QUE EL TRÁFICO DE
ÓRGANOS NO INCENTIVE EL ABORTO
NOTIVIDA, Año XXI,
Nº 1240, 15 de marzo de 2021
Piden una sanción
agravada para la compraventa de tejidos de personas por nacer víctimas de un
aborto provocado y que se prohíba su donación.
Presentan proyecto
de ley (exp. 133/2021) que elevaría las penas mínimas previstas hoy en la Ley
N° 27.447, de trasplantes, para el tráfico de órganos o tejidos y contempla una
sanción agravada (el doble de la pena) para los tejidos de personas por nacer que
se obtengan a partir de un aborto provocado. En el último caso las penas serían
de 4 a 10 años de prisión más inhabilitación de 8 a 20 años si se tratase de
profesionales y auxiliares de la salud. Quedaría también prohibida la donación
de tejidos fetales.
Se busca evitar de
este modo que el comercio de órganos o tejidos de niños por nacer se convierta
en otro incentivo para la realización de abortos.
El proyecto es de
la autoría del diputado Francisco Sánchez (PRO, Neuquén) y fue cofirmado
por sus compañeros de bloque: Gustavo Hein (Entre Ríos), David Schlereth
(Neuquén), Natalia Villa (BsAs), Juan Aicega (BsAs), Martin Grande (Salta) y Alberto
Assef (BsAs). A los que se sumaron Vanesa Massetani (FdT, Sta.Fe),
Alejandro “Topo” Rodríguez (Consenso Federal, BsAs) y Carolina Castets (CC,
Sta.Fe).
Dice el expediente
en sus fundamentos:
“En julio del año 2015, el
periodista de investigación estadounidense David Daleiden difundió unos videos
en los que, simulando pertenecer a una empresa interesada en el tráfico de
tejido fetal, mantenía reuniones con médicos, ejecutivos y personal de empresas
de la industria del aborto -entre ellas, Planned Parenthood- y discutía
distintos aspectos relativos a dicha actividad”.
“Los videos y
otros documentos adquiridos por Daleiden desgranaban la relación existente
entre las compañías de comercio de tejido fetal y diversas clínicas abortistas,
y mostraban a ejecutivos de estos establecimientos admitiendo que los acuerdos
de obtención de material fetal eran rentables para las clínicas abortistas, e
incluso reconociendo haber cambiado en ocasiones el procedimiento a los fines
de obtener un “espécimen más intacto” y haber utilizado para esto
procedimientos ilegales de parto-aborto”.
“A raíz de estos
hechos, el Congreso de los Estados Unidos realizó una serie de audiencias e
inició diversas investigaciones sobre el tema, que luego fueron centralizadas
en un grupo especial de investigación de la comisión de Energía y Comercio,
creado por una resolución de la Cámara. El grupo especial de investigación
tenía como misión indagar a fondo diversas aristas del entramado del negocio de
venta de tejido fetal y comunicar los resultados a la Cámara, redactando un
informe final en el que se expusieran las conclusiones y se elevaran recomendaciones.
La tarea del grupo especial versó sobre el “modelo de negocios” de distintas
compañías e instituciones ligadas a este negocio”.
“La investigación
demostró la existencia de un entramado de compañías que obtenían tejido fetal
de distintas clínicas abortistas y lo suministraban a demanda a investigadores
de todo el mundo”.
(.)
“La experiencia de
la investigación realizada por el Congreso de los Estados Unidos nos permite
conocer en gran medida el funcionamiento del entramado del tráfico de tejido fetal,
y proponer las medidas adecuadas para prevenirlo. Entre otros aspectos
relevantes, demostró la utilización fraudulenta o simulada del instituto de la
donación para encubrir lo que en realidad era una compraventa”.
“Es por eso que, a
los fines de atacar el problema en su raíz, proponemos penalizar la donación de
tejidos de personas por nacer fallecidas producto de un aborto inducido,
prohibiendo la transmisión de sus restos mortales a título gratuito y oneroso,
y resultando como única opción un entierro digno, acorde a su dignidad humana”.
