Por Mónica del Río
El proyecto de la
diputada Diana Conti (expediente 4907-D-14) que intenta otorgar jerarquía
constitucional a Belem do Pará -Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer-, obtuvo el visto bueno de la comisión de
Asuntos Constitucionales que la misma Conti preside. El expediente fue girado a
la Comisión
de Familia que encabeza Felipe Solá.
“Violencia contra la
mujer” o “violencia de género” es una herramienta de la “cultura de la muerte”
para imponer “derechos sexuales y reproductivos” y eso incluye el aborto. Esta
interpretación ideologizada de la violencia se izaría ahora hasta la cúspide de
la pirámide jurídica.
En todos los casos de
aborto que llegaron últimamente a la justicia, la CONSAVIG (Comisión
Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de
Sanciones de la Violencia
de Género, organismo creado en la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación a partir de la
reglamentación de la Ley
de Violencia contra la mujer) afirmó que la negativa o dilación en la práctica
del aborto implica “violencia contra la libertad reproductiva” de la gestante.
Tras el aborto
practicado recientemente en la
Ciudad de La
Plata , la “Campaña por el Derecho al Aborto” emitió un
comunicado en el que destaca: “Durante el acompañamiento, vivenciamos las
distintas formas de violencia que padeció la mujer” al ser “instigada a
continuar con el embarazo”, describiendo a la ecografía que le realizaron como
“tortura psicológica”. Celebraron finalmente que el aborto se haya practicado
en la Capital
bonaerense y se comprometieron a “seguir construyendo una sociedad libre de
toda violencia hacia las mujeres”.
Sin lugar a dudas, si
la Convención
sobre Violencia contra la Mujer
(Belem do Pará) alcanza rango constitucional fundarán en ella -y con más
fuerza- sus reclamos.
NOTIVIDA, Año XIV, Nº
941, 19 de agosto de 2014
