DON BOSCO

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"BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS"

Qué es el kirchnerismo



Por Carlos Daniel Lasa

 El kichnerismo es una manifestación más de las tantas y variadas expresiones políticas del nihilismo que hoy le toca vivir a Occidente. Su ideología de fondo es el sociologismo el cual reduce todas las concepciones de mundo a ideologías, es decir, a esquemas que reflejan situaciones histórico-sociales de grupos al modo de superestructuras espirituales de fuerzas que nada tienen de espiritual sino sólo de intereses de clase.


Este sociologismo disgregador, relativista, es conducido por el actual poder oficial a través del relato. El relato funciona como principio de unidad en la marea caótica de las interpretaciones. Claro está que esta unidad de sentido es esencialmente cambiante y depende de los intereses, también cambiantes, del momento. Así, por ejemplo, en un momento, un determinado dirigente es nacional y popular; en otro, ese mismo dirigente es cipayo y “vendepatria”.

Este sociologismo, que ha tomadohace ya tiempo el alma del hombre argentino, ha visto en el actual gobierno a su más fiel intérprete. La legislación promulgada por el gobierno kirchnerista ha tenido el apoyo de los mismos “opositores”: la ley del matrimonio homosexual, la ley de muerte digna, la ley de identidad de género, etc. La discusión con sectores que se presentan como opositores no pasa de ser una mera apariencia que esconde una visión común signada por el mismo sociologismo relativista.

El kirchnerismo es la expresión visible, en Argentina, de una revolución fracasada cual es la marxista [1]. Es esta última quien dio paso, a partir de su rotundo fracaso, a una sociedad de la opulencia la cual pone todo su empeño en la búsqueda afanosa de la pura vitalidad. Sucede que el marxismo ha pretendido combinar dos realidades que jamás podrían haber coexistido: la violencia revolucionaria junto a la conquista de valores, en particular el de la libertad.

El marxismo no previó algo muy simple: cuando la violencia se impone, todo otro valor sucumbe, incluido el de la libertad. Este estrepitoso fracaso se ha visto en la ex Unión Soviética y se advierte, hoy, en Cuba. Habiendo quedado en pie sólo el poder, sin ideal alguno, la tarea que se impone es la de su conservación y acrecentamiento. Todo ideal ha sido engullido por la más cruda ambición de poder, incluidos los ideales revolucionarios. ¿Qué ha quedado en pie? Solamente las necesidades vitales a las que hay satisfacer en plenitud para que el poder no sufra mella alguna.

Los famosos “derechos” conquistados últimamente se mueven todos por esta senda. Es necesario que la visión hedonista de la vida sustituya, de modo definitivo, a la visión cristiana de la existencia. Incluso llegará el momento en que esta última nopodrá siquiera manifestarse públicamente ya que la ley lo prohibirá. Este totalitarismo cultural del Estado puede palparse con claridad. La creación del INADI se mueve en esta dirección: disciplinar a los ciudadanos para asuman una concepción sociologista, funcional al poder despótico.

La nada de valores propiamente humanos, unida al poder arbitrario, se manifiestan, de modo harto palmario, en el gobierno de los Kirchner. Lo lamentable de esta desoladora situación es que muy pocas reservas morales quedan en Argentina para enfrentarlos. Ni siquiera puede contarse con la Iglesia Católica la cual está atravesada, también ella, por una crisis de gran magnitud. Gran parte de sus fieles, sin distinción de jerarquías, se encuentran en el estado descripto por Antonio Gramsci cuando expresaba que algunos hombres vacilan “entre lo viejo y lo nuevo”, han “perdido la fe en lo viejo sin decidirse todavía por lo nuevo” [2]. Lo nuevo a que hace referencia Gramsci es la filosofía inmanentista, cerrada a toda trascendencia; y la versión actual de esta filosofía es el sociologismo el cual ha sido asumido fervorosamente (o acríticamente) por los “católicos” vacilantes de nuestros días.

Argentina, como ya lo dijéramos en más de una oportunidad, atraviesa una crisis cultural que afecta a su modo de ser más profundo. De esta crisis no se sale a partir de un relativismo nihilista, el cual da paso a las más variadas formas de totalitarismo; se sale abrazando lo verdadero, alimento real del espíritu y guía de la acciones, tanto individuales como políticas.

Notas:

[1] Cfr. al respecto nuestro escrito Juan Domingo Perón: el demiurgo del praxismo en Argentina. Bs. As., Editorial Dunken, 2012.

[2] Gramsci, Antonio. El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce. México, Juan Pablos Editor, 1986, p. 24.

Publicado originalmente en Fueralosmetafisicos.com. Las negritas del texto corresponden al autor.

Argentinos Alerta, 25-6-12

El Arte de Vivir: fieles, subsidios y poder




Por Martín de Ambrosio y Josefina Hagelstrom



Crece como un rumor, gracias al boca a boca y a apariciones justas en los medios de comunicación. La fundación El Arte de Vivir y su curso de respiración son cada vez más pasión de multitudes en Argentina y, en apariencia, no tienen techo. “Hay voluntarios que dicen que no van a parar hasta que todo el país respire bien”, se ríe su presidente, Esteban Coll (ex directivo de Molinos Río de la Plata y hoy asesor de CableVisión, del Grupo Clarín). Lo cierto es que el número de personas que hacen los cursos se duplica año tras año.

En 2009 fueron unas 10 mil personas; se pasó a 20 mil en 2010, 48 mil en 2011. En apenas tres meses de 2012 ya se alcanzó la mitad de todo el año pasado (24 mil cursantes). Desde luego, con el aumento del movimiento aumentan los fondos que maneja la asociación: $ 13,4 fueron los millones presupuestados para 2011, también el doble de 2010 (su presidente había mencionado la mitad en la entrevista, pero luego llegó la corrección por correo electrónico).

Según Coll, lo que ganan en los cursos –que reconoce que no son baratos– lo reinvierten en ampliar la oferta y en tratar de dejar de alquilar las 28 sedes que tienen en Buenos Aires y su conurbano. De hecho, lo lograron con la sede central, en la calle Aráoz, tras comprarla en más de medio millón de dólares. Allí funciona la administración, el área de diseño y sonido (que se prepara para la llegada del líder mundial Sri Sri Ravi Shankar, se septiembre); y ahí también atienden los jóvenes del call center. Al mediodía, el almuerzo que se sirve es estrictamente vegetariano.

Organización. Con el crecimiento de la Fundación llega su profesionalización. Aunque buena parte de su funcionamiento tiene que ver con el voluntariado, desde la llegada de Coll a la presidencia, hace tres años, se le dio una impronta ingenieril y se buscó ordenar las cuentas. Lo que derivó en la contratación de gente para ciertas áreas, relativas a la administración. De hecho, en la actualidad paga unos sesenta sueldos todos los meses; entre ellos, veinte instructores de tiempo completo. Si bien la fundación es tributaria ideológica de la casa matriz de la India, en cada país (y afirman que está en 151) funciona de modo autónomo.

Perfil, 24-6-12

Una decisión desprolija, pero constitucional




Por Carlos Gervasoni 

Apenas consumada la destitución de Fernando Lugo como presidente del Paraguay, la cuestión ya había sido ampliamente interpretada en términos de "crisis de la democracia" y hasta de "golpe de Estado", expresión usada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (e, irónicamente, por el presidente Hugo Chávez, un ex militar golpista).

Los países del Mercosur y buena parte (pero no todos) de los de América del Sur acompañaron esta interpretación de los hechos y amenazaron con aplicar las cláusulas democráticas de las instituciones regionales.

La situación paraguaya es demasiado grave como para analizarla sobre la base de eslóganes o comparaciones apresuradas (por ejemplo, con los hechos ocurridos en Honduras, en 2009, o en Venezuela, en 2002). Los líderes regionales que recurren al paradigma interpretativo golpista deberían evitar repetir el apresuramiento que, razonablemente, les atribuyen a los legisladores paraguayos. Se requieren decisiones basadas en hechos y en potenciales consecuencias.

Fernando Lugo fue destituido por el Congreso -un poder de gobierno elegido democráticamente- mediante un juicio político, procedimiento previsto en la Constitución paraguaya. El artículo 225 permite a la Cámara de Diputados acusar al presidente con una mayoría de dos tercios y al Senado declarar su culpabilidad por una mayoría absoluta de dos tercios.

Estas mayorías agravadas fueron ampliamente superadas: el 95% de los diputados y el 87% de los senadores apoyaron el procedimiento de destitución, lo que reveló un altísimo nivel de consenso político (lo cual no excusa la inusual e imprudente, pero prima facie no ilegal, celeridad del proceso). Lugo fue sucedido, siguiendo el mandato constitucional, por su vicepresidente. Finalmente, debe recordarse que el proceso se originó en un gravísimo hecho: la muerte de 17 personas durante un enfrentamiento armado entre campesinos y policías por el desalojo de tierras ocupadas.

Debería también tenerse en cuenta la reveladora actitud del principal afectado: Lugo expresó el día antes de su destitución que se sometía "con obediencia a la Constitución" y "a enfrentar el juicio político con todas sus consecuencias", y luego acató su condena, criticando pero aceptando "la decisión del Congreso".

La democracia es un conjunto de procedimientos, no de resultados. A veces esos procedimientos producen resultados que nos caen antipáticos. La diplomacia sudamericana que opera en Asunción corre el riesgo de debilitar la democracia en nombre de la democracia. Cuando faltan diez meses para las próximas elecciones presidenciales en Paraguay, parece más adecuado centrar la acción en asegurar una legal y pacífica transición hasta allí que en cuestionar la decisión indudablemente desprolija y apresurada, pero constitucional y abrumadoramente mayoritaria, de un poder democráticamente electo.

La joven y frágil democracia paraguaya difícilmente pueda prosperar tironeada entre sus decisiones domésticas soberanas y la presión de los muchos y comparativamente poderosos Estados que la rodean..

La Nación, 24-6-12

Conferencia de Lima



 será “punto de partida” para rediseñar política global antidrogas
 

La Conferencia Internacional Antidrogas que se inicia mañana en Lima será el “punto de partida” para reestructurar la estrategia global contra el narcotráfico, afirmó Carmen Masías, jefa de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Carmen Masías.

Consideró que en dos días de trabajo, las más de 70 delegaciones de países y organismos internacionales deben sentar las bases para construir una lucha global más articulada contra el tráfico ilícito de drogas.

“Será una oportunidad para tener mayor información y mejores acuerdos con países de la región y de Europa. Por supuesto que será un punto de partida a nivel global”, declaró a la Agencia Andina.

Añadió que esta conferencia será un espacio donde se pueda reestructurar los esfuerzos que se vienen haciendo contra el narcotráfico, para optimizar la colaboración y tener mejores resultados.

Esta conferencia internacional, opinó, “marca un importante hito” en ese objetivo, ya que vendrán representantes de todos los continentes para escuchar y compartir sus experiencias en la lucha contra las drogas.

Los ejes de esta reunión son la reducción de la demanda, la disminución de la oferta y las mejores prácticas del desarrollo alternativo.

Masías precisó que Perú insistirá en la reunión hacer realidad el principio de la responsabilidad compartida, y que tanto países productores como consumidores aporten en la estrategia de lucha internacional contra el tráfico de estupefacientes.

Consultada sobre la colaboración en materia antidrogas para el Perú de parte de los países de Europa, manifestó que esta no se reducirá a pesar de la futura crisis que golpea a ese continente.

“Se puede seguir captando colaboración de otros países, no solo se debe esperar dinero sino también intercambio de información asistencia técnica, por ejemplo, de Francia o Gran Bretaña, necesitamos ese conocimiento que también es cooperación internacional”, añadió.

Indicó que esta cita será una magnífica oportunidad para que los modelos de desarrollo de cultivos alternativos aplicados en Perú, puedan ser expuestos ante el mundo y estas experiencias sean aplicadas en otros países adaptados a sus propias realidades.


Lima, jun. 24 (ANDINA).


La reelección indefinida sí es antidemocrática



 Daniel Zovatto*

En su reciente visita a Córdoba, Ernesto Laclau señaló: “[...] es muy antidemocrático que la gente no tenga la opción de reelegir por un impedimento institucional. En Europa, los primeros ministros –excepto en Francia, que es un cargo no electivo– pueden ser reelegidos indefinidamente en la medida en que sus propios partidos confirmen sus liderazgos y en la medida en que la gente los vote. Y nadie habla de que hay un peligro antidemocrático”. Lo dijo en una entrevista publicada por este diario el pasado domingo 17.

Difiero de manera sustancial de la opinión de Laclau. En sistemas presidenciales como el argentino, lo verdaderamente antidemocrático es la reelección indefinida, no su prohibición.
Antes de entrar en el tema, definamos qué entendemos por reelección en un sistema presidencial, para evitar confusiones. En palabras de Dieter Noh­len, la reelección es “el derecho de un ciudadano (y no de un partido) que ha sido elegido y ha ejercido una función pública con renovación periódica de postular y de ser elegido una segunda vez o indefinidamente para el mismo cargo: titular del Ejecutivo”.

La reelección puede estar permitida o prohibida en términos absolutos o relativos y, como tal, da lugar a cuatro fórmulas principales y a una variada combinación entre ellas: 
1) reelección indefinida; 
2) reelección inmediata y prohibición de la reelección para períodos siguientes; 
3) prohibición de la reelección inmediata y autorización de la reelección alterna, y 
4) prohibición absoluta de la reelección.

En América latina, 14 de los 18 países (excluido Cuba) regulan la reelección en sus diversas modalidades, pero sólo Venezuela la permite de manera indefinida, si bien este país contempla la posibilidad de un referéndum revocatorio para el presidente de la República.

A favor y en contra. 
Respecto a la conveniencia o el perjuicio de la reelección, existe un debate de nunca acabar, en el que suelen surgir confusiones importantes (como aquellas en las que incurre Laclau), al no distinguir adecuadamente entre sistemas presidenciales y parlamentarios, sobre todo en relación con la reelección indefinida.
En mi opinión, mientras la reelección indefinida no es antidemocrática en un sistema parlamentario (por sus características propias), en un sistema presidencial sí lo es.
Los defensores de la reelección indefinida argumentan que esta permite aplicar un enfoque más “democrático”, ya que posibilita a la ciudadanía elegir con mayor libertad a su presidente y responsabilizarlo por su desempeño, premiándolo o castigándolo según sea el caso. “En la medida en que sus propios partidos confirmen sus liderazgos y en la medida en que la gente los vote”, para Laclau ello no es antidemocrático.

Esto es cierto en un sistema parlamentario, reitero, pero no así en uno presidencial, ya que en este último la reelección indefinida refuerza la tendencia hacia el liderazgo personalista y hegemónico inherente al presidencialismo y expone al sistema político al riesgo de una “dictadura democrática” o bien a una dictadura a secas.
Las nefastas experiencias reeleccionistas de Anastasio Somoza, en Nicaragua; Alfredo Stroessner, en Paraguay; y Joaquín Balaguer; en República Dominicana, así lo testimonian.

Además, suele atentar contra los principios de igualdad, equidad e integridad en la contienda electoral, al dar lugar a un ventajismo indebido a favor del presidente en funciones, en desmedro de los demás candidatos. La actual campaña electoral venezolana es un claro ejemplo de esta patología.
Las conclusiones de un reciente seminario sobre el tema señalan que, en numerosos casos, la figura de la reelección presidencial en América latina se ha caracterizado por ser más desafortunada que afortunada, puesto que ha servido para que algunos gobernantes pretendan permanecer de modo indefinido y hasta perpetuarse en el poder, ya sea por sí o por otros. Los casos de Carlos Menem, en la Argentina; Alberto Fujimori, en Perú; Álvaro Uribe, en Colombia; y Hugo Chávez, en Venezuela; entre otros, así lo confirman.

En dicho seminario hubo consenso, asimismo, en que los riesgos asociados con la reelección presidencial suelen estar directamente relacionados con el grado de institucionalidad de cada país: en aquellos con institucionalidad fuerte, los riesgos de una desviación patológica son menores, y son mayores en aquellos países con institucionalidad débil.
La institucionalidad fuerte se caracteriza por la existencia tanto de poderes públicos independientes del Ejecutivo, sobre todo el Poder Judicial, así como por un sistema de partidos políticos competitivos e institucionalizado.

Por otro lado, como lo demuestra la experiencia comparada latinoamericana, en países con institucionalidad débil la reelección indefinida, e incluso la inmediata, del presidente ha servido para concentrar el poder político en el Ejecutivo, con grave afectación al principio de división de poderes y sobre todo a la independencia de los órganos del poder público, a los cuales les corresponden funciones de control tanto jurisdiccional como político. Venezuela, Ecuador y Nicaragua son algunos ejemplos de esta tendencia.

Reflexión final. 
En el caso argentino, introducir la reelección indefinida en el sistema presidencial actual además de antidemocrático podría llegar a ahondar la distancia abismal que ya existe entre el partido gobernante y el principal opositor, exponiendo a la democracia, como bien señala Rodolfo Terragno, al abuso de poder y a la falta de alternativa. Abuso que suele derivar en “dictadura de la mayoría”, la cual quebranta los derechos del resto de la población y genera, al mismo tiempo, una hegemonía del partido gobernante que impide el control y el cambio.
Por ello, si lo que se busca, vía la reelección indefinida de un mismo personaje, es intentar asegurar la continuidad de un proyecto político, entonces la alternativa es transitar de un sistema presidencial a uno parlamentario.

De este modo, se quitaría el carácter antidemocrático a la reelección indefinida. Pero para ello sería necesario reformar la Constitución (como hizo Menem en 1994, al introducir la reelección inmediata en beneficio propio) para “acomodarla” a los intereses de la gobernante de turno y al servicio de la continuidad de su proyecto político (“Cristina eterna”). Y ello sería igualmente antidemocrático y peligroso para nuestra democracia.

Mi opinión es que la consolidación de nuestra democracia no se obtendrá a través de líderes “indispensables” perpetuados en el poder vía reelección indefinida. El camino a seguir es otro: mediante la participación madura y activa de los ciudadanos; con instituciones legítimas, transparentes y eficaces; con la existencia de un sistema de frenos y balances entre los poderes y con una sólida cultura cívica.
Sospecho que estos mismos argumentos fueron los que pesaron en mandatarios que, aun contando con altos niveles de popularidad (Tabaré Vázquez, en Uruguay; Lula, en Brasil; Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, en Chile, entre otros) decidieron acertadamente no cambiar las reglas de juego para eternizarse en el poder.
Ya lo dijo el ex presidente Lula: “Cuando un líder político empieza a pensar que es indispensable y que no puede ser sustituido, comienza a nacer una pequeña dictadura”.


*Director regional de Idea Internacional para América Latina y el Caribe

La Voz del Interior, 24-6-12


Río + 20: ¿De que victoria hablan?




Por P. Juan C. Sanahuja

Nunca hemos polemizado con medios de información católicos. No es nuestro estilo. No queremos contribuir a la confusión reinante entre los cristianos. Pero, aún manteniendo el ánimo de no disputar entre hermanos, consideramos que es nuestro deber al servicio de la Verdad y de la verdad, hacer algunas precisiones para ayudar a nuestros lectores a juzgar la realidad.


Varios de medios de comunicación católicos han titulado como victoria pro vida y derrota del aborto en Río+20, al fracaso de la cultura de la muerte en incluir los términos derechos reproductivos y servicios de salud reproductiva en el documento final de esa Conferencia de la ONU. Es evidente, que es algo muy positivo que dichas palabras no aparezcan en forma explícita, que eso ha costado un gran esfuerzo y, por lo tanto, es lógico que nos complazca y alegre. Pero de ahí, a hablar de “triunfo” hay un largo trecho. Es nuestro deber pelear todas las batallas que podamos, sin transformar los logros parciales en cantos triunfales.

Todo hay que decirlo, esos términos y otros, que atentan quizás más contra el orden natural, están contenidos en los vocablos “igualdad de género y empoderamiento de la mujer”. Pienso que nos tenemos que acostumbrar a juzgar el contenido de los documentos de la ONU, a la luz de la muy conocida reinterpretación de los términos y palabras.

En nuestro servicio anterior, RÍO+20: Aborto y género, explicamos los motivos. La sola mención de la Conferencia sobre la Mujer de Beijing o de la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), indican que el aborto no ha sido excluido del texto de la conferencia. A su vez, en estas páginas, nos hemos referido reiteradamente a la iniquidad contra el orden natural que significan los llamados Objetivos del Milenio.

El documento final de Río+20, dice: “Decidimos acelerar la implementación de los principios contenidos en la Convención por la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), la Agenda 21, la Declaración de Beijing y los Objetivos del Milenio” y también apoya la “priorización de medidas que promuevan la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres, incluyendo la remoción de las barreras para su participación igualitaria en la toma de decisiones”. Por supuesto, que las abortistas pro gay, Michelle Bachelet y Mary Robinson, se quejaron: les pareció poco, preferían las palabras explícitas, pero ¡qué se puede esperar de esos personajes!

La Convención de la Mujer, la Declaración de Beijing y los Objetivos del Milenio para el Desarrollo, son sinónimos de aborto y de otras aberraciones contra la ley natural.

Advertencia del Cardenal Tauran

Puede arrojar luz, la declaración en el año 2000, del entonces Secretario para las Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado del Vaticano, Mons. Jean-Louis Tauran (hoy Cardenal), "el CEDAW difundió en febrero de 1999 una Recomendación General en la que condena las leyes que prohíben el aborto. En la misma recomendación dicen que el Estado debería ofrecer los servicios de salud reproductiva incluso en aquellos casos que se opongan las autoridades sanitarias". No sólo el CEDAW fue incluido en las críticas de Mons. Tauran, sino también la UNICEF, el ACNUR, "por su decisiva participación en el programa de control de nacimientos". Añadiendo, "las declaraciones oficiales de la OMS reflejan tendencias que son inaceptables para la Santa Sede”. (Vid. J. C. Sanahuja, El Desarrollo Sustentable. La nueva ética internacional, Vortice, Buenos Aires 2003, p. 197).

Cumbre de mandatarias por la igualdad

Entre los eventos de Río+20, se realizó la Cumbre de mandatarias por la igualdad, que reunió a Presidentas, primeras ministras y ex mandatarias y en la que se reafirmó la igualdad de género como uno de los pilares del desarrollo sustentable. La reunión fue impulsada por Michelle Bachelet, que fue con Dilma Rousseff, la estrella de la reunión. ¿Cree alguien sinceramente que diga lo que diga el documento final de Río+20, este conjunto de abortistas dejará de imponer en sus países los “derechos reproductivos”, basados justamente en las conclusiones, entre otras, de ésta Cumbre?

Señalemos que Rousseff, nombró Ministra de Asuntos de la Mujer a Eleonora Menicucci: ex-guerrillera, divorciada y que declaró ser bisexual y haber hecho dos abortos en su vida, (Página 12, Buenos Aires, 14-02-12).

Voces católicas: otras cosas que no ayudan

Lamentablemente, también debemos señalar, que no ayuda a aclarar la confusión entre los católicos, declaraciones como la de Caritas Internacional, publicada por la Agencia Informativa Católica Argentina, el 19 de junio pasado.

Caritas, institución oficial de la Iglesia, no es clara en su exposición. Por sólo nombrar dos rarezas del documento, éste habla del respeto a los derechos humanos “y los derechos de la Tierra en búsqueda de una convivencia armónica del ser humano con la naturaleza”. ¿Desde cuando para los cristianos, la tierra es objeto de derechos? Parece oscurecerse la verdad de que el hombre, “es colocado en el jardín para cultivarlo y custodiarlo, por encima de todos los demás seres puestos por Dios bajo su dominio (Génesis, 1, 15 y ss). Pero al mismo tiempo el hombre debe someterse a la voluntad de Dios, que pone límites en el uso y dominio de las cosas (Génesis, 2, 16 y ss)” (Juan Pablo II, Sollicitudo rei socialis, 30-12-87, n. 29). Esos límites en el uso y dominio de la tierra, son la voluntad de Dios para el hombre y no “derechos de la Tierra”.

Esta redacción del documento puede confundir a los incautos y poco formados cristianos, y llevarlos a pensar que la “Madre Tierra tiene derechos”, como afirman los panteístas.

También es lamentable que Caritas Internationalis, nos hable de “la visión contenida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el compromiso de los líderes para aplicarlos. Representan hoy una hoja de ruta para el desarrollo sostenible y un mundo más equitativo”. Cuándo éstos son en realidad, instrumentos de la reingeniería social anticristiana.

Noticias Globales, 22-06-12

El Estado uruguayo venderá marihuana





POR GUILLERMO PELLEGRINO

El proyecto de legalización de la marihuana y darle el monopolio de la venta al Estado, oficializado anteayer por el gobierno uruguayo, desató una ola de repercusiones en América latina. Los mandatarios de Colombia y Guatemala, Juan Manuel Santos y Otto Pérez, que hoy guían los destinos de dos países que han sabido tener –y todavía tienen– grandes dificultades con el narcotráfico, fueron dos de las caras visibles de estas reacciones.

Peréz, primer presidente en ejercicio en la región en pronunciarse a favor de una legalización de la producción, comercialización y consumo de las drogas, se manifestó a favor de la idea propulsada por su par José Mujica: “Los países tienen que buscar nuevas rutas para combatir el narcotráfico de una forma más eficiente y reducir el impacto de violencia que provocan las organizaciones criminales”, dijo a través de su vocero, Francisco Cuevas. Guatemala es, junto con Honduras y México, país de tránsito del 90% de la cocaína consumida en Estados Unidos, lo que llevó a Pérez a proponer esa línea, por el momento sólo desde la faz dialéctica, que años atrás habían defendido los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso de Brasil, César Gaviria, de Colombia y Ernesto Zedillo, de México.

Ayer, otros que se pararon claramente en una postura contraria al proyecto uruguayo de monopolizar la producción, distribución y venta de la marihuana. Uno fue el colombiano Santos, presidente del mayor productor de cocaína del mundo junto a Perú, quien cuestionó la disposición uruguaya por ser unilateral. “En este tema hay que tener un enfoque común”, dijo. “Porque si un país legaliza y otro país lo tiene totalmente ilegal se generan esas distorsiones que muchas veces tienden a agravar el problema”, anadió.

Desde Venezuela, el ministro del Interior, Tareck El Aissami, también cuestionó la medida, que calificó de una “trampa” y abogó por invertir más en prevención. “Eso parece una medida defensiva y no preventiva”, indicó. En Argentina, donde una iniciativa para despenalizar el consumo quedó frenada en Diputados, no hubo declaraciones oficiales.

Mujica defendió su postura: “Alguien tiene que empezar en América del Sur. Tenemos que buscar otro camino, aunque algunos lo consideren osado. Uruguay es un país pequeño, donde se pueden hacer las cosas más fácilmente”, dijo al diario brasileño O Globo. Se sumó el ministro de Defensa uruguayo, Eleuterio Fernández Huidobro, quien dijo que debe haber un proceso de discusión, “para no afectar a países vecinos ni ser acusados de ser una especie de centro de fabricación”.

Según los lineamientos básicos del proyecto, el Estado asumirá y certificará la calidad del producto; llevará un registro de consumidores que no podrían comprar más de 40 cigarrillos por mes; y se hará cargo, en caso de ser necesario, de tratamientos de rehabilitación.

En la esfera política uruguaya también hubo repercusiones. El lider del partido colorado, Pedro Bordaberry, se preguntó: “¿Cómo se va asegurar que el consumidor de pasta base (paco), no revenda los porros que compra para seguir consumiendo pasta base?, dijo. El humor también dominó en las ultimas horas las redes sociales. Se habló del “porro del Pepe” y se alteraron fotos de él: le agregaron las clásicas rastas de Bob Marley.

Clarín, 22-6-12