es el único “éxito” de esta gestión: 250 mil
nacimientos menos por año en Argentina
Claudia Peiró
Infobae, 27 de
Noviembre de 2022
No le bastó a la
ministra de Salud, Carla Vizzotti con la escandalosa campaña de promoción de
ligadura de trompas y vasectomías en adolescentes que lanzó su ministerio en
septiembre pasado. Siguió su raid antinatalista con una disertación en un panel
organizado por la IPPF (Planned Parentwood) y Amnesty International, en el cual
dio las cifras de abortos realizados en el sistema público el año pasado
(73.487) y en lo que va del actual (más de 34 mil), se jactó de la floreciente
industria nacional de misoprostol y hasta destacó que un laboratorio local está
avanzando en la producción pública de mifepristona para el 2023, con el
objetivo de exportar.
“Argentina lidera
el antinatalismo en la región”, dice la licenciada Mónica del Río, que en el
boletín Notivida hace el seguimiento de las estadísticas vitales publicadas por
el propio Ministerio. “La disyuntiva era bajar la pobreza o eliminar a los
pobres y el Gobierno argentino ya decidió”, concluye.
De hecho, acaba de
dar nuevo paso en esa dirección. En el Boletín Oficial del 15 de noviembre
pasado, se publicó la “Guía de Anticoncepción Inmediata Posevento Obstétrico”
(AIPEO), aprobada por Resolución 2821/2022 del Ministerio de Salud de la
Nación, con la firma de Vizzotti.
Traducido, se
trata de promover la oferta y colocación de un anticonceptivo de larga duración
inmediatamente después de un aborto o un parto, antes de darle el alta a la
paciente. Como admite el propio gobierno, esta Guía, un documento de 112
páginas adjuntado al decreto, fue realizada “con la colaboración técnica de
UNFPA (Fondo de Población de Naciones Unidas)”.
Los redactores del
documento oficial advierten que en él “se han respetado los lineamientos de
lenguaje inclusivo establecidos por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y
Diversidad, Argentina en 2020″. Casi una garantía de calidad...
Los considerandos
son reveladores de las intenciones de la Guía: “Uno de los principales
fundamentos de esta estrategia se basa en comprender que el embarazo, parto,
puerperio y situación de aborto es para muchas mujeres o PCG [N. de la R: sic,
por “personas con capacidad de gestar”] el primer contacto con el sistema de
salud, por lo que estas situaciones se constituyen como una oportunidad de
oro…”
Una oportunidad de
oro para asegurarse de que no vuelvan a gestar, al menos por un buen tiempo.
Los anticonceptivos de larga duración que proponen son esencialmente el DIU
(espiral) y el implante subdérmico, con duraciones que oscilan entre los 3 y
los 5 años. La ventaja que presentan, siempre según la Guía, es que “no
requieren ninguna acción por parte de la usuaria después de la inserción, lo que
significa que la usuaria no puede alterar la eficacia del método”.
Una “ventaja
adicional” es que cuando una mujer desea interrumpir la anticoncepción, debe
acudir a un centro de salud, dice el documento. Donde la estarán esperando para
convencerla de lo contrario porque la única línea que se puede bajar en esta
materia es la de promover la no gestación y, si ésta se produjera de todos
modos, el no nacimiento. Porque, como lo hicieron en el debate del aborto,
llaman al prestador de salud a “separar sus creencias y valores de los de sus
pacientes y centrarse en las necesidades de las mismas”. Es decir, sólo valen
las creencias que ellos promueven.
Entre las
justificaciones de la Guía, figura el recordatorio de que en 2015 “la Asamblea
General de Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030″ y que ésta “incluye la meta
específica de garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y
reproductiva”.
La Guía se explaya
en las ventajas de los métodos anticonceptivos de larga duración, su grado de
eficacia y la forma de aplicarlos según sea posparto o posaborto. La intención
es generalizar estas prácticas, asegurarse de que todas las mujeres que pasen
por un establecimiento de salud para dar a luz o para abortar, egresen de allí
esterilizadas, al menos por un buen tiempo.
Prioridades y
urgencias del gobierno
La promoción de
estos métodos no se detiene ante barreras de ningún tipo. La Guía recuerda que
las “niñas/es/os (sic) hasta los 13 años pueden brindar su consentimiento (¡sic!)
con asistencia de sus progenitores” o del adulto a cuyo cuidado se encuentren,
para la colocación de un DIU o un implante. También que “los adolescentes de 13
a 16 años pueden consentir toda práctica que no implique un riesgo grave para
su salud o su vida” y que “a partir de los 16 años, tienen capacidad plena para
la toma de decisiones sobre el cuidado del propio cuerpo como una persona
adulta”.
La Guía revela las
prioridades del gobierno: “La SSR (Salud Sexual y Reproductiva) es una
urgencia, y por esto los servicios que brindan anticoncepción a las mujeres o
PCG son esenciales”.
Citando siempre al
Fondo de Población de Naciones Unidas, se asegura que los beneficios sociales
de la contracepción de larga duración son: el “mayor crecimiento del PIB y del
PIB per cápita”, el “incremento del número de adultos en edad de trabajar en
relación con el número” de menores dependientes, y la “reducción de la demanda
de gasto público en educación, vivienda y saneamiento”.
Es evidente que si
se reduce la población, cosa que en Argentina podría suceder pronto,
considerando el empeño que ponen en ello los funcionarios públicos, se reduce
la demanda de escuelas, casas y servicios.
Pero, considerando
que estas políticas se han vuelto prioridad de prioridades desde 2014, los
resultados en materia de crecimiento están muy lejos de confirmar el optimismo
malthusiano de los antinatalistas.
Muchos métodos,
poca mano de obra
“La anticoncepción
es una intervención económica y rentable, pero la escasez de personal sanitario
y las políticas restrictivas sobre las funciones de agentes de salud no médicos
limitan el acceso a métodos anticonceptivos eficaces en muchos entornos”,
advierte la Guía. Lo que llaman “políticas restrictivas” son las incumbencias
de cada profesión, algo que se vincula a la formación y no puede ser pasado por
alto con ligereza.
“Tienen muchos
métodos pero les falta mano de obra”, ironiza Mónica del Río.
En consecuencia, y
conforme a su afán de no desaprovechar la “oportunidad” que representa esta
suerte de clientela cautiva que son las parturientas argentinas, el Gobierno,
con auxilio de la oposición en el Congreso, se propone cumplir con otra
directiva del Fondo de Población: la sanción de una ley que amplíe las
funciones de las obstétricas. “La Comisión de Salud le dio despacho a los
proyectos que permitirían a las parteras brindar -de forma autónoma- servicios
integrales de salud sexual y reproductiva. Podrían ofrecer consejerías, recetar
anticonceptivos y abortivos, colocar y extraer dispositivos intrauterinos e
implantes y aplicar anticonceptivos inyectables”, dice Notivida.
El proyecto, que
es una fusión de los presentados por Mónica Macha (Frente de Todos) y Silvia
Lospennato (PRO), pasa ahora a la comisión de Legislación General.
“Recordemos que en
2019 varias entidades médicas se opusieron a esta ley”, dice la licenciada Del
Río que se tomó el trabajo de resumir el debate en Comisión.
Silvia Lospennato,
por ejemplo, redactó su proyecto con la colaboración del Fondo de Población y
así lo hizo constar.
Esta ampliación de
funciones de las parteras permitiría extender lo más posible estas prácticas
dado que, dicen los legisladores, el acceso a la anticoncepción es muy dispar
según el lugar de residencia y la condición económica de la mujer. Siempre
pensando en las mujeres pobres…
La entrerriana
Carolina Gaillard, del Frente de Todos, elogió a las parteras: “Se han cargado
al hombro todo el tema de las interrupciones del embarazo en muchas
provincias”, dijo, como quien describe una epopeya.
Y Mara Brawer
(Frente de Todos) admitió sin sonrojarse que apenas asumió su último mandato
recibió “una comunicación de la gente de UNFPA (Fondo de Población)” pidiéndole
por esta ley -que acató de inmediato- y por eso le daba “mucha alegría” su
tratamiento.
Como en esto no
hay oficialismo y oposición, Lospennato se encargó de destacar el aporte de la
gestión Macri: “Uno de los mayores orgullos que tengo del gobierno anterior es
que lanzó el Plan ENIA que este Gobierno continuó y profundizó”, en referencia
al programa de prevención del embarazo
adolescente.
En 2018, el
gobierno de Mauricio Macri recibió financiamiento del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) para la ejecución del “Programa de Apoyo a Políticas de
Igualdad de Género”, por un monto de 200 millones de dólares. En el Boletín
Oficial del 18 de noviembre de 2018, junto con la aprobación del Modelo de
Contrato de Préstamo BID.
La primera de las
condiciones es la que enorgullece a Lospennato, la segunda, está en trámite en
el Congreso, y la tercera es la que el Ministerio de Educación impulsa con más
entusiasmo que la enseñanza de los saberes básicos: “1) Que se haya aprobado el
Plan Nacional para la Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la
Adolescencia (...); 2) Que el Ministerio de Salud de la Nación haya promovido
[un] Proyecto de Ley que regule el Ejercicio Profesional de la Obstetricia,
facultando, entre otros, que estos profesionales apliquen los métodos
anticonceptivos previstos (...); 3) Que el Ministerio de Educación de la Nación
haya promovido y concretado la aprobación por parte del Consejo Federal de
Educación de una resolución que incluya, por lo menos, dos de los siguientes
compromisos: (i) aprobar los saberes priorizados en Educación Sexual Integral
(ESI) para cada nivel educativo (Núcleos de Aprendizaje Prioritario, NAP); (ii)
incluir en los Planes Educativos Institucionales (PEI) el enfoque de ESI; y
(iii) identificar un referente que actúe como nexo con los equipos
jurisdiccionales y de enlace con el PEI para la implementación de los NAP”.
Sorprende ver
cómo, quienes ponen el grito en el cielo por las condicionalidades del FMI,
corren a cumplir estas exigencias.
Los logros
antinatalistas en cifras
Según un informe
reciente de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la
Equidad y el Crecimiento), la Argentina vive el descenso más pronunciado de
nacimientos en su historia, con una caída récord: 250 mil nacimientos menos por
año. La tasa de fecundidad bajó un 34% desde 2014, año en el que la gestión de
Cristina Kirchner adhirió con entusiasmo a las políticas antinatalistas
promovidas por los organismos internacionales.
Insólito es el
tono festivo del Cippec al comentar estas cifras a la agencia Télam: “Nacen un
34% menos de chicos de los que nacían hace cinco años. Es histórico, es
totalmente revolucionario”, dijo uno de sus integrantes, Rafael Rofman,
demógrafo y economista, con 20 años de trabajo en el Banco Mundial, antes de
desembarcar en el think tank local. “Antes nacían unos 750.000 niños por año y
ahora nacen 500.000″, precisó y agregó que la tasa de fecundidad argentina está
“entre las más bajas de Latinoamérica”. Todo un logro.
“En 1950 la tasa
era de 3,3 niños por mujer; entre 1950 y el 2010 bajó a 2,4, mientras que desde
2015 empezó a bajar cada vez más rápido y en 2020 estamos en 1,55″, precisó.
Vale aclarar que esa cifra es inferior a la tasa de reemplazo (2,1 hijos por
mujer) de la que depende la estabilidad de una población.
Valeria Isla,
directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, dijo a Télam: “Es una buena
noticia porque genera condiciones a nivel macro para una dinámica de desarrollo
económico distinta, los países más exitosos son los que tienen menos hijos,
porque esto permite que haya más mujeres aportando a la economía”. Una
afirmación sin sustento.
“Somos los mejores
alumnos en esta materia; nos ponen de ejemplo en la región”, dice Mónica del
Río. Es por ese motivo que en paralelo a la XV Conferencia Regional sobre la
Mujer de América Latina y el Caribe, Planned Parenthood y Amnesty organizaron
un panel para que Carla Vizzotti expusiera los logros argentinos en la materia.
Para confirmar su
preocupación por cumplir con agendas ajenas, después del nuevo papelón en
materia internacional -la fallida candidatura de Cecilia Todesca a la
presidencia del BID-, nos llevamos un premio consuelo: Argentina encabezará el
nuevo “Instituto de Género e Igualdad” del BID, el mismo organismo que en 2018
le impuso a la Argentina promover una ley nacional de obstetricia que faculte a
las parteras a colocar DIUs e implantes subdérmicos.
En eso están
nuestros obedientes legisladores.
