provincia adopte un protocolo irrestricto de aborto. A poco de
hacerse cargo del Ministerio -y sin sopesar siquiera los riesgos de desatar
semejante polémica en medio de una campaña electoral- la enceguecida
funcionaria dictó la Resolución 2883/17 que implementa el protocolo. El costo
político de la decisión de Veláquez se hizo patente en octubre.
Dejando
de lado las connotaciones morales del aborto y los falaces argumentos de sus
promotores, cabe destacar que la obsesión de Velázquez por el tema se pone de
manifiesto en los múltiples errores de su atolondrada resolución. Abundan los
yerros en los considerandos y el articulado, con sólo 2 artículos, tenía
errores en ambos, lo que obligó a la ministra a dictar otra resolución para
salvarlos (Res. Nº 3616/17).
Esto
revela dos cosas: la primera es que la ministra Velázquez supera el promedio de
errores/párrafo de cualquier funcionario público, y la segunda y más
inquietante es que, a menos que Bordet le ponga freno, está dispuesta a seguir
adelante pase lo que pase.
Muestra
de lo último es que recientemente Veláquez designó a Lucy Grimalt, miembro de
la “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto”, al frente del Programa
Provincial de Salud Sexual y Reproductiva.
