El 24 de agosto pasado, la ministra de Justicia y
Derechos Humanos de Perú, Eda Adriana Rivas Franchini, anunció que se había
aprobado un proyecto de “Ley del
Negacionismo”, por la cual se perseguirá penalmente a todas aquellas
personas que públicamente y a través de los distintos medios de comunicación,
aprueben, justifiquen, nieguen o minimicen los delitos cometidos por el
terrorismo en el Perú desde finales del siglo pasado y hasta la actualidad.
La normativa dada a conocer luego de una reunión del
Consejo de Ministros con el Poder Ejecutivo, procura de esta forma “proteger a la sociedad de aquellas personas
que tienen un lenguaje de odio y que buscan atacar la estabilidad democrática
de un país”, según declaró la ministra.
Si bien se trata de un proyecto de ley, que deberá
pasar por el tamiz del Poder Legislativo, no deja de llamar la atención el
carácter novedoso de tal normativa para Sudamérica, ya que en esta parte del
continente el único terrorismo condenado hasta el momento, ha sido el denominado “terrorismo de Estado”[1].
No menos importante es
el hecho de que dicho impulso haya provenido del Poder Ejecutivo
encabezado por el presidente Humala, un hombre que llegó a la presidencia con
los votos de los partidarios de izquierda, principalmente.
El proyecto de ley del negacionismo, se propone
castigar a quienes niegen los actos terroristas ocurridos en el Perú.
Consultado el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, acerca de que si una ley
de tal calibre no podría estar en tensión con
el derecho a la libertad de expresión, el funcionario respondió: “…(La libertad de expresión) está
garantizada en el marco de los derechos de las personas. La ley del
negacionismo es una respuesta al propósito del terrorismo de negar aquello que
pasó, ese proceso de horror que ocurrió en el país, de modo que es una ley
legítima”.
La ministra de
Jusiticia explico además, que la Convención Americana de Derechos Humanos
establece límites a la libertad de expresión, cuando se atenta contra las
libertades democráticas.
Con anterioridad, el gobierno peruano ya había
aprobado otra ley que impide ejercer cargos docentes a aquellos profesores que
hubieran sido procesados o condenados por delitos de terrorismo. A dichos
educadores se les prohíbe ejercer la docencia en el ámbito público.
En estos momentos, varias organizaciones como el
Movimiento de Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), están procurando una
reconciliación que se transforme en amnistía general y que beneficie entre
otros, a los dos máximos jefes guerrilleros que se encuentran detenidos:
Abimael Guzmán (Sendero Luminoso) y Víctor Polay Campos (MRTA).
Sabemos que todo esto suena a utopía en la Argentina,
en donde la única “memoria” que existe, es solamente la del relato de la izquierda, la que se ha adueñado
de la historia y nos viene contando desde hace 30 años, que aquí en nuestro país existió solamente un sector que
fue el causante de todos los males: el sector de las FF.AA., de Seguridad y sus
colaboradores.
Los terroristas argentinos de aquellos años,
Montoneros, ERP, etc. son presentados como jóvenes idealistas que querían un
país mejor. Fin del relato. No se puede contradecir esta verdad apodíctica.
Pero permítasenos soñar, un sueño utópico quizás, y
supongamos que por algún cambio en la coyuntura política en el futuro, aquí se
sancionara una ley parecida.
Los que fueron terroristas, sus allegados y esbirros, no sólo que no podrían ocupar los cargos
públicos que vienen detentando, sobre todo a partir del kirchnerismo, sino que
además se les prohibiría hacer apología de sus crímenes.
¿Se imagina una Argentina en la que no se les
permitiera hablar “nunca más”, por haber aprobado y justificado al terrorismo,
a los Verbitsky, Bonasso, Kunkel, Taiana, Perdía, el matrimonio Firmenich, los
hermanos Vaca Narvaja, etc.?
Pensó que hasta la presidenta Cristina Kirchner podría
ser llamada a silencio en virtud de la ley, toda vez que su familia, con Néstor
primero y a la cabeza, se ha considerado “montonera”. ¿Se la imagina a Cristina
muda?...
¿Se imagina un país en donde la obra y figura del Che
Guevara no pudieran ser expuestas hasta el hartazgo, por haber sido un
terrorista?
En el Perú, se calcula que entre 1980 y el 2000 el
terrorismo dejó un saldo de 69.000 muertos y desaparecidos.
En la Argentina, entre 1969 y 1979 la cifra llega a
las 21.642 víctimas.
En Perú se busca conocer la verdad histórica, no la de
la memoria fallida.
En la Argentina, por el contrario, los terroristas de
ayer, no sólo que no han sido juzgados y condenados, como los militares; sino
que han sido generosamente indemnizados y premiados por sus actos del pasado.
Pero por qué en un país como Perú se puede llegar a dar
esta ley, y por el contrario, en la Argentina una legislación similar, sería
utópica.
Veamos algunas razones posibles:
1) En el Perú se ha privilegiado la historia por sobre
la memoria.
En la Argentina se ha procedido exactamente al revés.
2) En el país incaico el recuerdo de los atentados
terroristas está mucho más fresco que en el nuestro.
Tan sólo por nombrar uno de los últimos episodios más
emblemáticos, recordemos la toma de rehenes por parte del MRTA en la residencia
del embajador de Japón en Lima (1996-97), que está presente en la memoria de
todos los peruanos, y que tal vez por eso no les podrán cambiar la historia a
ellos. Saben contra quienes luchaban, y saben que no eran “jóvenes idealistas”,
precisamente, como se nos quiere hacer creer acá.
3) El combate al terrorismo en Perú fue realizado casi
siempre durante gobiernos democráticos, empezando por el primer período de Alan
García y luego continuado por el presidente Fujimori.
En la Argentina, por el contrario, la lucha contra el
terrorismo fue llevada a cabo tanto por gobiernos democráticos, como por el Proceso
Militar.
4) En el Perú, y más allá de los matices con los que
la opinión pública juzga el accionar del Estado contra la guerrilla; la mayoría
está de acuerdo en que había que terminar con el terrorismo. Saben que es un
peligro todavía está latente.
En Argentina, la opinión pública mayoritaria entiende
que lo que aquí sucedió fue un genocidio, sin ningún tipo de matices o de análisis
histórico de los hechos en su debido contexto.
Cuando Tomás Moro (1478-1535) escribió Utopía (1515/16), jamás pensó que
persona alguna pudiera tomar por verdadero, lo que era una novela acerca de una
isla –Utopía- que precisamente significa lugar inexistente o ningún lugar. Sin
embargo, algunos navegantes se lanzaron en la búsqueda de ese extraño
territorio, tan bien descrito por Moro.
Hoy parece casi utópico que las condiciones inhumanas
de encierro que tienen que padecer los presos políticos, miembros de las FF.AA.
y de Seguridad vayan a cambiar mientras esté el gobierno actual. Para ellos, lo
que decía Mao: “Donde hay voluntad de
condenar, las pruebas acaban apareciendo”.
Mucho menos probable aún, es que en Argentina algún
día se sancione una ley parecida a la peruana.
Pero debemos decir una verdad de Perogrullo, Perú no
es un país muy diferente a la Argentina. Sus habitantes pasaron por el mismo
flagelo terrorista que por estos lados.
Si ellos han proyectado una legislación como la
mencionada, ¿por qué nosotros no podríamos hacerlo, en algún futuro cercano?
¿Sería muy utópico?
Creemos que podría llegar a ser una realidad. El
ejemplo peruano debe servirnos de aliciente.
Diego García Montaño
diegogmont@yahoo.com.ar
[1] No estamos de acuerdo con el concepto de “Terrorismo de Estado”.
Los Estados han sido creados para poder vivir en sociedad, para procurar el bien
común. En todo caso, podrá haber gobiernos terroristas, dentro de un Estado.
