MONITOREA LA LEY DE ABORTO
NOTIVIDA, Año XXI,
Nº 1311, 15 de diciembre de 2022
El Proyecto Mirar,
una iniciativa creada para monitorear la implementación de la Ley de aborto
presentó un nuevo informe, focalizado en “las desigualdades en el acceso al
aborto” y con vistas a “la calidad en la atención”. Mirar es un trabajo
conjunto del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) e Ibis
Reproductive Health.
El escrito
menciona que “los insumos son una dimensión clave para la calidad de la
atención”. “Durante 2021 se distribuyeron 74.071 tratamientos, 4 veces más que
en 2020” Y “en 2022 se incorporó la distribución del combipack (1 Mifepristona
200 mg + 4 Misoprostol de 200 mcg)”. Recuerdan que esto fue posible gracias a
una donación de la IPPF (25.000 combipacks) y una posterior compra de 50.000
“tratamientos” realizada al Fondo de Población.
“Para el 2023, la
perspectiva es continuar con la distribución de ambas drogas, reproduciendo la
estrategia de provisión mediante donaciones y compras en el mercado
internacional y nacional”. “Otra novedad del 2022 ha sido la puesta en
marcha de los procesos de producción de la mifepristona en laboratorios
públicos del país”. “Dos de estos laboratorios vienen produciendo misoprostol
para abastecer al sistema de salud público (Laboratorio Industrial Farmacéutico
de Santa Fe desde el 2019 y Productora Farmacéutica Rionegrina S.E. desde el
2021). Más recientemente se han sumado los Laboratorios Puntanos de San Luis y
el Instituto Biológico Tomás Perón de La Plata”.
Se destaca el
crecimiento de los servicios públicos de Salud que hacen abortos, que en la
Ciudad de Buenos Aires son el 100%, todos los Cesacs y todos los hospitales,
incluidos los pediátricos. A nivel nacional la cantidad de servicios públicos
de salud que realizan abortos aumentó un 58%, no obstante, lo consideran
“insuficiente” porque hay una “sobrecarga de los equipos de salud”
especialmente de los que hacen los abortos después del “primer trimestre o
segundo trimestre inicial”.
Sorprenden los
datos consignados sobre los abortos en la provincia de Chubut. El total en sí
mismo (985) supera al de provincias que la doblan en cantidad de población, por
ejemplo: Corrientes, Chaco y Misiones. Pero lo más llamativo es la proporción
de abortos que se realizaron después del primer trimestre, en el 71% de los
casos la práctica se realizó cuando el embarazo superaba las 14 semanas, según
consignan. Aclara también que el 96% de los abortos de Chubut se practicaron
con medicamentos. Recordemos que de Chubut provino el caso FAL y que fue la
primera legislatura provincial en aprobar una ley de aborto.
Se puntualiza que
en marzo de 2022, la OMS publicó nuevas directrices para aborto y resaltan que
“por primera vez, las recomendaciones de prestación de aborto de la OMS
incluyen la autogestión del aborto con medicamentos (Recomendación nº50) y a
trabajadores de la salud comunitaria y farmacéuticos como proveedores
capacitados para el aborto con medicamentos hasta las 12 semanas de gestación
(Recomendación nº28)”.
Entre las deudas
mencionan “campañas públicas de comunicación y difusión del aborto como un
derecho”. Denuncian la persistencia de “prácticas no recomendadas como el uso
del legrado” y exhortan “a fortalecer la utilización de la AMEU con más
capacitaciones y otras estrategias”.
Entienden que la
objeción de conciencia “que no se ajusta a la Ley” también va en detrimento de
la calidad de atención. Dice: “la objeción es para el que interviene
directamente en la práctica” que no debe obstaculizar y tiene que derivar, pero
“existen malas objeciones (que no son formalmente ejercicios del derecho a la
objeción de conciencia sino prácticas por fuera de la ley), cotidianas del
personal de salud en contacto con las personas usuarias pero que no está
involucrado directamente en la práctica del aborto: por ejemplo, personal
administrativo que obstaculiza o demora la recepción o la reserva de turnos”.
Valeria Islas
directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, una de las referentes
citadas en el estudio, entiende que a veces “se piden más requisitos de los que
plantea la ley, sobre todo en el primer trimestre” por lo que “hay que ir
revisando los micro-procesos de acceso a la atención”.
Se demanda que los
profesionales de la salud además de intervenir ante la solicitud expresa de un
aborto, sean activos “proveedores de información sobre la posibilidad y el
derecho a interrumpir el embarazo”, es decir, que ofrezcan el aborto. Para eso
hay que “deconstruir hábitos de atención”.
El reporte concluye
proponiendo una agenda de temas pendientes en materia de “calidad de la
atención de los servicios de aborto”, por ejemplo, relevar experiencias reales
de utilización de los servicios para “identificar barreras en el acceso al
aborto” y “evaluar si la ley se está implementando de manera apropiada según
los estándares que el marco normativo y las recomendaciones internacionales
indican”.
