No ha dejado de
sorprender que mientras los argentinos, comenzando por su Presidenta, se
enorgullecen y admiran la llegada de monseñor Jorge Bergoglio a la silla de
Pedro y concurren desde los más distintos sectores de la sociedad a ponerse
bajo su manto protector, más de 60 diputados nacionales de numerosos partidos,
con clara mayoría oficialista, hayan apoyado en el Congreso un nuevo proyecto
de legalización del aborto cuando la defensa de la vida, y en particular de la
vida indefensa, es uno de los pilares del nuevo humanismo y, ciertamente, de la
doctrina de la
Iglesia Católica , que hoy encabeza Francisco.
El debate sobre el
aborto ya no admite otro tipo de interpretación que no sea la promoción de la
muerte de niños por nacer, cuyos derechos no serán respetados. Hoy no hay duda
alguna de que la unión entre el óvulo y el espermatozoide crea una vida
distinta de la de la madre en el propio útero, con ADN diferentes y específicos
para cada ser de esa relación. A ello se agrega que existen novedosos
procedimientos médicos de imágenes en varias dimensiones que dan cuenta
científicamente sobre la existencia concreta de un nuevo ser, lo que torna
fútiles todas las discusiones al respecto.
En esta oportunidad,
el proyecto fue presentado en la
Cámara baja por la presidenta del bloque del Frente para la Victoria , Juliana Di
Tullio, a quien acompaña con su firma una treintena de legisladores de su
bancada y otro número similar de diputados de diversos bloques aliados al
oficialismo y de la oposición. Como suele ocurrir con este tema, no todos los
partidos y alianzas tienen un discurso homogéneo. Los apoyos son transversales:
hay quienes dentro de un mismo bloque están de acuerdo y otros que no.
Entre los puntos
salientes de la iniciativa figura que toda mujer tiene derecho a interrumpir un
embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación requiriéndolo en
cualquiera de los servicios del sistema público de salud, en forma gratuita.
Estipula, además, que fuera de ese plazo, la mujer tiene derecho a decidir el
aborto si el embarazo fuera producto de una violación, acreditada con una
denuncia judicial o policial, o formulada en un servicio de asistencia
sanitaria y, también, si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer,
así como si existieran malformaciones fetales graves. Y que, en el caso de una
menor de 14 años, se necesitará el asentimiento de por lo menos uno de sus
representantes legales para poder abortar.
No es la primera vez
que se presenta una iniciativa para legalizar el aborto sobre la base del
derecho de la mujer a su propio cuerpo y de evitarle que pierda la vida en
operaciones clandestinas. Nada se contempla respecto del derecho a vivir que le
asiste a la persona por nacer. El camino no es matarla, sino ayudarlas a ella y
a su madre a seguir adelante con el embarazo y, en última instancia, dar ese
niño en adopción siendo tantas las parejas en el país que quieren convertirse
en padres.
Tampoco es ni justo
ni humano procurar el paliativo de las mujeres que han sido víctimas de una
violación eliminando la vida de otra persona que, como dijimos, es la más
indefensa de todas. Ni siquiera se sostiene el infundado argumento de las
muertes de madres por abortos clandestinos, cuyas estadísticas manipulan tan
arbitraria como alegremente defensores de la iniciativa.
Al respecto, resulta
reveladora la ponencia realizada ante la Organización de las
Naciones Unidas, en septiembre del año pasado, por el investigador chileno
Elard Koch, director del instituto Melisa, en Chile, referido a su país y a
México. En esa oportunidad, Koch demostró cómo la mortalidad por aborto se
redujo en un 99 por ciento en Chile a lo largo de los últimos 50 años, siendo
en la actualidad del 0,4% por cada 100.000 niños nacidos vivos. Sostuvo el
científico que la mayoría de las legislaciones abortistas se basan en
argumentos emocionales y no científicos y que, en Chile, con ley de
legalización del aborto de 1931, derogada en 1989 sobre la base de programas
para favorecer y proteger la maternidad y la salud del niño, pero por sobre
todo la educación a la madre, se bajaron estadísticamente las muertes en la
forma indicada, contando por cierto con el debido aporte de recursos del
Estado. Lo mismo sucedió en México, en los últimos cinco años, en los distritos
que prohíben el aborto. Koch afirmó, además, que el 98% de las causas de
mortalidad materna no tienen ninguna relación con el aborto, sino que son
consecuencia de la hemorragia, la eclampsia, la hipertensión y de otro tipo de
patologías.
Estos estudios
demuestran que el aborto nunca es solución. De 3491 mujeres con embarazos no
deseados, sólo 507 eligieron abortar allí y 2984 tuvieron el niño. De ellas, el
79% optó por quedarse con el hijo y el 3,5%, por darlo en adopción.
Por otro lado, el
argumento de que miles de mujeres fallecen por abortos clandestinos ni siquiera
tiene en cuenta la cantidad de personas por nacer que mueren en crueles
prácticas en las que muchas madres sobreviven. ¿No tienen acaso derechos esos
seres humanos? ¿Sólo las madres los tienen?
La política de Estado
para la defensa de la vida, de la educación y la protección de la mujer
embarazada, y el fomento de la adopción dberían ser las verdaderas metas por
alcanzar. El discurso emocional y demagógico, sin respaldo científico alguno,
es propio del egoísmo y lo contrario al nuevo humanismo que defiende la vida
como el primero de los derechos humanos. Como ya hemos sostenido desde estas
columnas, defender esos derechos implica una acción de amplio alcance, pensada
en positivo, en favor del principio de la vida. No hay ningún fundamento
racional ni humano que justifique que, para garantizar el derecho a la vida de
unos, haya que promover la cultura de la muerte.
