DON BOSCO

DON BOSCO
"BUENOS CRISTIANOS Y HONRADOS CIUDADANOS"

El resultado de una catástrofe política




Por Carlos Pagni

lanacion.com.ar

El 27 de enero de 2002, la ciudad de La Plata se conmovió por una inundación que la sumergió casi por completo . Los vecinos más afectados fueron los de la zona norte. Los mismos que hoy están bajo el agua.

Dos meses más tarde, esas víctimas reclamaron en una asamblea por las obras hidráulicas que les venían prometiendo desde mucho tiempo atrás. Uno de los vecinos, José Salum, que había visto en su casa cómo el agua llegaba a los 70 centímetros de altura, inició un reclamo contra la comuna en la Justicia por 160.000 pesos. Ocho años después le dieron la razón. Recibió una indemnización de 4100 pesos.

El juez Federico Arias explicó en la sentencia que las inundaciones ya eran un fenómeno habitual y que los gobiernos municipal y provincial eran responsables por el mantenimiento insuficiente de desagües, alcantarillas y arroyos.

Un año más tarde, ante la noticia de que Santa Fe había quedado bajo el agua, la prensa local publicó: "La Plata volvería a inundarse ante grandes precipitaciones".

El intendente era, por entonces, Julio Alak. El actual ministro de Justicia. El 8 de agosto de 2004, 31 meses después del desastre, el vicepresidente de la universidad local y el ex decano del Observatorio, en una ceremonia solemne, entregaron a Alak un estudio sobre la cuenca del arroyo El Gato, que incluyó "el procesamiento de la información planialtimétrica del cauce y del sistema pluvial, el análisis estadístico de las precipitaciones intensas y la modelación hidrodinámica del sistema de desagües" destinado a "prevenir futuras inundaciones en la zona norte del distrito". Es la más dañada en estos días. En aquel momento, la municipalidad se comprometió a crear un módulo de operación y monitoreo hidráulico e hidrológico y un sistema de alerta en la cuenca de El Gato, con un sistema de sensores para prevenir emergencias y actuar en tiempo real. Fue a raíz de que -se dijo- las inundaciones de enero de 2002 revelaron la necesidad de crear un sistema capaz de prevenir un fenómeno similar.

 Los bomberos buscaron ayer cuerpos en el arroyo El Gato, que Cristina Kirchner dijo que estaba intubado. Foto: LA NACION / Fabián Marelli

Tres años más tarde, el 3 de marzo de 2005, los platenses quedaron de nuevo anegados. Otra "lluvia sin precedente" arrasó con los hogares de 90.000 personas. Los más perjudicados fueron los que vivían en la cuenca de los arroyos Carnaval, Martín y, sobre todo, El Gato. Es decir, los de siempre.

Hubo que tomar una decisión. El 7 de junio Alak licitó por 4 millones de pesos la ampliación de un "conducto aliviador" que corre por debajo de la avenida 19. Y volvió a prometer "un estudio de la cuenca del arroyo El Gato, realizado por la Universidad de La Plata". Ganó el concurso la empresa Coninsa SA, que en octubre de 2005 comenzó las excavaciones.

Alak dejó la intendencia en manos de otro peronista, Pablo Bruera, el 10 de diciembre de 2007. Pero antes de hacerlo, el 28 de abril de ese año, inauguró el "conducto aliviador", aunque no estaba terminado. Un mes después, quienes vivían en las inmediaciones de la obra despotricaban por los cortes de tránsito para continuar los trabajos.

El 28 de febrero siguiente, Bruera debió enfrentar otra inundación similar a las anteriores, con los mismos afectados. El 18 de mayo dijo que "se está trabajando en la elaboración, por primera vez, de un plan director, para saber con exactitud cuáles son las obras básicas que necesita todo el distrito y evitar que nos pase lo que ya vivimos [?] Durante años la actitud fue cerrar los ojos ante los problemas hidráulicos generados por la expansión urbana y los pavimentos sin desagües". Después presentó un plan director elaborado por un comité de crisis.

El 28 de agosto de 2008, pasados seis meses de la nueva desgracia, desde los barrios castigados se organizó una marcha para reclamar las obras del Plan Maestro Hidráulico. Los inundados dijeron en una declaración que estaban "cansados de que los funcionarios miren para otro lado sin hacer las obras prometidas ".

Los vecinos del Gran La Plata siguieron padeciendo los desbordes, que a veces afectaron a otras zonas, como ocurrió con Berisso en marzo de 2010. Así se llegó, sin alteraciones, hasta la tragedia de estos días.

Esta presentación de los hechos peca por injusta. Deja la impresión de que los máximos responsables del problema son Alak y Bruera, los dos intendentes de los últimos 22 años. Y eso es falso. Las ambiciosas obras que se prometieron y jamás se realizaron fueron acordadas con la provincia de Buenos Aires. A la vez, la provincia sería financiada por la Nación. En los tres niveles hay funcionarios de la misma fuerza política.

Fideicomiso

El 29 de noviembre de 2006, el gobierno nacional creó un fideicomiso destinado, entre otros objetivos, a la "mitigación de inundaciones", que se alimenta con un impuesto sobre las naftas. La responsable de esa caja es la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que hoy está a cargo de Edgardo Bortolozzi, un experto en siniestros ambientales. El 11 de noviembre del año pasado, Fernando Bertello publicó en LA NACION que 16 millones de pesos de ese fondo fueron desviados a Tecnópolis, la muestra que exhibe la modernización de la década ganada. La Subsecretaría de Recursos Hídricos depende del secretario de Obras Públicas, José López, y del ministro de Planificación, Julio De Vido.

También tiene responsabilidades en estas crisis el Consejo Hídrico Federal, un organismo interprovincial cuya presidencia está hoy vacante. Le corresponde a la provincia de Buenos Aires, pero Daniel Scioli no designó todavía a su representante.

Ayer en La Plata la tensión pública comenzó a subir, incluso con escenas de violencia. Scioli y Alicia Kirchner pudieron palparlo cuando llegaron al centro de asistencia de la Cruz Roja. La dirigencia política ha sido desafiada como nunca en su capacidad para asistir a los que están en la emergencia.

La tentación comprensible de la población es repetir " Piove, governo ladro! ". Es la expresión con la que los italianos satirizan la inclinación a culpar a quienes gobiernan por todo lo que ocurre de malo. Pero la tragedia de La Plata merece esa exclamación de manera casi literal. No es el resultado de una catástrofe climática, sino política.

Se suma al luctuoso inventario que integran el desastre de Cromagnon, la masacre de Once, las inundaciones habituales en la ciudad de Buenos Aires, el exterminio en cámara lenta que llevan a cabo todos los días la violencia de los delincuentes y los accidentes de tránsito.

Esa colección expresa una realidad difícil de aceptar: que la Argentina ya no es la nación inclusiva, sin discriminaciones raciales, cuya ascendente clase media acotaba el conflicto social, equipada con un sistema educativo y sanitario ejemplar en la región, y dotada de todos los climas y todas las riquezas naturales. Esa descripción es un retrato en sepia. Fue sustituida por la imagen de una sociedad y, sobre todo, de una dirigencia que para abordar sus problemas necesita que haya muertos por decenas. Un país tres estrellas, en el que la vida en su dimensión más elemental, biológica, ha perdido su valor.

Se pueden identificar responsables muy precisos de esta declinación. El kirchnerismo, por ejemplo, se cebó con las dificultades de Mauricio Macri para resolver las tradicionales inundaciones porteñas, hasta que descubrió que en casa ocurría algo peor.

Las personalizaciones explican mal tanto los éxitos como los fracasos. Debajo del drama de La Plata palpitan males colectivos. Tal vez el menos perceptible es un sistema político que, desde hace tres décadas, renunció a la competencia y, por lo tanto, al debate de problemas y soluciones. Al amparo de ese vaciamiento conceptual, la vida pública queda librada a un consenso perezoso, sin dirección. Curiosa deserción del Estado en el país del estatismo.

Desde 1990 el radicalismo se desentiende, en Buenos Aires, de elaborar un proyecto de poder. Macri carece de candidatos relevantes. Y Francisco de Narváez debe desmentir que sea el sostén extrapartidario de Scioli.

Sin embargo, las muertes de La Plata interpelan al peronismo más que a ningún otro actor. Desde 1987 ese partido controla el poder en la provincia. Para conseguirlo se ha servido de una prolongada metamorfosis: cafierismo, menemismo, duhaldismo, kirchnerismo. Cambios de piel para mantener un pacto clientelar que, en su fracaso, ha comenzado a cobrarse la vida de sus clientes. Sería la hora de un balance, antes de que vuelva a sonar, inconducente, "que se vayan todos"..


Desmienten teoría de los "gases invernadero"


Estudio de NASA prueba que el CO2 enfría a la atmósfera


H. Schreuder y J. O'Sullivan

(Principa Scientifica)


Un reciente informe de la NASA pone a la agencia en conflicto con sus climatólogos después de que mediciones de la NASA prueban que el dióxido de carbono actúa como enfriador de la atmósfera de la Tierra.

El Centro Langley de Investigación de la NASA ha combinado información pro-bando que los “gases invernadero” en realidad bloquean hasta el 95% de los dañinos rayos del sol impidiendo que lleguen hasta la superficie reduciendo el impacto de calentamiento del sol. La información fue recogida mediante sondeos en la atmósfera empleando Radiometría de Emisión de Banda Ancha (o SABER, por las siglas de Sounding of he Atmosphere using Broadband Emission Radiometry). SABER monitorea las emisiones infrarrojas de la atmósfera superior de la Tierra, en particular del dióxido de carbono (CO2) y óxido nítrico (NO), dos sustancias que se piensa que están jugando un rol clave en el balance de energía del aire por encima de la superficie de nuestro planeta.

Los instrumentos de Langley en NASA muestran que la termosfera no sólo ha recibido una asombrosa cantidad de 26 millones kilowatts/hora de energía desde el sol durante una reciente explosión de energía solar, pero en la atmósfera superior las moléculas de CO2 y de NO enviaron a esa radiación directamente de regreso al espacio exterior. Esta sorprendente revelación contradice fuertemente a la proposición básica de la llamada 'teoría de los gases inver-nadero' que afirma que más CO2 significa más calentamiento para nuestro planeta. Sin embargo, esta convincente nueva información de NASA desaprueba esa noción y es un gran bochorno para el jefe de climatólogos de la NASA, EL Dr. James Hansen y su equipo en NASA/GISS. El IPCC, Panel internacional del Cambio Climático ya ha estado en retirada después de haber admitido una detención de 17 años en el calentamiento global a pesar de que los niveles atmosféricos de CO2 aumentaron un 40% en las décadas recientes. La nueva información de SABER forma ahora parte del doble golpe del mundo real en contra de los modelos computados de los climatólogos que siempre han sido programados para mostrar al CO2 como un 'gas calentador'. 

La evidencia presentada por SABER también se mofa de las declaraciones del sitio web de NASA/GISS (controlada por el subordinado de Hansen, Gavin Schmidt), que afirma: “el efecto invernadero mantiene al planeta mucho más caliente de lo que sería sin él”. [1] Como lo admite el equipo de SABER en NASA/Langley:
“Esta es una nueva frontera en la conexión sol-Tierra,” dice el investigador principal asociado Martin Mlynzak, “y la información que estamos recogiendo no tiene precedentes.”

Alan Sidons, de Principia Scientific Internacional (PSI), crítico del 'efecto invernadero', está ponderando los hallaz-gos. Siddons y sus colegas estuvieron ganando apoyo de cientos de científicos independientes por sus estudios sobre el Efecto Invernadero practicados en los últimos 7 años. PSI ha probado que las cifras alimentadas a los modelos computados de Hansen y otros estaban basados en la fallida interpretación de las leyes de la termodinámica. Psi también destapó evidencia ignorada durante muchos años de la Sociedad Americana de Meteorología (AMS) que muestra que era ampliamente sabido que el Efecto de Gases Invernadero ya había sido desacreditado antes de 1951.[2] 
A propósito, un libro muy promocionado publicado este mes por Rupert Duvall afirma poder ayudar a exponer los entretelones de la manera en que la teoría basura de los 'gases de efecto invernadero' fue resucitada de manera conveniente en los años 80s por James Hansen y otros para servir una agenda de políticas ecologistas en esos momentos. [3] 

Tal como lo declara el informe de las investigaciones de SABER [4]:
Una reciente sucesión de erupciones en el sol hizo más que encender hermosas auroras alrededor de los polos. Los investigadores a sueldo de NASA dicen que las tormentas solares del 8 al 10 de marzo descar-garon la suficiente energía en la atmósfera superior para alimentar de energía eléctrica a cada hogar en la ciudad de Nueva York durante dos años. Esta fue la mayor dosis de calor que hemos recibido de tormentas solares desde 2005,” dice Martin Mlynczak del Centro Langley de Investigaciones de la NASA. “Fue un gran evento y muestra cómo la actividad solar puede afectar directamente a nuestro planeta.”

Como lo confirmaron los propios científicos espaciales del PSI, a medida de que la energía solar penetra más profundamente en nuestra atmósfera, mayor cantidad de su energía terminará siendo enviada directamente de regreso al espacio, impidiendo así que caliente la superficie de nuestra Tierra. El informe del Centro Langley de Investigaciones en la NASA concuerda con el PSI admitiendo:
El dióxido de carbono y el óxido nítrico son termostatos naturales, explica James Russell de la Universidad Hampton, principal investigador de SABER. “Cuando la atmósfera superior (o 'termosfera') se calienta, estas moléculas tratan lo más que pueden de enviar a ese calor de regreso al espacio.

Para esos científicos e ingenieros independientes en Principia Scientific International esto no es ninguna novedad. El efecto de “termostato natural” del CO2 se ha conocido desde hace mucho por aplicados científicos e ingenieros que han aplicado sus propiedades en la fabricación de refrigeradores y sistemas de aire acondicionado. El pequeño cuerpo de científicos independiente ha demostrado de manera repetida en sus 'papers' abiertamente revisados por pares que el dióxido de carbono atmosférico no causa calentamiento global ni cambio climático. Alguno empedernidos alarmistas del clima dirán, sin embargo, que en la baja atmósfera la acción del dióxido de carbono está invertida, pero no existe prueba de nada de esto. PSI sugiere que es tiempo de que el equipo SABER conversen con James Hansen.


Referencias

[1] Schmidt, G., 'Taking the Measure of the Greenhouse Effect,' (October, 2010), http://www.giss.nasa.gov (accedido online: March 26, 2013).

[2] Brooks, C.E.P. (1951). “Geological and Historical Aspects of Climatic Change.” In Compendium of Meteorology, edited by Thomas F. Malone, pp. 1004-18 (at 1016). Boston: American Meteorological Association. Muestra que la Sociedad Americana de Meteorología (AMS) había refutado el concepto de GEI (gases efecto invernadero) en 1951 en su 'Compendium of Meteorology'. La AMS declaró que la idea de que el CO2 podía alterar al clima “nunca fue ampliamente aceptada y fue abandonada cuando se descubrió que toda la radiación de onda larga que podría ser absorbida por el CO2 es ya absorbida por el vapor de agua. 
[3] Darwall, R., 'The Age of Global Warming: A History,' (March, 2013), Quartet Books, London. 
[4] El Parte de Prensa de NASA/SABER informando del estudio


Fuente: Mitos y Fraudes

EstrucPlan, 3-4-13

Las estadísticas ocultan a casi nueve millones de pobres



POR ISMAEL BERMUDEZ

¿Las estadísticas del INDEC ocultan casi 9 millones de pobres y que hay más pobres que un año atrás? Es lo que se desprende de la última Encuesta del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). Según el estudio, a fines de 2012 la pobreza golpeaba al 26,9% de la población. Proyectado a todo el país arroja casi 11 millones de pobres.

En cambio, según los datos del INDEC de la segunda mitad de 2012, adelantados días atrás por la Presidenta Cristina Kirchner, la pobreza se redujo al 5,4% de las personas. Eso equivale a 2,2 millones de pobres.

La diferencia, en más o menos, es enorme: las cifras de la UCA quintuplican las del INDEC.

Pero hay más.

Mientras para la UCA el año pasado creció la pobreza, para el INDEC se redujo.

Con relación a 2011, para la UCA la pobreza pasó del 21,9 al 26,9%.

Son 2 millones de pobres más.

Para el INDEC disminuyó del 6,5 al 5,4% (unos 400.000 pobres menos).

Con la indigencia pasó algo parecido porque para el INDEC la indigencia golpearía al 1,5% de la población –unos 600.000 indigentes– y para la UCA es del 5,5% (2,2 millones). Y mientras para el INDEC, en un año, se redujo del 1,7 al 1,5%, para la UCA subió del 5,4 al 5,5%.

Las diferencias no son, por cierto, menores y en relación, nada más ni nada menos, que con indicadores socioeconómicos clave.

Así de estas cifras se desprenden diagnósticos más que divergentes sobre la realidad social.

Las cifras difieren no por razones metodológicas. Tanto el INDEC como la UCA calculan la indigencia y la pobreza comparando los ingresos de las personas y las familias con relación a los valores de las canastas alimentaria y total. ¿Entonces donde está el problema?

En el cálculo de los precios de los alimentos y demás bienes que componen las canastas.

Es más que sabido que desde hace 6 años los índices de precios del INDEC están cuestionados a nivel nacional e internacional porque están “manipulados” y no reflejarían los valores que pagan los consumidores.

Para el INDEC, a fines de 2012, con ingresos de $ 714 o más una familia tipo (matrimonio y 2 chicos) dejaba de ser indigente . Son los “famosos” $ 6 por día por persona para acceder a las 4 comidas.

Para la UCA, con los precios promedio de las estadísticas provinciales y centros académicos, la misma canasta de alimentos costaba más del doble: $ 1.449. En consecuencia, todas las familias que para el INDEC no eran indigentes porque ganaban más de 714 pesos, para la UCA sí lo eran si percibían ingresos inferiores a $ 1.449. Lo mismo pasa con la pobreza. Para el INDEC, una familia tipo no era pobre si disponía de 1.588 pesos mensuales. Para la UCA, bien valorizada, la canasta de pobreza ascendía a $ 3.226 por mes, más del doble.

En la vasta franja de pobres no indigentes hay jubilados y pensiones pero también un gran sector que trabaja. La última Encuesta Permanente de Hogares del INDEC de fines de 2012 admite que la mitad de las personas que trabaja – 8 millones– gana menos de $ 3.500 mensuales, en tanto hay 1.114.000 desocupados que no tienen ningún ingreso. En el conurbano y en provincias del Norte la pirámide de ingresos es más dramática ya que la mitad de la gente percibe menos de $ 2.500 por mes.

Buena parte de esa gente está al frente de su hogar o familia.

Según el informe de la UCA, “a pesar de los enormes esfuerzos en materia de gasto social, incluyendo los programas de transferencia de ingresos -20% de los hogares reciben algún programa social-, la marginalidad estructural continúa presente en nuestro sistema social y esto se refleja tanto en la existencia de un núcleo duro que permanece en la indigencia, como a través del incremento evidenciado en las tasas de hogares y de población en situación de pobreza”.

Clarín, 31-3-13

La Iglesia en Estados Unidos





 Lucha por la libertad de conciencia.

Los obispos de Estados Unidos están apoyando e invitando a respaldar el proyecto de ley HCCRA (Health Care Conscience Rights Act) que tiene como objetivo defender la libertad de conciencia en contra con las disposiciones de la administración Obama de imponer el seguro obligatorio de servicios de anticoncepción, aborto y esterilización. Como se sabe, el 3 de agosto de 2011 el Health and human Services (HHS) del gobierno federal ha promulgado disposiciones —el llamado “Mandato HHS”— para la aseguración obligatoria de los empleados en algunos servicios de salud que incluyen la intervención quirúrgica para la esterilización, la prescripción de cualquiera de los anticonceptivos presentes en el catálogo de la Food and Drug Administration, incluso fármacos que provocan el aborto durante las primeras semanas de embarazo.

El proyecto de ley HCCRA ha sido presentado por tres diputados republicanos: Diane Black, Jeff Fortenberry y John Fleming y apela a la Primera enmienda de la Constitución americana, que garantiza la libertad religiosa. El proyecto de ley intenta excluir del Mandato HH a los trabajadores que presenten una objeción por motivos religiosos, y quieran proteger a médicos, enfermeras y otros trabajadores de salud, que se nieguen a participar del aborto o la anticoncepción por motivos de su fe religiosa. Es urgente proteger a las instituciones y los individuos de la obligación de participar en abortos, han dicho los tres diputados promotores de este proyecto de ley en conferencia de prensa del 5 de marzo pasado.

En el episcopado estadounidense son dos los organismos interesados directamente en esta problemática. El primero es la Comisión para la libertad religiosa, presidido por el Arzobispo de Baltimore William Edward Lori, el segundo es la Comisión para la causa pro vida, presidida por el Arzobispo de Boston el cardenal Sean Patrick O’Malley.

Monseñor Lori, en una Nota publicada el 5 de marzo de 2013, ha definido la iniciativa de ley HCCRA como «Una medida necesaria a la luz de la limitación del derecho a la objeción de conciencia como resultado de la reforma sanitaria federal» y ha expresado «gratitud a los representantes del Congreso por su iniciativa». Ya el pasado 15 de febrero, el mismo Mons. Lori había enviado al Congreso una carta en la que se basaba en la tradicional práctica garantista respecto de las estructuras religiosas —hospitales, clínicas, universidades y centros caritativos— permitiéndoles desempeñar sus actividades en plena libertad de conciencia. De ahí han surgido las fuertes protestas como consecuencia de las nuevas disposiciones del Mandato HHS. En la carta Mons. Lori también ha subrayado que quien quiere permanecer fiel a la propia conciencia moral y religiosa está obligado a renunciar a la protección del sistema sanitario.

Por su parte, Mons. O’Malley en una carta del 11 de marzo de 2013 ha exhortado al Congreso a aprobar la propuesta de ley HCCRA de los tres diputados republicanos. Entre otras cosas ha dicho que las instituciones sanitarias católicas hacen ahorrar cifras considerables al presupuesto estatal y el respeto a las convicciones religiosas resulta también ventajoso desde el punto de vista económico.

El 7 de marzo esta iniciativa ha recibido el apoyo de importantes asociaciones religiosas: Tony Perkins, presidente del Family Research Council y Maureen Ferguson, consejero mayor de la Catholic Association, han saludado positivamente la iniciativa.

El 20 de marzo de 2013, la Conferencia episcopal ha dado a conocer un amplio comunicado, firmado por Anthony R. Picarello y  Michael F. Moses, de la Secretaría de la Conferencia episcopal, que apoya la tesis según la cual el Mandato HHS es «una violación sin precedentes a la libertad religiosa por parte del gobierno federal y debe ser cambiada».

El 21 de marzo de 2013 el Thomas More Low Center ha anunciado el envío al Tribunal de una medida cautelar contra el Mandato HHS del gobierno federal. Se estima que son 133 las demandas legales pendientes contra el gobierno federal.


Referencias


Nota de Mons. Lori del 5 de marzo de 2013

Carta de Mons. O’Malley del 11 de marzo de 2013

Carta de Mons. Lori del 15 de febrero de 2013

Declaración de la Conferencia episcopal del 20 de marzo de 2013

La posición del Thomas More Low Center

Sito de Diane Black, diputada del VI distrito de Tennessee

http://black.house.gov/

El caso de Cathy Corazon-De Carlo


Osservatorio Internazionale Cardinale Van Thuân, 2-4-13

A diez años del proyecto Genoma Humano

Ver en:

www.promoverlavida.blogspot.com.ar/2013/04/genoma.html

Efectos financieros de la deuda pública




Por Héctor GIULIANO 

(2.4.2013).


Este trabajo es el tercero y último de una tríada dedicada a profundizar el mecanismo de endeudamiento público argentino y sus consecuencias directas.

El primer artículo – “Deuda Pública y Déficit Fiscal” (18.2.2013) – tuvo por objeto explicar cómo y por qué la deuda es el principal factor determinante del déficit financiero del Estado.

El segundo – “Deuda Pública y Ajuste Fiscal” (23.2.2013) – buscó explicar cómo la administración Kirchner está aplicando un plan de ajuste encubierto para poder cubrir ese déficit producido por la deuda.

Y este tercero trata de identificar los efectos financieros de tal ajuste en curso, aplicado para poder atender los servicios de la deuda pública, y su derivación inevitable hacia un proceso de re-endeudamiento.

Se trata de uno de los capítulos más sutiles pero también más graves dentro del sistema de deuda perpetua en que está entrampado el Estado Argentino.


ENCERRONA FINANCIERA FISCAL.

El denominado Modelo K – más allá de su eslogan de “crecimiento con inclusión social” – se sostenía en base a superávits gemelos que ya no existen: fiscal y externo.

Acentuándose fuertemente el creciente desequilibrio presupuestario, el año 2012 cerró con un resultado financiero negativo de 55.600 M$[1] (la Ley de Presupuesto aprobada originalmente preveía un superávit de 1.500 M$).

El resultado de la Balanza de Pagos del año pasado tuvo un exiguo saldo positivo de algo menos de 500 MD (479), aunque las estimaciones que llevan a esta cifra son todavía provisorias.[2]

Esto significa, en la práctica, que el Estado Nacional ya no dispone de los fondos fiscales necesarios para poder comprar las divisas que utiliza para el pago de servicios de la deuda externa y, por ende, las reservas internacionales que le presta el Banco Central (BCRA) al Tesoro se adquieren emitiendo dinero, dinero que a su vez se esteriliza colocando deuda (Lebac/Nobac); siendo así que en definitiva tales divisas de las reservas se terminan comprando con deuda.

Otro tanto ocurre con los Adelantos Transitorios (AT) que el BCRA le otorga al Gobierno, que al 28.2.2013 sumaban unos 127.700 M$ (equivalentes a 25.300 MD), que también se sostienen con emisión monetaria y que no se cancelan por parte del Tesoro porque se renuevan continuamente a su vencimiento.

El Estado Nacional no tiene capacidad de repago demostrada por esta deuda contraída con el BCRA a través de Letras Intransferibles a 10 años de plazo que le entrega a cambio de las reservas prestadas para el pago de deuda externa y que, también a fin de Febrero pasado constituían títulos públicos en cartera del banco por 39.000 MD (equivalentes a 196.500 M$[3]).

Sumando entonces AT y Títulos Públicos, el gobierno le debe actualmente al BCRA unos 64.300 MD (324.200 M$).

Esta cifra es superior al stock de las reservas internacionales brutas – que al 28.2 era de 41.600 MD y hoy es de 40.600 – y tales reservas, a su vez, son inferiores a la Base Monetaria (BM), que equivale a 57.800 MD.

De acuerdo con tales cifras, el respaldo en divisas de la BM es sólo un 72 % (41.600/57.800 MD).

Por este motivo es que se han  modificado las leyes 23.928 de Convertibilidad y 24.144 de Carta Orgánica del BCRA, para despegar las reservas del respaldo de la BM; y es también por esta razón que el Banco Central ha mutado gradualmente su Política de Acumulación de Reservas en una Política fáctica de Reposición de Reservas, a los efectos de poder abastecer legalmente las necesidades de divisas del Estado para el pago de Deuda Externa; y también para poder prestarle al gobierno los fondos en pesos que necesita para cubrir sus obligaciones de deuda en moneda local (en este caso, a través de los AT).

Un problema adicional derivado de esto es el debilitamiento en la calidad de los activos del BCRA – títulos públicos en cartera sin la debida capacidad de repago – ya que el Banco le gira luego utilidades contables al Tesoro provenientes del excedente formal del Activo contra el Pasivo de la institución, que le da así un Patrimonio Neto real muy discutible.

Lo mismo pasa con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES,  que está constituido por títulos públicos en más de un 60 % y también le transfiere utilidades al Estado.

El año pasado, entre la ANSES y el BCRA le habrían girado al Tesoro unos 27.000 M$ solamente en función de este concepto de utilidades contables.

No se tienen datos exactos del Banco Nación (BNA) pero la situación es aquí igualmente delicada ya que el banco tendría hoy prestado al Sector Público casi la mitad de su cartera de créditos (sería un 45 % a Noviembre e 2012).  

Todo esto significa que frente a un ritmo de necesidades de financiamiento por aumento de deudas de más de 10.000 MD anuales – tal como se viene dando en los últimos ejercicios – y ante un perfil de vencimientos creciente de capital e intereses en los próximos años, de cupones ligados al PBI y de eventuales pagos para regularización de deudas en default (caso holdouts, demandas en el CIADI, Club de París, así como honorarios, gastos, comisiones y costas por juicios contra el Fisco) el gobierno Kirchner habría llegado a un límite en sus posibilidades de Deuda intra-Estado.  


EFECTOS FINANCIEROS DE LA DEUDA.

Ante esta encrucijada, planteada nuevamente por el problema permanente de la Deuda, las autoridades están apelando – con mayor o menor grado de improvisación – a toda una batería de medidas financieras en materia monetaria, cambiaria y bancaria.

Se trata de un conjunto de medidas bastante desordenadas pero convergentes en cuanto a un objetivo central: sostener a ultranza el pago de los servicios de la deuda pública.

a)      En el campo monetario, la acción está centrada en la emisión de dinero por el BCRA para comprar divisas que luego se prestan al gobierno nacional y en la emisión directa para darle adelantos al Tesoro; que ambas emisiones se utilizan fundamentalmente para el pago de la deuda pública.

b) En materia cambiaria, la acción del gobierno está polarizada en sostener un retraso relativo del tipo de cambio (contención del dólar como “ancla inflacionaria” y apreciación fáctica del peso por incidencia de la inflación interna), también para poder atender los servicios de la deuda externa, porque con los pesos de la recaudación fiscal se pueden comprar así más dólares al tipo de cambio oficial. Y apelando simultáneamente a un “cepo cambiario” para retener la mayor cantidad posible de divisas frente al gravísimo problema de la caída de reservas netas.[4]

c)      En materia bancaria, la acción estaría dada por la coordinación con los grandes bancos del oligopolio – presentado como oligopsonio[5] - del mercado de Lebac/Nobac y el consiguiente mantenimiento de altas tasas de interés derivadas del piso fijado por las tasas de la deuda pública.[6] Se trata del grupo de bancos locales (de capital argentino o externo) que manejan el mercado cerrado de letras del BCRA como rubro de negocio.

De estas acciones se derivan múltiples efectos directos, siendo los más relevantes y vinculados al sistema financiero de la deuda los siguientes:

a´) La moneda emitida para financiar al Estado con estos pagos de los servicios de la deuda en pesos – vía AT – aumenta la Base Monetaria (BM), que es el gran Pasivo del BCRA. Y este aumento – lo mismo que sucede en el punto siguiente (b´) -  contribuye a debilitar cada vez más todo respaldo con reservas de la BM dado que el stock de divisas se repone y no crece (por el contrario, últimamente baja).

Cualquiera sea el grado de incidencia de la emisión sobre el nivel de precios en los casos de impresión de dinero para solventar gasto público, lo concreto es que se trata de emisión sin respaldo y sin destino productivo; y que deriva de las necesidades de financiamiento de la deuda.

b´) La moneda emitida para financiar al Estado por medio de la compra de divisas mediante la impresión de dinero, para que éste pague servicios de la deuda en moneda extranjera, no sólo aumenta también la BM sino que luego se transforma en deuda del BCRA - las Lebac y Nobac – que se utiliza para esterilizar la mayor parte de tales emisiones.

En consecuencia, sostener la política de reposición de reservas para alimentar los pagos externos que realiza el gobierno también deriva en más deuda porque el Tesoro se queda con una deuda ante el Banco Central – con lo que el stock de deuda del gobierno no baja - y éste, el BCRA, toma nueva deuda vía letras y notas que usa para detraer del mercado el dinero emitido.[7]

c´) Las Lebac y Nobac – que son instrumentos de deuda cuasi-fiscal o del BCRA -  devengan una tasa de interés promedio – Badlar Bancos Privados – del 15 % anual en pesos y fijan el piso de referencia de las tasas de mercado.

El stock de estas Letras/Notas – 122.600 M$ al 28.2.2013 - equivale al 42 % de la BM (de 291.200 M$), lo que significa que del total de dinero emitido por el BCRA (la suma de ambos: unos 413.800 M$) algo menos de la mitad se encuentra “retenido” por el propio BCRA pagando intereses del 15 %.

El monto de estas letras y notas del BCRA es una de las “formas laterales” de endeudamiento público paralelo al de la Administración Central.[8]

Todo lo dicho hasta acá nos muestra cómo y hasta qué punto el mecanismo de pago de la deuda pública – externa e interna – condiciona el aparato financiero del Estado en función de la atención de sus servicios.

Y ello nos estaría diciendo a la vez que la misión del BCRA, en la práctica, ya no sería la que dice su vieja ni su nueva Carta Orgánica – preservar el valor de la moneda y/o promover la estabilidad monetaria/financiera, el empleo y el desarrollo económico, respectivamente – sino sostener el sistema de pagos de la deuda pública.   


ESQUEMA DEL RE-ENDEUDAMIENTO.

Los economistas del establishment vienen diciendo que el gobierno debiera rendirse ante el problema inflacionario que se genera por emisión monetaria para sostener el elevado gasto público (sin decir que el principal determinante de ese gasto es la deuda pública) y reducir la gran brecha cambiaria derivada de la falta de divisas recurriendo nuevamente al endeudamiento externo.

La administración Kirchner – con la presidenta a la cabeza – rebate aparentemente  este planteo diciendo que el gobierno está pagando en regla a los acreedores normalizados (deuda performing), que está batiendo récords de pagos de servicios de deuda y que va a seguir pagando deuda en dólares (moneda extranjera en general) porque tiene las divisas para hacerlo; todo lo cual hasta ahora es cierto si bien en forma cada vez más difícil.

Lo que no dice el gobierno es que para poder pagar esa deuda – que, en realidad, sólo se paga por intereses y cupones PBI ya que los vencimientos por capital se refinancian en su totalidad – se toma más deuda:

a)      La que corresponde a las reestructuraciones de bonos, pasando deuda con terceros – principalmente tenedores externos privados – a deuda interna intra-Estado, con agencias oficiales (básicamente BCRA y ANSES, y también BNA).

b)     Las deudas nuevas, que se siguen contrayendo a un ritmo superior a los 10.000 MD por año sólo por parte del Estado Central. Y

c)      Las deudas “laterales” o para-oficiales, que toman otros entes públicos y que sirven en parte para derivar el peso de la deuda del Estado Central y ocultar información sobre el verdadero monto de la Deuda Pública Nacional, que comprende además las deudas de Provincias/Municipios, Empresas del Estado, Organismos Nacionales y Fondos Fiduciarios, BCRA y juicios contra el Estado con sentencias en firme.

De hecho, por otra parte, la administración Kirchner sigue tomando fuertes préstamos con los Organismos Multilaterales de Crédito – principalmente BID y también Banco Mundial y CAF – que son una porción relevante de la Deuda Externa (unos 18.000 MD), con el agravante que estos créditos en moneda extranjera se destinan en alta proporción a financiar obras públicas que no necesitan divisas porque se abonan en pesos (carreteras, proyectos hídricos, saneamiento, desarrollo institucional) y, peor aún, que se destinan también a sufragar planes sociales que no usan moneda extranjera ni tienen capacidad de repago.

El agotamiento de las fuentes de Deuda intra-Estado y la mayor presión del perfil de vencimientos que se da con el fracaso del Megacanje Kirchner-Lavagna de 2005-2010, sin embargo, estarían llevando hoy a una serie de cambios forzosos en la verdadera política de endeudamiento del gobierno, que sigue engañando a la opinión pública hablando de un des-endeudamiento público que no existe.

Los cambios operativos en curso se están desarrollando a la luz del agravamiento de la situación fiscal – déficit del Estado – y del sector externo – exiguo o nulo superávit de Balanza de Pagos – marcados por algunos hechos irrefutables:

1.      Montos presupuestarios crecientes de vencimientos de Capital e Intereses de la Deuda Pública en los próximos años (incluyendo los cupones PBI).

2.      Empeoramiento de los problemas derivados de las deudas en default (Holdouts, Club de París, CIADI).

3.      Gran incremento de la deuda nueva del Estado Central y también de Provincias, Banco Central y Empresas Públicas (con YPF a la cabeza).   

Frente a esta situación, la deuda intra-Estado estaría operando como un “préstamo-puente” a la espera de una vuelta al mercado internacional de capitales, según la “hoja de ruta” Boudou: arreglos previos de la cuestión de los holdouts y de la deuda externa con los países del Club de París para obtener una baja en la tasa riesgo-país y volver así a colocar deuda en el exterior. 




EN CONCLUSIÓN.

La Deuda Pública – lo decimos siempre – es un condicionante total y absoluto de las finanzas del Estado y de la política económico-financiera.

Hemos visto cómo el sobre-endeudamiento público a niveles impagables provoca una distorsión en la lógica de las fuentes de financiamiento del Estado porque los ingresos por recaudación necesitan un aumento de la presión tributaria para atender sus servicios y también porque su carga lleva a un incremento de la emisión monetaria para tratar de cubrir el incremento de esos servicios.

De modo que la Deuda, que es la vía tercera y extra-ordinaria de financiación del Fisco termina provocando la paradoja de subordinar a las otras dos fuentes de financiamiento del Estado – recaudación y emisión – poniéndolas en función del sistema de la Deuda, una deuda que a su vez también sigue creciendo.

Este sistema de deuda perpetua, es decir, de obligaciones que no se extinguen sino que se refinancian continuamente y se alimentan de nuevas deudas, conlleva forzosamente un conflicto entre deuda y crecimiento económico porque los fondos que se destinan al pago de servicios se restan de los fines productivos del Estado y también del Sector Privado.

En la medida que el gobierno Kirchner se empeña en dilatar el “blanqueo” de esta situación de crisis de Deuda – que es tanto o peor que su negativa a reconocer la inflación real – y que trate de promover el consumo de la población esperando que el mismo “traccione” la actividad económica frente a un mercado de oferta limitada y concentrada que responde con permanentes aumentos del nivel de los precios, no sólo tendrá como respuesta más inflación sino también más endeudamiento.

Porque por este camino deberá seguir aumentando la presión tributaria para atender mayores pagos de servicios de deuda y tendrá que seguir manteniendo una mayor presión inflacionaria por emisión directa para el pago de deuda y que se traduce en más deuda por vía cuasi-fiscal (Lebac/Nobac del BCRA).

En épocas de alta inflación estimular el consumo y promover el gasto – como el caso del turismo (con una multiplicación de feriados que van en contra de la producción) -  mientras se mantiene un piso elevado de tasas de interés – que tienen efecto recesivo, encarecen el sistema de precios y vienen derivadas del problema de la deuda pública – es como apretar el acelerador y el freno al mismo tiempo.

El gobierno – en línea, en este punto, con los economistas del establishment y los empresarios - trata de frenar los aumentos salariales para que los mismos no provoquen la tradicional “espiral” entre salarios y precios, pero nadie habla de la “espiralización” precios-tasas de interés, que incide en el nivel de los precios a través del costo financiero de las empresas, que es peor aún que los incrementos de remuneraciones sin base en la productividad y que está determinada esencialmente por el problema de la deuda pública.

La administración Kirchner, tratando de sobrevivir entre una economía de producción/empleo y una política de pago de la deuda se encuentra así frente a un “trilema” imposible: no se puede tener a la vez baja Inflación, alto Tipo de Cambio y bajas Tasas de Interés con un sistema de Deuda que tiende a tragárselo todo, como un agujero negro en las finanzas del Estado.




NOTAS:


[1] Las siglas M$/MD significan Millones de Pesos/Dólares respectivamente y están expuestas siempre con redondeo.

[2] Resaltamos esto de “provisorias” porque el año anterior – 2011 – se informó inicialmente un superávit de Balanza de Pagos de 17 MD positivo que luego fue corregido a 331 MD negativo y ahora quedo determinado finalmente en 1.568 MD negativo.

[3] A diferencia de los AT, que son obligaciones en pesos, estas letras son en moneda extranjera, de allí su equivalencia inversa (dólares a pesos).

[4] Para determinar el verdadero nivel de las Reservas Netas – con datos al 28.2.2013 – partimos del stock de Reservas Brutas de 41.600 MD y le restamos sucesivamente tres rubros: 7.700 MD de Depósitos en Moneda Extranjera, 24.300 MD de Lebac/Nobac (que están calzadas con operaciones de dólar a futuro) y unos 4.000 MD de Otros Pasivos (que corresponderían a préstamos dados por otros bancos centrales). Esto da un saldo de Reservas Netas de sólo 5.600 MD (41.600 – 36.000 MD).

[5] Oligopolio = pocos oferentes y oligopsonio = pocos compradores o tomadores.

De hecho, en sus licitaciones semanales el BCRA siempre coloca prácticamente la totalidad de los importes ofrecidos por el grupo de bancos que opera en el mercado de letras local.

[6] La presión a la suba de las tasas de interés es inevitable en la medida que el Estado y sus agencias (empezando por el BCRA) sean los principales tomadores de préstamos en el mercado local de corto plazo para retro-alimentar el sistema de la deuda pública.

[7] Así, el Estado termina tomando deuda y pagando intereses por el dinero que, en principio, emite sin costo.

Dicho con otras palabras: que en este caso no es cierto que el costo de la emisión monetaria sea nulo o neutro desde el punto de vista financiero porque el dinero emitido se esteriliza pagando intereses ya que la emisión se transforma en deuda.

Sub-nota: UNA DIGRESIÓN ACERCA DE LA EMISIÓN DE DINERO.

Comúnmente se dice que los Estados Unidos, como primera potencia económico-financiera mundial, no tiene problema en emitir el circulante que necesita porque puede imprimir todo el dinero que desea; pero ello no es así en los hechos, ya que el país es también el más grande deudor del planeta: más de 16 Billones de Dólares (BD).

Y el mayor acreedor del Estado Norteamericano es la Reserva Federal, que actúa con funciones de Banco Central pero es una entidad privada.

[8] La idea de “deudas laterales” se refiere a las obligaciones que otros entes públicos – nacionales, provinciales y municipales, así como bancos oficiales, empresas del Estado, organismos nacionales y fondos fiduciarios – toman paralelamente a las deudas en cabeza de la Nación; y que están derivadas en gran medida de un descargo o traspaso del peso de esa deuda de la Administración Central, como es el caso del BCRA, las provincias/municipios y diversas agencias/empresas del Estado.