EL V INFORME DEL
OBSERVATORIO SOBRE LA
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN EL MUNDO CENTRADO EN LA
"INJUSTICIA LEGAL"
de Stefano Fontana
(10-12-13)
Se habla tanto --y
con razón-- de crisis económica, pero según el V Informe sobre la Doctrina social de la Iglesia en el mundo del
Observatorio Cardenal van Thuân --hoy en librería gracias a Ediciones
Cantagalli--, hay una crisis oculta, sutil pero muy invasiva y
desestabilizadora: la crisis jurídica o, como dice el Informe, la
"injusticia legal".
Si los Tribunales internacionales de justicia
entran con la pierna en alto a definir quién es persona, si los jueces
ordinarios eliminan con sus sentencias las leyes y sustituyen los Parlamentos;
si las Constituciones son ahora el terreno de ásperas disputas en lugar del
reconocimiento común de algunos valores naturales, entonces estamos ante una
profunda crisis jurídica, que luego se extiende a todas las relaciones sociales
y económicas, lo que explica en gran medida la crisis actual: según el Informe
se multiplican las normas, pero se menoscaba la ley, y con más frecuencia el
verdadero Estado de derecho está en crisis, incluso en las democracias
occidentales.
Según lo afirmado por
Mons. Mamberti en un discurso ante la
ONU del cual se da cuenta en el Informe, el derecho se
desvanece en la ley e, inevitablemente, la ley se desvanece a su vez en las
reglas. Somos tan sólo una "sociedad de las normas" (reglas) y ya no
más un Estado de derecho donde gobierna la ley (regla de ley). En una sociedad
de las normas, las reglas no tienen fundamento. Esta es la crisis jurídica que
da lugar a la injusticia legal.
Gianluca Guerzoni, en el estudio principal del
Informe, dedicado precisamente a la crisis jurídica, afirma "por crisis jurídica
entendemos la debilidad del derecho ante estos desafíos, como consecuencia de
una derivación progresiva del derecho en una ética compartida y en un
pluralismo ético incapaz de identificar claves comunes".
La crisis jurídica
que el informe documenta es legislativa y jurisprudencial al mismo tiempo.
Crisis legislativa, ya que en el transcurso del año de referencia del Informe,
el 2012, muchos Parlamentos han legislado contra el derecho natural en los
campos de la vida y de la familia, de Argentina a Uruguay, de Irlanda a
Francia. Crisis jurisprudencial, sea porque los Tribunales internacionales de
justicia entran en terrenos que no les competen, sea porque los jueces
ordinarios están sustituyendo con sus sentencias a los Parlamentos.
El informe recoge
hechos, como la sentencia del 28 de noviembre de 2012 de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, que ha condenado a Costa Rica por no tener aún una ley que
permita la fecundación in vitro; o la sentencia del Supremo Tribunal Federal
del Brasil, que en marzo de 2012 ha autorizado la llamada "anticipación
terapéutica del parto", es decir un aborto. En ambos casos, los tribunales
se han sentido autorizados a definir conceptos que no son de su competencia: el
primero sosteniendo que la concepción "tiene lugar desde que el embrión se
ha implantado en el útero", y el segundo afirmando que "el anencéfalo
nunca se convertirá en persona".
Esta "metafísica de sentencias"
que, como oráculos divinos, decretan lo que significa ser hombre y quién debería
disfrutar de este reconocimiento, excluyendo a los que no califican, pone en
crisis de fiabilidad el sistema de tribunales internacionales de justicia que,
sin embargo, tienen la fuerza para condicionar la política de los Estados.
En cuanto a las
sentencias de los jueces ordinarios, el Informe muestra que cuando hay vacío
legislativo los jueces legislan en la práctica con sus sentencias, y cuando no
existe vacío legislativo ellos eliminan la ley a base de sentencias. Se nota en
muchos países una fuerte tensión entre los poderes legislativos de los
Parlamentos nacionales, los de la magistratura ordinaria en esos mismos países
y los de la justicia internacional. Este desequilibrio rompe el tejido de las
naciones poniendo en crisis la cohesión de las Constituciones.
Es probable que
se llegue a que los ciudadanos sean empujados a realizar una objeción de
conciencia respecto de la propia Constitución de su país, lo cual socavaría la
estabilidad no sólo jurídica sino también moral y social de los Estados.
El informe analiza,
entre otros, los casos de Estados Unidos, Filipinas y Argentina.
En el 2012 en Argentina se continuó con la
actividad legislativa de destrucción de los principios de la vida y de la
familia. Las estructuras sanitarias estatales están obligadas a practicar el
aborto, está permitida la eutanasia; se asume la ideología de género, es
posible registrar como hijo de dos mujeres al niño tenido por una mujer unida
con otra mujer antes de la entrada en vigencia de la ley sobre matrimonio
civil; la "ley de sangre" fue modificada para dejar de pedir a los
donantes de sangre información sobre su orientación sexual, la reproducción
medicamente asistida es proporcionada completamente por el Estado con exclusión
de la objeción de conciencia; pueden ser destruidos los embriones humanos
producidos in vitro y no transferidos al útero.
En todas estas leyes pende la
duda, que en muchos casos es una certeza, de inconstitucionalidad. Se prevén
por lo tanto recursos y litigios tanto legales como políticos. Sobre todas
estas leyes se nota la presión de los organismos internacionales.
Los datos del informe
del Observatorio Van Thuân demuestran la difusión de la anomia social en el
mundo, la suspensión de la ley en muchas áreas, la crisis de las instituciones,
la corrupción más o menos consentida, el oligopolio del uso de la fuerza, las
prácticas ilegales impunes, las limitaciones del derecho a la objeción de
conciencia. En América Latina y en África sobre todo este panorama es
desolador, sin embargo no se salva ni siquiera el mundo llamado desarrollado.
Esto nos dice que no es poca la influencia que, sobre la organización de la
vida cotidiana de nuestra sociedad, tienen estos fenómenos de crisis de la
justicia que el Informe documenta a nivel de los tribunales internacionales,
del comportamiento de los jueces y las Constituciones.
El Informe también
reseña cómo la actividad internacional de la Santa Sede ha llevado a
cabo una "pedagogía jurídica". En este sentido el gran valor del
magisterio social del Papa es documentado por el Arzobispo Giampaolo Crepaldi
quien, junto a Stefano Fontana, ha editado este nuevo volumen del Informe
