6 millones de
dólares para hacer avanzar su agenda global
WASHINGTON, D.C.
13 de Mayo (C-Fam)
Un nuevo informe
está urgiendo a los filántropos a invertir más de 6 mil millones de dólares en
organizaciones feministas para 2026, aproximadamente mil quinientos millones de
dólares por año, como una forma de “llevar a cabo los cambios transformadores
que los donantes buscan”. Para probar que tal inversión sería efectiva, el
informe cita las recientes leyes de liberalización del aborto en Argentina,
Irlanda y México.
El informe
caracteriza éstas como “victorias concretas” por movimientos feministas, a los
cuales describe como “manteniéndose firmes activamente contra el ataque
coordinado de los movimientos antiderechos que están haciendo retroceder
victorias duramente ganadas, sean en Texas en los EEUU, Polonia, Austria o
Ghana”.
El estado de Texas
fue mencionado específicamente en el informe porque aprobó una ley que prohíbe
el aborto después de que se pueda detectar el latido del corazón del feto. El
Tribunal Supremo de los EEUU rechazó una impugnación a esa ley y ahora está
considerando si el aborto es o no en absoluto un derecho constitucional. Unos
pocos días antes de que el informe se presentase, un borrador de la opinión del
Tribunal Supremo fue filtrado, indicando la intención del tribunal de anular
Roe v. Wade, la decisión que en 1973 legalizó el aborto durante todas las
etapas del embarazo en los EEUU como un derecho constitucional.
De acuerdo a
Devex, estas noticias “enviaron ondas de choque a través de la comunidad del
derecho al aborto” e incitó más llamadas para financiar causas feministas
alrededor del mundo, dada la influencia global de los EEUU.
Como un ejemplo de
la “erosión de los derechos y política progresista”, el informe menciona la
Declaración del Acuerdo de Ginebra, en la cual más de 30 países reafirmaron que
el aborto no es un derecho humano y que la familia es la “unidad natural y
fundamental de la sociedad”. La declaración conjunta fue dirigida por los EEUU
bajo la administración Trump, hasta que el Presidente Joe Biden rescindió el
apoyo de los EEUU. A la coalición del Acuerdo de Ginebra, a quien el informe
feminista denuncia como “fuerzas antiderechos”, se le atribuye el impedir
“mayores avances en compromisos sobre educación sexual integral, derechos
sexuales y derechos LGBTQI+”.
Aparte del aborto,
el informe deja claro que los miles de millones que pide irían hacia la
promoción de la ideología de género. De acuerdo a su lista de definiciones,
“[m]ujeres, muchachas y gente no binaria es una categoría inclusiva que se
refiere a mujeres y muchachas cis y transgénero y personas que se identifican
como no binarias”.
Para contrarrestar
el sufrimiento causado por el patriarcado, capitalismo y otras causas, los
autores escriben que “los líderes feministas y los esfuerzos deben ser
financiados en abundancia”.
Los autores del
informe califican a las organizaciones feministas como “significativamente
infrafinanciadas” de acuerdo a una investigación de AWID, un grupo feminista,
que cuenta entre sus propios donantes a la Fundación Ford, la Fundación Open
Society, y la Agencia de desarrollo internacional sueca.
El informe fue
publicado por el Grupo Bridgespan, el cual aconseja a donantes y organizaciones
sin ánimo de lucro a promover el cambio social, y “Shake the Table”,
anteriormente conocida como “Imaginaciones Feministas”, las cuales buscan
dirigir la financiación hacia la “justicia racial, de género y económica”.
El desarrollo del
informe fue apoyado por la Fundación Bill y Melinda Gates, la cual prometió 2,1
mil millones de dólares, durante cinco años para la igualdad de género el año
pasado, en el Foro de Igualdad de Género de la ONU en París. A pesar de los
primeros intentos para eludir el asunto del aborto, la Fundación Gates tiene
una larga historia de grupos financiadores que promueven el aborto alrededor
del mundo.
En respuesta a la
opinión filtrada del Tribunal Supremo, Bill Gates tuiteó que la revocación de
Roe v. Wade “nos llevaría 50 años atrás”. Su anterior esposa Melinda asimismo
denunció “la restricción de acceso a los servicios de salud reproductiva”.
