LA ÚLTIMA SEMANA
DEL GOBIERNO DE ALBERTO FERNÁNDEZ
NOTIVIDA, Año
XXIII, Nº 1344, 12 de diciembre de 2023
Alberto Fernández
aprovechó hasta último momento para consolidar y dejar plasmadas sus políticas
abortistas, la semana pasada el Ministerio de Salud que encabezaba Carla
Vizzotti publicó varios documentos, entre ellos:
Nota técnica Nº 10 subida a la web el 5/12/2023, sobre el Rol de la
enfermería en la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva (aborto
incluido). Días antes habían publicado una nota técnica para ampliar -con el
mismo objetivo- el Rol de las parteras. Ambas notas tienen “por objetivo
presentar las recomendaciones internacionales sobre el rol de las personas
obstétricas -o de la enfermería- en la atención de la salud sexual y
reproductiva, con foco en el acceso a IVE-ILE, y en el acceso a métodos
anticonceptivos, incluidos los métodos anticonceptivos de larga duración
(LARC)”.
Las recomendaciones
para hacer abortos medicamentosos se extienden al personal auxiliar (auxiliares
de enfermería y auxiliares de partera), no así la aspiración al vacío (AMEU),
que según las indicaciones podrían hacer parteras y enfermeras.
Nota técnica Nº 11
que hace una Interpretación de las
normas para el acceso de las personas con discapacidad al aborto, subida el
7/12/2023. La nota resalta que “el Comité sobre los Derechos de las personas
con discapacidad recomendó al Estado argentino revisar la legislación, incluyendo
la Ley 27.610 (artículo 9), su reglamentación y su Protocolo, para garantizar
que todas las mujeres con discapacidad puedan otorgar de manera autónoma su
consentimiento previo e informado” para acceder a un aborto.
“La persona podrá
ser asistida por una persona allegada de su elección, u otros mecanismos de
apoyo (por ejemplo, una consejería sobre derechos sexuales) si así lo
quisiera”. En el último párrafo se “reafirma la regla de la no judicialización
que incluye la Ley 27.610 y que aplica también para la atención de las personas
con discapacidad”.
Los documentos
mencionados fueron elaborados por el Ministerio de Salud en colaboración con el
Centro de Estudios de Sociedad y Estado (CEDES) y el Fondo de Población de
Naciones Unidas (UNFPA).
En la misma semana
se dio a conocer el Informe de gestión anual (enero a octubre 2023) de la
Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR). Allí constan, por
ejemplo, los 75.581 abortos reportados hasta octubre por las instituciones
públicas de salud del país. Destaquemos que “reportados” no es lo mismo que
“registrados”, por eso la cifra se va actualizando. En los años previos se
reportaron 73.487 (2021) y 96.664 (2022).
Simultáneamente se
difundió un catálogo con informes de implementación, gestión y monitoreo de la
DNSSR y el Plan ENIA.
El 7 de diciembre
(último día hábil de la gestión de Fernández) se publicó otro Catálogo que, a
modo de legado, recopila materiales de capacitación, notas técnicas, guías,
protocolos, fascículos, folletos y videos, elaborados por los abortistas en los
últimos años.
A última hora se
hicieron públicos incluso los videos destinados a la capacitación de los
profesionales de la salud, configurados en su momento como ocultos. Tienen
indicaciones como:
· “La ecografía no está considerada como
un estudio de rutina” antes de un aborto. Si por algún motivo fuera necesaria
sólo se compartirá la imagen y sonido con la gestante, si ella expresamente lo
solicita; si no lo pide se puede considerar tortura.
· No ofrecer la posibilidad de abortar a
una niña menor de 15 años es “violencia institucional” que puede acarrear
responsabilidad administrativa, civil y/o penal.
Es de esperar que
el gobierno que acaba de asumir revierta a la brevedad esta pesada herencia de “la
cultura de la muerte”.
