Por Héctor GIULIANO
(23.3.2013).
Dentro de muy pocos
días – con plazo hasta el 29.3 – el gobierno argentino tiene que efectuar una
propuesta de pago a los acreedores que no entraron en el Megacanje 2005-2010
(holdouts) ante la Corte
de Apelaciones de Nueva York.
A este tema ya nos
hemos referido en varios trabajos anteriores
por lo que el objeto de esta nueva nota no es repetir lo explicado sino
tratar de mostrar lo que realmente está en juego detrás de esta propuesta
argentina (cuyos términos todavía no se conocen pero sobre los que el gobierno
Kirchner ha dado algunos indicios concretos).
Por otra parte, dada
la proximidad de las noticias o informaciones que se tendrán al respecto, no
cabe formular pronósticos ahora sino simplemente evaluar el cuadro de situación
o marco dentro del que se presentará la propuesta de referencia.
ANTECEDENTES
INMEDIATOS.
Como se recordará, el
juez Griesa dictó el año pasado una sentencia que obliga a nuestro país a
pagarle al contado a estos holdouts el 100 % del Valor Nominal (VN) reclamado
(unos 1.300 MD entre capital e
intereses) más costas y otros gastos (lo que da un total de algo más de 1.450
MD).
El fallo fue apelado
por la Argentina
pero ratificado en su contra por la
Cámara que, sin embargo, le dio la alternativa de presentar
una propuesta de pago a los acreedores, con fecha de vencimiento 29.3.
En la práctica, esta
exigencia del tribunal mitiga o relativiza el fallo en cuestión ya que le abre
a nuestro país otra instancia de arreglo posible pese a las decisiones
judiciales en su contra.
En principio, al
gobierno Kirchner se le exige que cumpla con la cláusula “pari passu” - de
tratamiento igualitario o equitativo – aunque no hay acuerdo precisamente sobre
la interpretación de cómo se aplica dicha cláusula en este caso: mientras los
holdouts (apoyados en principio por el juez y la cámara) reclaman el citado 100
% del VN más costas, nuestro país ofrece reabrir el Megacanje 2005 en las
mismas condiciones – como ya se hizo en el 2010 – para permitirles a los
acreedores la reestructuración de sus bonos pero cambiando los términos de las
obligaciones originales (quita, tasas, plazos, etc.).
En realidad – y
dentro de su lógica de defensa - el gobierno podía haber dejado ya abierta esta
posibilidad suspendiendo nuevamente la
Ley cerrojo 26.017 y hasta abriendo una cuenta indisponible
en el banco agente de pago – que es el Bank of New York – a condición que los
acreedores que aceptasen cobrar los intereses y cupones del PBI (VLPBI)
tendrían que declinar sus reclamos aceptando los términos del canje; pero no lo
hizo. Ahora, en cambio, pareciera que una opción de este tipo va a ser el eje
de su propuesta.
De todas maneras, se
trata de una presentación formal de la propuesta de pago a la Cámara que, a su vez, se
tomará su tiempo para decidir; por lo que las novedades del caso no
necesariamente serían rápidas.
La presidenta
Cristina Kirchner ha destacado que se trata de un verdadero “caso testigo” y
esto es cierto ya que lo que ocurra en este juicio no sólo influirá
directamente en todas las otras causas abiertas en los tribunales de Nueva York
sino también – y mucho más serio – en la aplicación de la Cláusula del Acreedor más
favorecido (incorporada por la actual administración en el Megacanje del 2005),
según la cual si nuestro país concede a otros acreedores condiciones más
favorables que a los bonistas que ya entraron en el canje tiene la obligación
de hacerles extensivo esos mismos beneficios a todos los que ya lo hicieron.
Esto arrojaría una
suma no precisada – sobre la que se han tirado varias cifras - pero, prácticamente en todos los casos, el
país no tendría las divisas necesarias como para afrontarlas al contado, por lo
que amenazaría caer en un default técnico.
Los reclamos
judiciales en el exterior y, particularmente, el avance de estos juicios en
Nueva York después de varios años de cierta “tolerancia jurídica” ponen en
evidencia algunas importantes debilidades o falencias en la estrategia seguida
por el gobierno Kirchner a través del estudio norteamericano Cleary, Gottlieb,
Steen & Hamilton, que representa a nuestro país, que tendría conflicto de
intereses por su relación con algunos de los acreedores y que fue
co-responsable tanto de los términos del endeudamiento externo argentino como
específicamente de su formulación desde la época del Plan Brady 1992-1993 hasta
nuestros días.
Pero el problema
inmediato de los juicios de los holdouts se genera no sólo por cuestiones de
arrastre sino también, y muy especialmente, por los términos del Megacanje
Kirchner-Lavagna de 2005, es decir, no sólo por culpas heredadas sino por
culpas propias de la actual administración.
La primera de ellas
fue y es la voluntad y complicidad del gobierno Kirchner por no investigar el
problema de la ilegitimidad de la Deuda Pública Argentina.
Concedido ello – la
no investigación (paralela a la paralización de las causas judiciales locales
en curso que se siguen por las irregularidades y delitos vinculados a la Deuda ) – toda estrategia
legal estaba condenada de antemano al reconocer la legitimidad irrestricta de
los acreedores, que en su mayoría habían pasado a ser fondos internacionales
especulativos de inversión financiera: los “fondos buitre” de los que habla el
gobierno (los que ya entraron en los canjes 2005-2010, que son mayoría, y los
que están pleiteando contra la actual administración).
A esta declinación o
allanamiento esencial siguió el problema de haber pactado un arreglo
desfavorable para los intereses nacionales - el Megacanje de 2005 - que no
podía ser cumplido en condiciones normales y que fracasó por incapacidad de
repago argentina, lo que mantiene a nuestro país dentro de la trampa de Deuda
Perpetua que conlleva una refinanciación permanente de los vencimientos de
capital, la toma sistemática de nuevas deudas, el aumento de los totales de
endeudamiento, el incremento de la deuda intra-Estado a costa de la
descapitalización del Banco Central (BCRA), la desfinanciación del sistema
Previsional, el “desvío” de fondos de las Agencias del Estado (empezando por
los del Banco Nación), la aceptación de cupones ligados al PBI cuyos pagos de
base acumulativa crecen en forma exponencial, el pacto de capitalizaciones de
intereses que aumentaban lógicamente el principal, el pacto de indexaciones de
la deuda en pesos ajustadas por una inflación creciente (que trató de licuarse
parcialmente a través de los cambios en el Índice de Precios Minoristas del
INDEC), etc.
Pero a estas dos
falencias centrales se le sumó, como agravante, la inequidad y el negociado
facilitado a los acreedores en el plano práctico de la operación de canje.
La realidad de los
hechos explicativos del acápite anterior puede sintetizarse en un cálculo
simple y directo de los números del canje en valor absoluto, que desmienten la
existencia de una verdadera “quita” sobre la deuda en default.
a) La quita promedio sobre los bonos
elegibles no fue del 66 % sino del 44 %, de modo que por cada bono viejo de VN
100 se emitían bonos nuevos por valor de 56.
b) Pero esta reducción por quita era más
que compensada por la entrega de los cupones PBI, por valor de 48 sobre cada
100.
c) Esto significa que los acreedores que
entraron en el canje recibieron títulos de crédito contra el país de mayor
importe total que el valor nominal canjeado: 104 por cada 100 (producto de 56 +
48).
d) En este cálculo no está incluido el
adicional del importe por intereses corridos del período 2003-2005, que fueron
reconocidos con fecha retroactiva al cierre del Megacanje y que se entiende
fueron pagados en efectivo.
Esta diferencia de
más de 4 $ por cada 100 se amplifica sustancialmente en el caso de los fondos
especulativos que no aportaron dicho capital inicial sino que compraron los
títulos a nivel “bonos basura” (hasta el 20 y 15 % de su VN), a los tenedores
originales.
Un bono comprado así,
desembolsando sólo 20 US$, llegaba a ser canjeado por nuevos títulos por 104:
84 US$ de margen de ganancia, siempre medido en valor absoluto.
Estas ventajas fueron
más relevantes todavía para los bonistas que entraron en el canje con la
reapertura del 2010 porque éstos, además, percibieron los retroactivos
correspondientes, incluyendo los VLPBI sin haber estado sujetos a la
incertidumbre previa de su fecha de pago como “deuda contingente”.
PERSPECTIVAS Y
EXPECTATIVAS.
Como hemos dicho al
principio de esta nota, no es el propósito de la misma vaticinar lo que vaya a
presentar la administración Kirchner como propuesta a los holdouts cumpliendo
el requerimiento de la Corte
de Apelaciones de Nueva York, aunque es el mismo gobierno que viene anticipando
su postura en el sentido de plantear una nueva reapertura del Megacanje 2005.
El interrogante lógico
es que no se sabe lo que realmente buscan, en definitiva, los “fondos buitre”
(FB), pero si aceptaran – como hemos visto – igual saldrían con un margen
extraordinario de ganancia y con fortísimos retroactivos.
Desde un frio punto
de vista lógico a los FB les convendría aceptar y, además, ello pudiera ser
presionado, como forma de regulación o freno a su comportamiento, por parte de
los gobiernos de los países centrales – hoy vapuleados por la crisis financiera
global derivada del problema de las deudas soberanas – para forzar la
universalización de las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC), que siguen las
reglas concursales estandarizadas según las cuales la mayoría de los acreedores
impone el criterio a las minorías, evitando así las actitudes de los tenedores
díscolos y obligando entonces a una reglamentación general de criterios para
los casos de default.
Por eso el gobierno
argentino goza, en principio, de la alianza fáctica y/o apoyo de la
administración Obama, de la
Reserva Federal de Nueva York, de los bonistas que ya
entraron en los canjes 2005-2010, del Bank of New York como agente de pago y
(quizás lo más importante) de los principales bancos de inversión de Wall
Street, interesados en mantener esa plaza como lugar de colocación preferencial
y grandes negocios financieros de Deuda Soberana de todo el mundo.
Por otra parte – como
hemos explicado – los FB no saldrían perdiendo plata con su entrada ahora al
canje y se supone les sería financieramente más rentable hacerlo así antes que
continuar con sus acciones legales.
La aceptación de la
propuesta argentina de reapertura del Megacanje
- que, como también dijimos, no sería inmediata y tampoco exenta de
regateos especulativos con altibajos finales - puede devenir así el escenario de
una “teatralización” con importantes efectos financieros y políticos: la
presidenta se presentaría como “vencedora” de los FB, éstos se fingirían
“derrotados” y el establishment financiero avanzaría en el ordenamiento de las
crisis de Deuda con reestructuraciones gradualmente más normalizadas.
Las alternativas, con
sus múltiples combinaciones posibles , están abiertas. Ahora hay que esperar
las noticias y los hechos.
