Radiografía del proyecto de ley antiaborto
Tommaso
Scandroglio
Brújula cotidiana,
05-05-2022
Volvemos al
proyecto firmado por el juez Samuel Alito del Tribunal Supremo de los Estados
Unidos, que pretende anular tanto la sentencia Roe vs Wade de 1973 que legalizó
el aborto en todo el país, como la sentencia Casey vs Planned Parenthood de
1992 que, en esencia, confirmó la estructura de la primera sentencia. Hay que
señalar que se trata de un primer borrador redactado en febrero, al que
probablemente han seguido otros.
El dictamen sobre
estas dos sentencias parte de la decisión del Tribunal de Apelaciones del
Quinto Circuito, que declaró inconstitucional una ley de 2018 de Misisipi
(Gestational Age Act), que establece la prohibición del aborto después de la
15ª semana de gestación, salvo en dos casos especiales. Los que se oponen a la
decisión del Tribunal de Apelación piden que se revise la legalidad de las
sentencias Roe y Casey. Y así lo ha hecho el Tribunal Supremo. El litigio en el
Tribunal sigue abierto y se cerrará a finales de junio o principios de julio,
por lo que aún se puede revisar tanto la decisión sobre la ley de Misisipi como
las sentencias del proyecto.
Empecemos por la
decisión que han firmado los cinco jueces republicanos: “Creemos que Roe y
Casey deben ser anulados. La Constitución no hace referencia al aborto, y
ningún derecho de este tipo está implícitamente protegido por ninguna
disposición constitucional” (p. 5). Vamos a analizar el razonamiento de
esta decisión, aunque antes conviene hacer una aclaración. Alito escribe en el
dictamen: “Nuestra decisión no se basa en ningún juicio sobre cuándo un Estado
debe considerar que la vida prenatal tiene derechos o intereses legalmente
reconocibles” (p. 29). Por lo tanto, el Tribunal de Justicia deja en manos de
cada Estado la cuestión de la posible subjetividad jurídica del niño por nacer
y, a partir de ahí, su estatuto personal. Las dos sentencias mencionadas son
ilegales por otras razones que examinaremos brevemente a continuación.
LA TRADICIÓN
JURÍDICA
Los jueces de la
sentencia Roe legalizaron el aborto apoyándose en el principio de privacidad,
que implícitamente derivaba de otro principio contenido en la Decimocuarta
Enmienda: el principio de libertad. Pero
los actuales magistrados del Tribunal Supremo, además de señalar que en ninguna
parte de la Constitución se menciona el derecho al aborto, lo tienen fácil para
explicar que era imposible que los redactores de esa enmienda incluyeran el
aborto en el concepto de libertad: “En 1868, cuando se ratificó la Decimocuarta
Enmienda, tres cuartas partes de los Estados, 28 de 37, habían promulgado leyes
que convertían el aborto en un delito” (p. 23). Los demás Estados promulgaron
leyes similares en los años siguientes. Como prueba de ello, el Tribunal, en
los Apéndices A y B, cita extractos de 50 leyes que castigaban el aborto. Por
lo tanto, la Decimocuarta Enmienda no protege la libertad de abortar: “Al
emprender esa indagación [sobre el concepto de libertad] en este caso, la
respuesta obvia es que la Decimocuarta Enmienda no protege el derecho al
aborto” (p. 14).
Esta tradición
legal pro-vida se mantuvo en gran medida intacta hasta Roe: “En el momento de
Roe, 30 estados todavía prohibían el aborto en todas sus fases” (p. 2). ¿Por
qué motivo? “Hay muchas pruebas de que la aprobación de estas leyes fue [...]
estimulada por la creencia sincera de que el aborto mata a un ser humano” (p.
29). Por lo tanto, el Tribunal sostiene que "la conclusión ineludible es
que el derecho al aborto no está en absoluto profundamente arraigado en la
historia y las tradiciones de la Nación” (p. 24), entre otras cosas porque, por
el contrario, existe “una tradición ininterrumpida de prohibición penal del
aborto [...] desde los primeros tiempos del common law hasta 1973. […] Hasta la
última parte del siglo XX, la legislación estadounidense no apoyaba el derecho
constitucional al aborto. Cero. Ninguna. Ninguna disposición constitucional
estatal reconocía tal derecho. Hasta unos años antes de Roe, ningún tribunal
federal o estatal había reconocido tal derecho. Tampoco hubo ningún tratado
académico del que tengamos conocimiento” (pp. 24-25; p. 15) que lo reconociera.
Esto significa que el Tribunal en 1973 inventó desde cero que el aborto era un
derecho, porque no había apoyo ni en la Constitución ni en la tradición de la
common law estadounidense.
ANTIDEMOCRACIA
Por lo tanto, esa
decisión parece claramente antidemocrática porque es arbitraria, apodíctica en
su premisa: “Al no tener más que un ‘poder judicial bruto’, el Tribunal ha
usurpado la facultad de abordar una cuestión de profunda importancia moral y
social que la Constitución confía inequívocamente al pueblo. […] El Tribunal
cortocircuitó el proceso democrático al impedir que un gran número de
estadounidenses que disentían de diversas maneras de Roe participaran en él”
(p. 40). Esta actitud impositiva es también característica de la sentencia
Casey, que “afirmó la autoridad para imponer una solución permanente a la
cuestión del derecho constitucional al aborto simplemente diciendo que la
cuestión estaba cerrada” (pp. 63-64).
Los jueces del
Tribunal Supremo también señalan que la estructura de la decisión Roe se
asemeja más a una ley que a una sentencia. Otra prueba de que los jueces se
transformaron en parlamentarios: “Sin ninguna base en el texto constitucional,
la historia o los precedentes, ha impuesto a todo el país un conjunto detallado
de normas muy similares a las que cabría esperar encontrar en una ley o un
reglamento” (p. 42).
LA LIBERTAD
Como hemos visto,
Roe basó la legitimidad del aborto en el concepto de libertad, que, sin
embargo, hasta entonces nadie había ampliado para incluir el derecho al aborto.
La sentencia Casey también basa el presunto derecho al aborto en el mismo
concepto, que –como se lee en el texto de la propia sentencia- corresponde a la
posibilidad de tomar “decisiones íntimas y personales. […] En el corazón de la
libertad está el derecho a definir el propio concepto de la existencia, del
sentido del universo y del misterio de la vida humana”. (p. 30) Alito, sin
embargo, señala correctamente que “la facultad de actuar sobre la base de tales
convicciones puede corresponder a una de las muchas concepciones de ‘libertad’,
pero ciertamente no es la ‘libertad ordenada’” (p. 30) que es un concepto
básico del sistema jurídico estadounidense. “La libertad ordenada pone límites
y define la frontera entre los intereses en conflicto. Roe y Casey lograron el
equilibrio particular entre los intereses de una mujer que desea abortar y los
intereses de lo que llamaron ‘vida potencial’” (p. 31).
Para el Tribunal,
esta ponderación de intereses no puede dejarse en manos del tribunal supremo,
sino de los parlamentos locales: “Las personas de los distintos estados pueden
ponderar estos intereses de forma diferente. Los votantes de algunos estados
pueden considerar que el derecho al aborto debe ser incluso más amplio que el
reconocido por Roe y Casey. Los votantes de otros estados pueden querer imponer
severas restricciones basándose en su creencia de que el aborto destruye un
‘ser humano no nacido’. La concepción histórica de nuestra nación de la
libertad ordenada no impide que los representantes elegidos por el pueblo
decidan cómo regular el aborto” (p. 31). De ahí la citada decisión final: “La
Constitución no prohíbe a los ciudadanos de ningún Estado regular o prohibir el
aborto. Roe y Casey se han arrogado esa autoridad. Ahora revirtamos esas
decisiones y devolvamos esa autoridad al pueblo y a sus representantes
elegidos” (p. 67).
