piden a Irán que
anule una nueva ley contra el aborto
Tradición Viva,
17-11-21
Los especialistas
indicaron que la Ley de Población Juvenil y Protección de la Familia, que busca
aumentar la tasa de fertilidad, se ratificó a inicios de noviembre en «clara
contravención del derecho internacional».
Si ha leído bien,
los expertos de la ONU consideran que una norma que protege la vida es
contraria a lo que ello llaman derechos humanos (evidentemente el derecho a la
vida para ellos no es un derecho humano).
El artículo 61 de
la norma contiene una disposición vagamente redactada que establece que si los
abortos se realizan de forma masiva quedarían incluidos como un delito de
«corrupción en la tierra» que conllevaría la pena de muerte.
Los expertos
destacaron que «las consecuencias de esta ley serán nefastas para el derecho a
la salud de las mujeres y las niñas, y representa un giro alarmante y regresivo
de un gobierno que había sido elogiado por sus avances en el derecho a la salud»
y expresaron su decepción por el retraso en la adopción del proyecto de ley
sobre la protección de las mujeres contra la violencia.
“Con el fin de
aumentar el número de nacimientos, las nuevas medidas que toma el gobierno
iraní usan el derecho penal como instrumento para restringir los derechos de
las mujeres, lo que obligará de hecho a muchas de ellas a continuar con los
embarazos no deseados hasta el final, lo que sería intrínsecamente
discriminatorio», resaltaron.
Igualmente,
destacaron que la legislación representa una violación de varios derechos como
los dedicados a vida y a la salud, a la no discriminación y a la igualdad, y a
la libertad de expresión, al hacer ilegal el acceso a una serie de servicios de
salud reproductiva y el intercambio de información sobre derechos
reproductivos, una situación “que equivale a la instrumentalización del cuerpo
de las mujeres y de su capacidad reproductiva.»
La disposición
restringe severamente las ya limitadas excepciones a la prohibición del aborto
en el Código Penal y pondrá en manos de un panel formado por un juez, un médico
y un forense las decisiones finales sobre el aborto terapéutico -en caso de
amenaza para la vida de la mujer embarazada o de anomalías fetales-, en lugar
de hacerlo en las mujeres embarazadas apoyadas por el médico.
Penar la
interrupción de los embarazos no disminuye el número de abortos según los
falsamente llamados expertos
Además, según los
datos con los que cuentan los expertos demuestran que penalizar la interrupción
de los embarazos no reduce el número de mujeres que recurren al aborto, cosa
que sería necesaria explicar, pues si se impiden los aborto necesariamente ha
de reducirse su número, aunque esta evidencia es soslayada por los expertos.
«Al contrario,
obliga a las mujeres a arriesgar su vida sometiéndose a procedimientos
clandestinos e inseguros», expusieron.
Según datos
oficiales de los experto, se calcula que en Irán se practican entre 300.000 y
600.000 abortos ilegales al año, ahora bien no dicen de donde sacan dichas cifras.
Los abortos inseguros han sido reconocidos como una forma de violencia de
género según el derecho internacional, cuando en realidad todo aborto debería
ser considerado una violencia frente al niño por nacer y a la mujer.
La ley también
prohíbe la distribución gratuita de productos anticonceptivos e impone la
prohibición de las esterilizaciones voluntarias para hombres y mujeres, salvo
en casos muy excepcionales, una medida que afectará de forma desproporcionada a
las mujeres en situación de marginación y a las víctimas de violencia sexual.
También se
restringirán las pruebas de diagnóstico prenatal y el Ministerio de Sanidad
establecerá un sistema que recopilará información sobre todas las personas que
acudan a un centro sanitario para someterse a un tratamiento de fertilidad, un
embarazo, un parto y un aborto, una medida aparentemente pensada para ampliar
el seguimiento de los embarazos y desalentar los abortos.
«Restringir el
acceso de las mujeres a bienes y servicios anticonceptivos gratuitos provocará
embarazos no deseados y una elevada mortalidad materna«, advirtieron los
especialistas.
Por último,
alertaron que vigilarán de cerca “el impacto de esta ley en las muertes
maternas” y que garantizarán el rendimiento de cuentas “por no haber actuado
con la debida diligencia para prevenir la muerte de mujeres y niñas con
embarazos de riesgo, o la muerte de las que se someten a abortos inseguros»,
sin embargo no muestran el mismo celo en examinar el impacto de las leyes pro
aborto en la muerte de millones de niños.
«Instamos al
Gobierno a que derogue inmediatamente la ley de ‘Población Juvenil y Protección
de la Familia’ y a que tome medidas para acabar con la penalización del aborto
y garantizar que todas las mujeres puedan acceder a todos los servicios
sanitarios necesarios, incluida la atención a la salud sexual y reproductiva,
de forma segura, asequible y coherente con sus derechos humanos», concluyeron
los especialistas.
