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NOTIVIDA, Año XXI,
Nº 1242, 5 de abril de 2021
El diputado
Eduardo Valdés impulsa la ratificación de la “Convención Interamericana contra
toda forma de Discriminación e Intolerancia” (expte 1140-D-2021).
El legislador ve
en este tratado internacional una herramienta eficaz para erradicar las
“manifestaciones que podrían enmarcarse en una suerte de reivindicación de las
prácticas más aberrantes perpetradas por la dictadura militar”. Recordemos que
este año se presentaron varios proyectos con el objetivo de penalizar el
llamado “negacionismo” (822-D-2021;
878-D-2021; 960-D-2021) que reúnen la firma de una treintena de diputados del
Frente de Todos, entre los que se encuentra Valdés que estima, además, que hay
un “contexto oportuno para impulsar y promover la incorporación a nuestro
derecho interno de esta Convención”.
Pero la Convención
no se limita a la discriminación por “opiniones políticas o de cualquier otra
naturaleza” y eso también lo destaca el legislador oficialista en los
fundamentos: “Una de las características primordiales de la Convención, que
merece ser subrayada y sin dudas otorga un valor que elevará el estándar del
ordenamiento jurídico vigente en la República Argentina, la constituye el
amplio alcance establecido respecto a los supuestos de hechos susceptibles de
ser caracterizados como discriminatorios o promotores de discursos de odio e
intolerancia”.
La Convención
-adoptada por la OEA el 5 de junio de 2013- incluye la ‘discriminación’ por
‘orientación sexual’ e “identidad de género” y por entonces P. Juan Claudio
Sanahuja alertaba:
“Como consecuencia de la llamada
‘discriminación por orientación sexual e identidad de género’, califican de
homofóbica y discriminatoria toda opinión en desacuerdo con el estilo de vida
homosexual. Atentan contra la libertad religiosa, por ejemplo, oponiéndose a la
predicación de la doctrina cristiana. Como consecuencia, se arremete contra la
libertad de los padres a educar a sus hijos y se desconoce la libertad de las
instituciones de enseñanza, por sólo dar dos ejemplos. Ahora se le suma la
aplicación de la legislación internacional sobre derechos humanos a todo lo que
se les antoje como trato violento o discriminatorio. ¿Serán pasibles de ser
juzgados por tribunales internacionales los padres de familia que se opongan a
que sus hijos sean educados en la “normalidad” de la homosexualidad o las
autoridades religiosas que prediquen la intrínseca maldad moral de la sodomía?
Es muy distinto terminar con la injusta violencia a, por ejemplo, exigir
libertad de acción, incluida la perversión de menores, o reclamar el ‘cupo gay’
dentro del cuerpo de profesores de colegios y universidades. El lobby gay
parece decir: ‘quien no apoya nuestro estilo de vida y todas nuestras
pretensiones, está a favor de que se nos condene a muerte’.”
Destaquemos
finalmente que la OEA está compuesta en la actualidad de treinta y dos Estados
Miembros y que de esos sólo dos han ratificado la Convención.
