Lorenzetti
Horacio M. Lynch
A los temas tratados en los excelentes editoriales de
la nacion sobre nuestra baja calidad institucional, agrego el juicio político
promovido hace un año al presidente de la Corte, doctor Lorenzetti, por Elisa
Carrió, disponible en la página web de la legisladora en un fundado documento
de 84 páginas con 23 acusaciones por mal desempeño y delitos comunes.
Este planteo está durmiendo en el Congreso y ningún
fiscal se ha preocupado por investigar los delitos comunes. La legisladora
también lo denunció por otro hecho ante la doctora Servini, pero pasó un año
sin novedades. Que exista una acusación de tal envergadura, que los legisladores
la cajoneen, que la sociedad, los medios y las instituciones no reclamen, que
ningún fiscal investigue, que Servini la mantenga en standby y, lo que es peor,
que el Gobierno se aproveche de esta situación y se despegue de la acusación
¡alegando no haberla leído! son síntomas de un país institucionalmente muy
enfermo.
Es grave que el interesado no intente aclarar esta
lamentable situación que lo descoloca a la hora de resolver temas candentes del
Gobierno; ningún magistrado puede quedar impávido en esta situación, y el
presidente de la Corte, menos. Esta acusación congelada interpela al país: ¿qué
imagen proyectan nuestras instituciones y nuestro Poder Judicial?, ¿será
necesario que se interponga una denuncia ante la Justicia para forzar a los
fiscales a actuar?
La Nación, 6-2-18
Causales de Juicio Político
Antecedentes del Dr. Ricardo Lorenzetti.
(Síntesis del pedido de Juicio Político)
De su oscuro patrimonio.
Lorenzetti vive en Puerto Madero, en un departamento
sobre Olga Cossenttini. Parecería pertenecer a Ratio S.A., una firma que se
dedica a los “servicios inmobiliarios” y posee domicilio fiscal en Sarmiento al
400, en Rafaela. En esa dirección figuran servicios a nombre de Pablo Ricardo
Lorenzetti, el mayor de los hijos del presidente de la Corte. Sin embargo,
Lorenzetti no incluyó ningún departamento en Puerto Madero como propio en el
apartado “bienes inmuebles en el país o en el extranjero”.
De la usurpación al congreso de facultades
legislativas para no cumplir con la ley de ética en el ejercicio de la función
pública. La ausencia de transparencia en su patrimonio.
En primer lugar, el sistema de declaraciones juradas
patrimoniales que impuso Lorenzetti para los miembros de la Corte Suprema es un
sistema preparado deliberadamente para evadir la ley de ética en el ejercicio
de la función pública y no exhibir el patrimonio de los jueces de la CSJN. El
sistema de consulta de las declaraciones juradas no funciona.
En segundo lugar, ante presentaciones que hicieron los
diputados Carrió y Sánchez los jueces de la CSJN sí entregaron las
declaraciones juradas. Pero con otra particularidad: las declaraciones juradas
no individualizan la cantidad de bienes, como tampoco cuántos automotores
tienen, ni acciones en qué sociedades ni su porcentaje, sin cumplir con lo
dispuesto en el articulo 6 de la ley de ética pública.
“Pyme
Rural”. Canje de cheques de clubes de futbol. ¿Una mutual como pantalla de una
financiera?
Tal como denunció Carrió ante el Juzgado Nacional en
los Criminal y Correccional Federal N° 1 a cargo de la Dra. María Romilda
Servini en la causa conocida como “Futbol para Todos” la mutual Pyme Rural se
investiga en esa causa porque cambió cheques de la Asociación de Fútbol
Argentina (AFA) y distintos clubes de fútbol. El 54% del padrón de asociados de
Pyme Rural realizaron su adhesión el mismo día, el 15 de mayo del 2015, entre
ellos el Presidente de la Corte, sus hijos, socios y demás familiares.
Oscura e irregular matriz administrativa del
Poder Judicial de la Nación.
La transferencia de estructuras propias del ámbito de
actuación y control del Consejo de la Magistratura a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, se encuentra en contraposición al artículo 114 de la Constitución Nacional.
El proceso de desarticulación de los mecanismos de participación en la toma de
decisiones y de control interno de la administración y/o gestión de los
recursos económicos, financieros y de recursos humanos del Poder Judicial de la
Nación y el manejo discrecional de millonarios fondos extrapresupuestarios.
Debilidad y ausencia del procedimiento de control interno. Concentración de las
decisiones e inconsistencia en la administración de la Caja y la rendición de
cuentas
Cooptación
de las estructuras del Consejo de la Magistratura para la concentración del
poder y el manejo de los fondos de la justicia.
Estructuras fundamentales en el control de la
actividad del Consejo y del manejo de sus recursos presupuestarios habrían
quedado en manos de personas estrechamente vinculadas a Lorenzetti, como es el
caso del Secretario General de Administración, Marchi. A esta cooptación debe
agregarse la “restitución” a la órbita de la superintendencia de la Corte
Suprema de Justicia de oficinas cuya actuación debía quedar sujeta al Consejo
de la Magistratura. Este proceso de cooptación habría culminado con la creación
del “Comité Ejecutivo de Inversión del Poder Judicial de la Nación”.
Nadie
controla a Lorenzetti: la destrucción del sistema de control interno.
El Consejo de la Magistratura cuenta con un sistema de
control del manejo de los recursos económicos muy básico y muy limitado que
habría sido marcadamente diluido a partir del año 2007, año en que asume la
Presidencia de la Corte Suprema Lorenzetti.
Intento de
no ser auditados. La disimulada negativa a la intervención de la Auditoría
General de la Nación.
La pelea por
la caja judicial durante las leyes de Cristina Kirchner para someter al poder
judicial.
Cuenta cómo Lorenzetti adulteró la carta que le envió
a la Presidenta, Cristina Kirchner, y que los Camaristas Federales habían
redactado preocupados por la ley de reforma al Consejo de la Magistratura. El
Presidente de la Corte había acordado con la mandataria previo al tratamiento
en el Diputados los cambios en el proyecto traicionando la independencia de los
jueces. Habría sido en una conversación entre ambos que Lorenzetti consiguió
una concesión inconstitucional: que sería el máximo tribunal, y no el Consejo
de la Magistratura como estipulaba el proyecto original, el que conservará
parte de la administración de todo el Poder Judicial.
Sospechosos
sorteos de la justicia: irregularidades en el sistema de informatización del
poder judicial.
La empresa ganadora de la adjudicación del sistema
informático, Atos Origin – Base 100, vinculada a Lorenzetti, en una licitación
con sospechas de graves irregularidades es
fuertemente criticada por sus graves deficiencias y limitaciones.
Carteles
digitales: otra contratación irregular.
Se analizan varias contrataciones irregulares.
Discrecionalidad de los fondos anticíclicos.
El manejo
irregular y discrecional de la obra social.
El Secretario General de Administración, Marchi, a
través de una resolución de la Corte obtuvo la custodia y administración de los
fondos remanentes de la Obra Social del Poder Judicial sospechados de
irregularidades y sin cumplir la finalidad de cualquier Obra Social que no es
otra que la prestación de los servicios médicos- asistenciales de los
afiliados.
Irregularidades e inconsistencias en la formulación y ejecución del
presupuesto.
Crecimiento
del personal de la corte. Ausencia de los deberes éticos: designación y
asignación arbitraria del personal.
Particular
interés de Lorenzetti de intervenir en causas sensibles. Cuerpo de peritos del
poder judicial.
Lorenzetti creó el Cuerpo de Peritos del Poder
Judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la
Administración Publica, hoy integrado por unos pocos peritos de su confianza
“absorbiendo” las causas más sensibles, a fin de sumar cada vez más poder.
Posible uso
extorsivo de su poder en la AFIP de Santa Fe.
Se investiga si el Presidente de la Corte actuó como
un puntero político que fue colocando en ese lugar clave del Estado Nacional
personas de su confianza.
Lorenzetti te escucha.
El aparato de inteligencia paralelo que está
construyendo a través del sistema de escuchas, del de peritos y a través de la
nueva asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (que podrían
funcionar como verdaderos agentes de inteligencia encubiertos), todo manejado
sin independencia o con un disfraz de independencia que queda a cargo de
personas con relaciones de amistad y de otra naturaleza con el Presidente de la
Corte, quienes están en puestos claves.
Manejo
discrecional de los bienes decomisados en manos de la Corte a costa de la lucha
contra el narcotráfico.
Los bienes decomisados en causas relacionadas al
narcotráfico deben ser destinados a la lucha contra el tráfico ilegal de
estupefacientes, su prevención y la rehabilitación de los afectados por el
consumo. Sin embargo, los bienes
decomisados se utilizan para gastos de la Corte.
Negocio
personal en nombre de su prestigio al frente de la corte. Violación de los
deberes éticos.
Se cuenta sus negocios con la editorial Rubinzal
Culzoni.
Sombríos
intereses en la provincia de Salta.
El ex juez
federal Reynoso y sus vínculos con el narcotráfico.
El juicio político analiza la relación entre
Lorenzetti y Reynoso, procesado en diciembre de 2015 por la justicia por haber
beneficiado a narcotraficantes. Dos meses antes, en octubre de 2015 el ex juez
Reynoso conformó la Comisión judicial para la lucha contra el narcotráfico
convocada por Lorenzetti.
En nuestro
país “llueve droga”.
Asimismo, solicitamos se convoque a los siguientes
para prestar declaración testimonial: Mario Cimadevilla, Claudio Cholakian,
Pablo Hirschmann, Juan Carlos Cubría, Horacio Calciati, Carlos del Frade,
Adolfo Athos Aguiar, Ricardo Monner Sans, María Romilda Servini, Gustavo Tita,
Paula Oliveto Lago, Abel Cornejo, Margarita Escribano de Fayt, Natalia Aguiar,
Leandro Despouy, Ariel Lijo, Alfredo Lijo, Oscar Lamberto, Sergio Gotti, Julio
De Vido, Fiscal Ramiro González, Ernesto Gutiérrez, Carlos Zanini, Adrián
Ventura, Adrián Werthein, Alberto Rodríguez Saa, Julio Alak, Julio Vitobello,
Julián Álvarez, Abel Cornejo, José Granero, los directivos de la editorial
Rubinzal Cunzoni SA.
