TIENE DICTAMEN
NOTIVIDA, Año XX,
Nº 1246, 6 de mayo de 2021
La Banca de la
Mujer le dio dictamen a los proyectos que intentan otorgarle jerarquía
constitucional a la Convención de Belem do Pará, el tratado internacional
preferido por los abortistas americanos. El tema quedó listo para ser debatido
en el recinto. En soledad la tucumana Elías de Pérez levantó la bandera de la
vida.
Como anticipamos
ayer, la comisión de Asuntos Constitucionales despachó los proyectos que pretenden darle rango
constitucional a la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer”, más conocida como Convención de Belem
do Pará. Hoy los trató la comisión Banca de la Mujer y quedaron listos para
llegar al recinto.
La iniciativa
partió de los expedientes de Norma Durango (S 99/2020) y Gladys González (S
179/2020). Ambas senadoras habían hecho presentaciones similares en periodos
parlamentarios anteriores.
Advertimos desde
hace décadas que “violencia contra la mujer” o “violencia de género” es una
herramienta de la “cultura de la muerte” para imponer “derechos sexuales y
reproductivos”, lo que incluye el aborto. Esto ha quedado de manifiesto en los
últimos años porque cada vez que hubo reticencias para practicar un aborto, el
feminismo alegó “violencia contra la libertad reproductiva” o “violencia
institucional”. Esta interpretación ideologizada de la violencia se izaría
ahora hasta la cúspide de la pirámide jurídica.
Recordemos que en
el año 2017, en el marco de las revisiones periódicas a los estados, el Comité
de Seguimiento de la Convención (CEVI) instó “al Estado argentino a realizar
todos los esfuerzos necesarios para que el proyecto (de aborto) se convierta en
ley, de conformidad con la Convención y con la recomendación Nº 10 del Segundo
Informe Hemisférico”.
El debate en la
Banca de la Mujer
Guadalupe
Tagliaferri (PRO, Ciudad de BsAs): tras aclarar que está totalmente de acuerdo
con la iniciativa, reprochó el trámite exprés que tuvo el proyecto para poder
llegar al recinto la semana que viene, señalando entre otras cosas que el
adelantamiento de la reunión de comisión impidió la presencia de varias de sus
integrantes.
Norma Durango
(Peronismo Pampeano) reiteró que celebra el tratamiento del proyecto que le
otorga jerarquía constitucional a un instrumento que “protege a las mujeres de
la violencia”. Destacó que es el primer tratado internacional con naturaleza
vinculante. “Los estados que lo firmaron se comprometieron a revisar su
legislación y Argentina lo viene haciendo”.
Anticipó que intentarán ponerlo en el temario de la próxima sesión.
Gladys González
(PRO, BsAs): considera que elevar el nivel de la Convención es jerarquizar “el
derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencias”.
Ma. de los Ángeles
Sacnún (Fdt, Sta.Fe): mencionó la importancia que tiene que “los derechos se
hagan efectivos”. Aseguró que las condiciones de encierro de la pandemia
hicieron crecer los índices de violencia y mencionó que hace falta construir
una mayoría calificada para poder aprobar el proyecto.
Ma. Inés Pilatti
Vergara (Fdt, Chaco): confesó que creía que la Convención ya estaba incorporada
a la Constitución. Según la chaqueña en el Consejo de la Magistratura exigen
tener algún curso sobre violencia contra la mujer y todos recitan la Convención
de Belén do Pará, pero después hacen agua en perspectiva de género. Exhortó a
seguir trabajando en ese sentido.
Silvina García
Larraburu (FdT, Río Negro): manifestó que hay “un abismo” entre lo que se dice
y lo que hace la justicia que revictimiza a las mujeres. Solicitó que la pata
judicial del Estado también tenga perspectiva de género.
Inés Blas (FdT,
Catamarca): mencionó que durante la pandemia se ha potenciado el contexto
patriarcal y que hay mujeres que pierden la vida por una cuestión de género.
También señaló que hay deficiencias en la justicia.
Silvia Elías de
Pérez (UCR, Tucumán): dijo que nadie pone en tela de juicio que se debe acabar
con la violencia contra la mujer, pero para poner en la Constitución un tratado
éste debe reflejar el pensamiento de toda la sociedad. Destacó que el Comité de
expertas que creó la Convención considera tortura a un embarazo no planificado
y trato cruel e inhumano al que se le da a una mujer cuando no puede acceder a
un aborto. Explicó que van a plantear algunas cuestiones interpretativas para
que erradicar la violencia no signifique avanzar sobre la vida de alguien no
planificado. Anticipó que no iba a firmar el dictamen.
Durango le
contestó que el aborto ya es ley y que no lo van a volver a discutir.
Ma. Eugenia Duré
(FdT, T. del Fuego) resaltó que es el primer tratado vinculante que pone a la violencia
de género como una violación a los derechos humanos.
Silvia Sapag (FdT,
Neuquén): afirmó que la violencia contra la mujer está naturalizada.
Beatriz Mirkin
(FdT, Tucumán): narró con sorpresa que un abogado que se presentó a rendir
examen en el Consejo de la Magistratura no sabía lo que es el “techo de
cristal”.
