La SS de la Ley
de Salud Mental explica lo inexplicable
por Claudio
Izaguirre
Informador
Público, 9-7-19
La SS de la Ley
de Salud Mental sale a interceptar las declaraciones del presidente de la
Asociación Antidrogas de la República Argentina, Claudio Izaguirre, con la
intención de justificar su actitud frente a la opinión pública, que los juzga
con extremo rigor por dejar en la calle a cientos de miles de adictos que
terminan en cárceles, hospitales o muertos, debido a que en lugar de enseñarles
que tienen derecho a una vida sin drogas, los empujan a quedar en las garras de
los vendedores de sustancias ilegales.
El Órgano de
Revisión de la Ley de Salud Mental, conocido ya como La GESTAPO o la SS de la
ley 26657, tiene como único objetivo externar a la totalidad de adictos que se
encuentran bajo tratamiento. Para esto utilizan interpretaciones jurídicas
inventadas, presión extrema sobre las personas internadas, amenazas directas a
profesionales de la salud que van desde sacarle el título habilitante a
procesos penales por secuestro con condenas de 8 a 15 años de cárcel. Llaman a
los familiares de las personas internadas acusándolos de renunciar al cobijo
del internado y los amenazan con procesarlos por abandono de persona. La clara
intención de estos señores es cerrar todos los centros de rehabilitación de
adictos en toda la Nación.
Se refieren en
su comunicado a la Resolución 5/19 de SEDRONAR en forma falaz, dado que la
instrucción emanada del Presidente de la Nación Mauricio Macri es dejar SIN
EFECTO el cierre de los centros de rehabilitación, para lo cual SEDRONAR da un
plazo de 5 años para que estos espacios de rehabilitación se adecuen a las
nuevas normativas. Aclaramos que la gran mayoría de los pacientes son enviados
a esos espacios por sus jueces de origen.
El Órgano de
Revisión, lejos de acatar la orden Presidencial, siguen atacando los espacios
de rehabilitación de adictos sin descanso, como es el caso Ibicuy, los centros
Cristianos y los grupos de autoayuda como el de Merlo Provincia de Buenos
Aires, entre otros.
Buscan cualquier
excusa para allanar estos espacios convenciendo a jueces neófitos o ineptos,
apoyados en lo que ellos interpretan sobre la ley de Salud Mental.
Así lograron que
el interno Pallares de Mendoza al ser externado, al abandonar su tratamiento y
medicación, se convirtiera en homicida al ultimar a la periodista mendocina
Paula Giglio, muerte que han intentado disimular desde el día en que se
extinguía su vida.
El caso de
Micael Funes conocido alcohólico y cocainómano de Río Tercero, que gracias a la
ley de Salud Mental eligió dejar el tratamiento en el Centro de Rehabilitación
Virgen de Lujan, terminó el pasado 15 de junio de 2019 asesinando a sus dos
abuelos en Cosquín, para luego acostarse a dormir y al día siguiente al tomar
conciencia de sus actos se entregó ante la policía cordobesa.
Son más de 10
mil casos similares en la República Argentina. Esta actitud de la GESTAPO de la
Ley de Salud Mental, condenan al sufrimiento a cientos de miles de familias a
lo largo y ancho de todo el país que internan a sus familiares como un recurso
cierto para salvarles la vida ya que son peligrosos para sí y para terceros.
La mayoría de
los pacientes están internados por orden de los jueces de origen que conocen de
cerca la problemática del afectado, sin embargo el Órgano de Revisión
escondidos tras el Juez amigo de Pranacito interviene sobre estos internos
desatando la paranoia en estos enfermos y sus familiares, pero se han
encontrado con la queja de los jueces de origen ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
En lo que va del
año el mecanismo perverso e inmoral de la Justicia de Villa Paranacito, que
solo se dedica a externar sin el menor miramiento a la salud, ha hecho que
varios residentes sean sacados de Ibicuy para ser manicomializados en
instituciones psiquiátricas por breve tiempo y uno de ellos con el agravante
que ni siquiera lo volvieron a internar y se encuentra hoy en silla de ruedas
producto de un intento de suicidio. Una menor que estaba internada en Ibicuy y
que fue externada por estos supuestos cuidadores de los derechos humanos, hoy
se encuentra desaparecida y según algunas pesquisas indican que fue tomada por
quienes ejercen la trata en esa Provincia. Otros externados, cuyo nombre
reservamos para entregarle en persona al Dr. Emilio Castrillón Presidente del
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, ingresaron
nuevamente en el devastador consumo de drogas con final incierto.
La guerra
propuesta por el Órgano de Revisión y sus adláteres se encuentra en su primer
etapa, la que concluirá con el encarcelamiento definitivo de estos señores como
participes necesarios de los delitos que cometan estas personas externadas
arbitrariamente.
Mientras el
Presidente Municipal Gabriel García, junto a la Secretaria de Gobierno María
Jensen y el Director Municipal de Consumo Problemático de Drogas Ceferino
Falcón realizan una campaña preventiva junto a los recuperados de Ibicuy en el
Club Isleños Independientes para jóvenes de los colegios secundarios, el Juez
Adolfo Weimberg ataca infundadamente al centro de rehabilitación. Estimado
lector, saque usted sus conclusiones.
Claudio
Izaguirre
Presidente-Asociación
Antidrogas de la República Argentina
