PROCURAN ASEGURAR LA
CONTINUIDAD
NOTIVIDA, Año XIX, Nº 1171,
18 de septiembre de 2019
Diputados radicales intentan
que el Plan ENIA (ESI, anticoncepción y aborto) se convierta en una “política
de estado”. Quieren disponer la intangibilidad de su presupuesto para que el
Plan permanezca “más allá de las coyunturas partidarias y de los distintos
gobiernos”.
Como informamos
oportunamente, el 20 de agosto del 2019 se realizó en Diputados una reunión de
la Comisión Bicameral de los Derechos de Niños y Adolescentes en la que
funcionarios del Gobierno nacional brindaron un informe de gestión del Plan
ENIA (Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo No Intencional en la
Adolescencia).
En la reunión se mencionaron
avances en los tres ejes del Plan que son: 1) Implementación de ESI (focalizada
en la anticoncepción) e Instalación de asesorías sobre salud reproductiva en
escuelas, centros de salud y organizaciones de base comunitarias; 2) Promoción
y distribución masiva de anticonceptivos, particularmente los de larga duración
(DIUs e implantes subdérmicos) y 3) Facilitación del aborto en menores
(Notivida Nº 1169).
En la misma reunión se firmó
un convenio de cooperación entre los ejecutores del Plan y la Bicameral del
Niño y Adolescente para hacer un trabajo conjunto de seguimiento del Plan. Con
esto -y tras las PASO- incorporaban en el Plan interministerial un nuevo actor:
el Poder legislativo, tratando de blindar su estabilidad.
Con el mismo objetivo, un grupo
de diputados abortistas presentó ahora un proyecto de ley que dispondría “la
intangibilidad de las partidas del Presupuesto” destinadas al cumplimiento del
Plan ENIA, que deberían ser “adecuadas a sus fines y objetivos” y bajo ninguna
circunstancia “inferiores a las aprobadas en el presupuesto del ejercicio
anterior”. Recordemos que en el presupuesto 2019 se adjudicaron por primera vez
fondos al Plan ENIA por $489 millones.
La finalidad es, según se
lee en los fundamentos del proyecto, que el Plan ENIA “lejos de constituir sólo
la expresión de un programa o una iniciativa circunstancial, se consolide como
política de Estado, es decir, como un consenso transversal de las y los
argentinos en torno a la necesidad de enfrentar esta problemática más allá de las
coyunturas partidarias y los distintos gobiernos”.
El expediente (4230-D-2019)
fue presentado por los radicales: Silvia Martínez (Jujuy), Albor Cantard (Santa
Fe), Claudia Najul (Mendoza), Brenda Austin (Córdoba) y Fabio Quetglas (Buenos
Aires). A ellos se sumó Carla Carrizo (Evolución Radical, Ciudad de Buenos
Aires).
