DIVIDE AGUAS EN
DIPUTADOS
NOTIVIDA, Año XX,
Nº 1260, 11 de septiembre de 2021
Diputados del PRO
y de la Coalición Cívica repudiaron el abominable crimen de Salta mientras que
desde el bloque del Frente de Todos manifestaron “solidaridad” con la médica
que practicó el aborto.
El crimen de
Tartagal conmovió a la opinión pública en los últimos días. Recordemos que una
joven de 21 años con un embarazo de casi 6 meses solicitó un aborto en el
hospital de esa ciudad salteña, pero se arrepintió luego de comenzar el proceso
y lo comunicó. “Yo quería que mi hija Milagros esté con vida”, dice la joven en
la denuncia que realizó contra la médica Miranda Ruiz porque “mató a su bebé”.
Diputados de la
oposición presentaron un proyecto de declaración (expte 3761/2021) en el que
repudian enérgicamente “el aborto forzado” realizado a la joven y advierten
sobre las graves inconsistencias de la Ley de aborto, reglamentada
recientemente.
Destacan en los
fundamentos que la Ley “avasalla gravemente el derecho humano fundamental a la
vida consagrado en nuestro ordenamiento jurídíco (.) pero también hoy está
suscitando nada más ni nada menos que abortos forzados, conocidos como una
nueva forma de violencia contra la mujer”.
Enfatizan que la
joven salteña fue obligada a abortar y que su beba -de 22 semanas y dos días de
gestación- “fue dejada morir asfixiada y tirada en un tacho de basura”.
“Lo sucedido es
repudiable y abre un camino para replantear posiciones respecto de una ley que
no protege a nadie, ni a los niños por nacer, ni a las mujeres”.
El expediente es
de la autoría de la diputada Dina Rezinovsky y fue cofirmado por sus compañeros
del PRO: Victoria Morales Gorleri, Hernán Berisso, Pablo Torello, Carla
Piccolomini, Gustavo Hein, José Luis Patiño, Francisco Sánchez, Alberto
Asseff, Federico Angelini, Gisela Scaglia, Jorge Enríquez, Soher El
Sukaria y Martín Grande, a los que se sumó la diputada de la Coalición
Cívica Carolina Castets (CC). Además adhirieron los diputados: Rubén Manzi
(CC), Héctor Stefani (PRO) y Adriana Ruarte (PRO).
Los mismos
legisladores impulsan un proyecto de resolución (expte 3760/2021) por el que
piden citar a la Ministro de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez
Alcorta, “para que explique qué medidas se impulsarán desde su ministerio para
prevenir y erradicar el aborto forzado”.
Desde el
oficialismo, por el contrario, expresaron “solidaridad” con Miranda Ruiz, la
médica de la “Red de Profesionales de la Salud por el derecho a decidir” que
-según dice el proyecto- garantizó “una Interrupción Legal del Embarazo (ILE)
en el marco de la Ley 27.610”.
El expediente
(3714/2021) es de la autoría de Lía Caliva (FdT, Salta) y lleva además las
firmas de sus compañeras de bloque: Mónica Macha, Jimena López, Ayelén Spósito,
Ma. Rosa Martínez, Alicia Aparicio, Mabel Caparrós, Estela Hernández, Mara
Brawer, Fernanda Vallejos, Susana Landriscini, Alcira Figueroa, Gabriela
Cerruti y Cecilia Moreau. Cuenta
además con la adhesión de las diputadas Carolina Yutrovic y Gisela Marziotta.
Consideran
“repudiable y de extrema gravedad” que la Dra. Miranda Ruiz haya sido detenida
por la justicia salteña el 3 de septiembre y liberada horas más tarde. “Esta
actuación sólo viene a seguir obstaculizando el acceso a los derechos vinculados
a la salud sexual y reproductiva y a vivir una vida libre de violencias en
Salta y Argentina”, afirman en los fundamentos.
El proyecto de
Caliva no menciona detalles de la práctica, ni a la pequeña salteña que perdió
la vida en ella.
