presidente del Colegio de Médicos de Madrid:
«El
aborto ya es la primera causa de muerte en el mundo»
(UCV/Infovaticana)-25-5-22
La Universidad
Católica de Valencia ha celebrado una jornada sobre el derecho a la objeción de
conciencia en España. La sesión coincide con la reciente presentación por parte
del Ministerio de Igualdad de la nueva ley del aborto, que establece que todos
los hospitales públicos con servicio de ginecología y obstetricia cuenten con
profesionales que puedan practicar interrupciones de embarazos.
El acto estuvo
presidido por el cardenal arzobispo Antonio Cañizares, quien ha afirmado que
“el aborto es una gran barbaridad, como también la disposición del Gobierno a
sancionar -incluso con pena de prisión- a quienes en las inmediaciones de las
clínicas abortistas aconsejan que no se practique. El Papa lo dijo hace unos
días: el aborto es un crimen abominable, supone eliminar al propio hijo”. En este sentido, el gran canciller de la UCV
ha agradecido que se celebre una jornada sobre la objeción de conciencia, “sin
la cual iríamos a una sociedad sin ley, sin derecho y sin razón, dejándose
conducir simplemente por ideologías y por poderes económicos o políticos”.
El encuentro ha
reunido al presidente del Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM), Manuel
Martínez-Sellés; la presidenta de la Asociación para la Defensa del Derecho a
la Objeción de Conciencia (ANDOC), Eva Martín; y al catedrático de Derecho
Constitucional de la Universidad de Valencia, Vicente Garrido. Ha moderado la
mesa de expertos el director del Observatorio de Bioética de la UCV, Julio
Tudela, en un acto en el que ha participado el rector de la UCV, José Manuel
Pagán.
Manuel Martínez
Sellés: “Cualquier trabajador puede acogerse a este derecho -desde el celador
que se opone a trasladar un paciente a toda una institución”
Martínez Sellés
comenzó su intervención con dos aclaraciones: en el ámbito sanitario, cualquier
trabajador puede acogerse a este derecho -desde el celador que se opone a trasladar
un paciente a toda una institución- y puede aplicarse ad casum, es decir, aun
sin haberse apuntado a un listado previamente, “algo clave que tanto la ley de
eutanasia como el anteproyecto de ley de aborto pretende relegar”.
Asimismo, el
presidente del ICOMEM, ha subrayado que, pese a sus últimas actualizaciones, el
juramento hipocrático prohíbe el aborto y la eutanasia, del mismo modo que el
código deontológico médico en España, que avala la defensa de la vida desde el
momento de la concepción: “El ser humano es un fin en sí mismo en todas las
fases del ciclo biológico y los médicos estamos obligados en todas nuestras
actuaciones a salvaguardar la dignidad y la integridad de las personas. De
hecho, algunos países como Estados Unidos y Polonia que legalizaron el aborto
mucho antes que nosotros están volviendo atrás”.
El cardiólogo y
catedrático universitario ha advertido, en este sentido, de las estadísticas
recientes, que “sólo tienen en cuenta los abortos tradicionales sin contar los
que se practican con ayudas farmacológicas; aun así, el aborto ya es la
primera causa de muerte en el mundo y España; casi todos se realizan sin
motivos clínicos que los justifique bien”.
Martínez Sellés se
ha referido también a la eutanasia, legislada en contra del código
deontológico: “Desde los colegios de médicos no podemos sancionar a los que la
practican porque actúan amparados por la ley. Sin embargo, tanto la Asociación
Médica Mundial como el Comité de Bioética condenan firmemente a la eutanasia y
al suicidio con ayuda médica. Hay una intención clara del Gobierno de que se
realicen eutanasias en España, como se percibe en el último examen MIR, que
incluye una pregunta en las que las cuatro posibles respuestas, tres son de la
eutanasia y una de suicidio asistido”.
El médico
madrileño viene denunciando desde hace tiempo el ataque sistemático contra la
objeción de conciencia, tal y como contó en una entrevista para Infovaticana.
El catedrático de
Derecho Constitucional, Vicente Garrido Mayol, ha incidido en que no hace falta
una regulación jurídica específica para poder ejercer el derecho a la objeción
de conciencia: “Aunque no esté expresamente reconocida en la Constitución, cabe
entenderla comprendida en la libertad ideológica y religiosa, proclamada en su
artículo 16. Con ella se pretende preservar la integridad moral, la más íntima
conciencia de la persona debida a poderosas creencias relacionadas con la vida
y la dignidad del ser humano”.
Igualmente,
Garrido Mayol ha expresado que, pese a plantear diversos problemas -tales como
la concreción de quiénes pueden invocarla y ejercerla, y en relación con qué
actividades- en España “está clara en relación con la interrupción voluntaria
del embarazo y con la eutanasia”.
Eva Martín,
presidenta de la Asociación para la Defensa del Derecho a la Objeción de
Conciencia (ANDOC), ha destacado que la objeción de conciencia “es un derecho
unido a nuestra dignidad humana: no lo dan sólo las leyes ni los tratados
internacionales, no es una cuestión de derechas ni de izquierdas, sino el hecho
de ser personas”.
Igualmente, ha
apelado a que este derecho sea defendido “por las sendas jurídicas sin miedo,
con respeto y tolerancia, huyendo de posiciones enfrentadas. Los colegios
profesionales deben tomar una postura clara en defensa de sus colegiados
objetores, dándoles todo el apoyo que necesiten. Nuestra postura debe ser
valiente, segura y decidida cuando nos intenten imponer, manipular
políticamente y situarnos en contra de la salud”, ha concluido.
Por su parte, el
director del Instituto de Ciencias de la Vida de la UCV, Julio Tudela, ha
recordado que defender el derecho al ejercicio de la objeción de conciencia “va
más allá del intento de proteger la esfera de las convicciones morales íntimas”
y que “lo legal no siempre es lo éticamente lícito”.
Es entonces cuando
la objeción de conciencia “constituye la última salvaguarda de los derechos
fundamentales de las personas que pueden ser, en situaciones de indefensión,
víctimas de procedimientos éticamente ilícitos amparados por la ley”. No se
trata, por tanto, “de una opción caprichosa del personal sanitario que objeta,
sino la legítima opción que se dirige a proteger a quien la ley deja
desprotegido de manera injusta.
