NOTIVIDA, Año
XIX, Nº 1160, 23 de mayo de 2019
CASO RODRÍGUEZ
LASTRA: COMUNICADO DE LA RFF
Ante el
veredicto de culpabilidad dado a conocer el 21 de mayo de 2019, por el Juez
Álvaro Meynet, con relación al Dr. Leandro Rodríguez Lastra en la causa que
insólitamente se le sigue por no haber eliminado a un niño por nacer de más de
23 semanas de gestación y peso superior a los 500 grs. al momento de su
intervención -decisión que tomó junto con un equipo profesional y la Dirección
del Hospital- la Junta Ejecutiva Federal de la Red Federal de Familias DECLARA:
Que el veredicto
es repudiable en su conjunto, ya que erróneamente atribuye un inexistente
incumplimiento de deberes de funcionario público en relación con un profesional
médico que, ante la situación de aborto medicamentoso en curso, con riesgo
concreto para la madre y, obviamente, para el niño por nacer, puso su ciencia y
arte al servicio de la vida y salud de ambos pacientes, logrando la estabilización
de la primera, y el nacimiento del segundo, luego dado en adopción.
Tal proceder es
el que mejor concilia con las reglas del arte de curar, así como con las
disposiciones de las normas de jerarquía constitucional que tutelan el derecho
intrínseco a la vida de todo niño, desde la concepción, y que obligan al
Estado, en la máxima medida posible, a garantizar la supervivencia y desarrollo
de la persona por nacer.
Ese es el rol de
garante que es dable exigir al Estado -en todos sus niveles-, y de ninguna manera
la puesta a disposición de medios y condiciones para la eliminación de seres
humanos inocentes por medio del aborto provocado.
No existe, ni
puede existir, el “deber legal” de matar a un inocente por medio del aborto,
nadie puede ser compelido a ello, ni castigado por no hacerlo. Salvar vidas no
es delito.
La práctica del
aborto directamente provocado no es un “acto médico”, ni una “prestación médico
profesional” exigible, como equivocadamente se pretende en el veredicto, sino,
como reiteradamente lo ha señalado la Academia Nacional de Medicina, es
precisamente lo contrario de la Medicina misma. Por lo tanto, nunca puede
requerirse su realización a un profesional de la salud, ni en el ámbito estatal
ni en la esfera privada.
Por el
contrario, si hemos de buscar (y encontrar), a la luz del artículo 248 del
Código Penal invocado en el veredicto, responsables por el dictado o ejecución
de resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales,
indudablemente ello nos lleva a ponderar la conducta de quienes elaboraron y
sancionaron la ley provincial 4796, llamada “Atención sanitaria en casos de
abortos no punibles” y su decreto de promulgación N°1568, pues con dicho cuerpo
normativo se contradice directamente la letra y el espíritu del artículo 2° de
la Ley N° 23.849, los arts. 1, 3, 6 y concordantes de la Convención sobre los
Derechos del Niño y el artículo 3° de la Ley N° 26.061, que protegen la
inviolabilidad de la vida de todo niño desde su concepción y garantizan la
prevalencia de su interés superior “frente a otros derechos e intereses
igualmente legítimos”.
Desde otra
perspectiva, no puede dejar de señalarse que, por su contenido, el veredicto
entraña una no disimulada amenaza para los profesionales del arte de curar que,
fieles a su juramento hipocrático, se opongan o no cooperen -directa o
indirectamente- con una práctica homicida contraria a los principios fundantes
de la Medicina.
De acuerdo al
razonamiento del juez Meynet, debe juzgarse como valiosa la decisión de acudir
al sistema público de salud de la Provincia en procura de un aborto y, en
cambio, ha de considerarse como disvaliosa la determinación del médico de
poner, por encima de cuestionables disposiciones legales y reglamentarias, el
cumplimiento de su deber profesional conforme a las reglas del arte de curar y
a los principios de la Medicina, así como el respeto por normas de jerarquía
constitucional. Por haber sido fiel a ellos y por haberlos aplicado con
escrupulosa precisión y buen resultado, Rodríguez Lastra se hace acreedor ahora
a una condena de naturaleza penal.
La Red Federal
de Familias reafirma, por medio de su Junta Ejecutiva Federal y en concordancia
con sus principios, la existencia de vida –y vida como sujeto de derechos– del
niño por nacer, igualmente estimable que la de su madre pero sujeta a
particular amparo en virtud del principio de “superior interés” que le es
aplicable a los niños, a causa de su especial desprotección y por mandato, no
sólo del derecho natural sino, también y en concordancia con él, de la
Constitución Nacional, de los Tratados internacionales vigentes y del derecho
positivo local dictado en consecuencia.
Concordantemente
sostiene que no es posible poner en igual rango la vida humana y los mal
llamados derechos sexuales y reproductivos, cualquiera sea el aspecto bajo el
que éstos se consideren, y mucho menos hacer prevalecer éstos sobre aquélla,
puesto que la vida humana es el supuesto de todo derecho subjetivo.
Contrariamente a lo que dice el Dr. Meynet, la sentencia que se dicte decidirá
a favor o en contra de la opción de salvar la vida del niño y de la madre,
frente a otra que suponía acabar con la vida de éste y poner en riesgo
inminente la salud y la vida de la madre.
Asimismo, la Red
Federal de Familias reitera lo ya declarado, en el sentido de que, ni siquiera
en el caso de violación, el recurso al aborto significa una ayuda para la mujer
gestante, puesto que la expone a serios riesgos y daños, tanto en su salud física
como en su salud psíquica, la que se verá irremediablemente afectada por el
conocido síndrome post aborto, que causa verdaderos estragos en la salud mental
de las mujeres que han abortado y su entorno.
El Dr. Leandro
Rodríguez Lastra fue declarado culpable de haber evitado un aborto y, como
consecuencia, haber salvado la vida y la salud de la madre y del niño en
gestación, lo que supone evidentemente un ataque a todo principio de razón y de
justicia y la consumación de una flagrante iniquidad.
Esto es un
crimen contra la razón y tal crimen es peor, más grave, que el mismo aborto que
ellos dicen que tendría que haber realizado el Dr. Rodríguez Lastra.
Una condena así
sienta un gravísimo precedente pues no sólo afecta al encausado sino la
dignidad profesional y personal del hombre, al que pone en la situación de
simple ejecutor de leyes inconstitucionales, al margen de lo que dictan los
principios superiores del orden natural y la propia conciencia.
Aceptar un
pronunciamiento de esta índole, fundado en tales principios, implica someterse
a la esclavitud más terrible que haya conocido la historia: la esclavitud de la
conciencia.
Por lo tanto,
La RED FEDERAL
DE FAMILIAS, por medio de su Junta Ejecutiva, REPUDIA enérgicamente la
declaración judicial de responsabilidad penal contenida en el veredicto del
Juez Meynet, e invita a la sociedad argentina, a sus representantes, a los
órganos de los poderes de gobierno y las asociaciones políticas, religiosas y
de bien común, a rechazarlo y a expresar su repudio. Simultáneamente hace
pública su adhesión a la actuación del Dr. Leandro Rodríguez Lastra y lo
felicita calurosamente por haber cumplido con el deber de salvar las dos vidas.
