Las masacres que perpetran, casi a diario, los narcotraficantes en México han dejado en un segundo plano un drama similar que se registra en Guatemala, donde se cometen entre 18 y 20 asesinatos cada 24 horas. Desde hace 36 años, Guatemala es uno de los países más violentos de América latina. Entre 1966 y 1982, vivió en virtual estado de guerra civil, con facciones militares en permanente conspiración, paramilitares y cuatro organizaciones guerrilleras castro-guevaristas.
El 23 de marzo de 1982 se iniciaron dos años de inusitada crueldad, bajo la presidencia de Efraín Ríos Montt, un general del Ejército y pastor de la Iglesia de la Palabra. En sus dos años de gobierno, se consumaron las mayores matanzas: más de 200 mil aborígenes indefensos fueron asesinados por los escuadrones de la muerte, por presunta colaboración con las guerrillas.
Según los análisis realizados por la Comisión de Esclarecimiento Histórico y por la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, la mayoría de las violaciones a los derechos humanos fue cometida por militares y las paramilitares Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Precisamente, Rigoberta Menchú recibió el Premio Nobel de la Paz de 1992 por denunciar el genocidio aborigen.
La horrenda sangría se prolongó hasta 1986, cuando Guatemala se incorporó al proceso de democratización latinoamericana. Pero, a diferencia de varios otros países de la región, una constante inestabilidad amenaza su sistema democrático y creó condiciones ideales para que el narcotráfico mejicano ingresara en territorio guatemalteco. La expansión del mercado de estupefacientes fue facilitada por la negativa de los gobiernos a reconocer su existencia.
Algo similar ocurre en nuestro país, donde, desde la presidencia de Carlos Menem, los gobernantes se hermanaron en una peligrosa negación de la penetración constante y sistemática del narcotráfico y el blanqueo de sus enormes ganancias.
Vale sólo recordar que, en el reciente fin de semana, Guatemala amaneció horrorizada por la última de las ejecuciones en masa consumadas por el cartel mejicano de Los Zetas, en el norte del territorio guatemalteco, donde fueron decapitados 27 campesinos.
A diferencia del territorio centroamericano, con vastas zonas selváticas y cadenas de montaña, el suelo argentino es una inmensa pista de aterrizaje para la fuerza aérea del narcotráfico. Mientras tanto, la Fuerza Aérea Argentina, que debería realizar la intercepción (y, eventualmente, el derribo de aviones sospechosos, si se sancionara una ley como la vigente en Brasil), se ha quedado sin los cazabombarderos Mirage, porque en todos sus aparatos está inoperable el instrumental que da a los pilotos la información básica sobre la posición y el movimiento de aeronaves.
La Voz del Interior, 23-5-11, Editorial
